Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal le dio la bienvenida a la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Estados Unidos, el pasado viernes 22 de febrero, que desestimó una demanda de la Legislatura de Puerto Rico. El cuerpo legislativo reclamaba que la Junta excedió sus poderes en el desarrollo y certificación del Plan Fiscal y el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2019.
La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, dijo que “la Junta continúa operando bajo su mandato legal y dentro de su autoridad fiscal, a pesar de las acusaciones incorrectas con respecto a los supuestos excesos de poderes”.
“Estamos determinados a ejercer nuestra parte para ayudar a que Puerto Rico se recupere de su crisis fiscal y que pueda establecer las bases para un desarrollo económico sostenible que mejore la calidad de todos los puertorriqueños”, dijo Jaresko. “Esperamos que la decisión del Tribunal ponga final a litigaciones innecesarias y motive a todas las ramas del gobierno a enfocarse en los objetivos de PROMESA, en cuanto a responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital”.
El Primer Circuito estableció que “PROMESA autoriza a la Junta a adoptar planes y presupuestos fiscales, que incentiven a la Asamblea Legislativa a promulgar las políticas y contabilidad recomendadas por la Junta y dar cuenta de las respuestas de la Asamblea Legislativa a esas políticas recomendadas”.
La Ley PROMESA “concede a la Junta de Supervisión la autoridad exclusiva de certificar planes fiscales y presupuestos territoriales para Puerto Rico”, según la decisión del Primer Circuito. “Cuando la Junta de Supervisión certificó el Plan Fiscal y el Presupuesto para el 2019, ejerció la autoridad que le concede PROMESA”.
“Ciertamente, es difícil ver cómo, sin tales poderes, la Junta podría ser efectiva”, declaró el Tribunal.
