Barcaza en muelle Arroyo Barril. (Foto: Leandro Fabrizi Ríos | Centro de Periodismo Investigativo)
Mientras en República Dominicana se debate sobre la cantidad de personas que deben ser indemnizadas luego de respirar y tragar por años cenizas de AES que llegaron a Arroyo Barril, en Puerto Rico el gobierno presenta un reglamento que perpetúa el desecho tóxico en la isla.
Por Omar Alfonso | La Perla del Sur y Centro de Periodismo Investigativo
La muerte de Ricardo Payano tomó a todos por sorpresa.
El día antes, como de costumbre, compartió con sus amigos en el muelle Juan Pablo Duarte de Arroyo Barril, el puerto dominicano que en octubre del 2003 comenzó a recibir cargamentos que alcanzarían las 27,000 toneladas de cenizas de carbón procedentes de la empresa AES en Guayama, Puerto Rico.
Cuando lo desembarcaron, a Ricardo lo contrataron como palero. Sería uno de los obreros asignados a recoger con pala el residuo que caía de los camiones que llevaban el desecho tóxico desde las barcazas amarradas al muelle hasta un solar contiguo, entonces, repleto de palmeras de coco.
Como palero, también debía encaramarse a cada camión para nivelar y aplanar la carga hasta que pudiera ser cubierta con una lona y, en ocasiones, recogía a mano el material polvoriento que se le escapaba a la pala mecánica del muelle.
“A todos nos picaba la garganta y nos lloraban los ojos, pero Ricardo [Payano] no se quejaba”, recordó Eusebio Marte Mercedes, uno de los pocos compañeros de faena que le sobreviven. “Y cuando venía agua (lluvia) nos daba una comezón que yo no podía aguantar; pero él seguía sin parar”.
“Él era un muchacho fuerte, que se fajaba de sol a sol”, recordó su cuñado, el exalcalde de Arroyo Barril, Ángel Javier Espino. Pero todo cambió el 16 de febrero de 2017, cuando Payano cayó en su hogar con un intenso dolor abdominal.
“En horas que se llevó al médico, el hombre murió. Y cuando los médicos lo examinaron, estaba reventado por dentro”, comentó Javier Espino. “Fue una muerte dolorosa. Cuando íbamos por el camino hasta tuvimos que pararnos, porque vomitó excremento”.
El acta de defunción certifica que Ricardo Payano falleció el 17 de febrero por obstrucción intestinal e infarto del mesenterio. Su fulminante muerte, sin embargo, no es excepcional. Desde el 2007 – año en que decenas de trabajadores fueron recontratados para extraer de Arroyo Barril la misma montaña de rockash que habían levantado junto al mar – al menos 21 paleros, camioneros y hasta funcionarios de la Aduana y la Autoridad Portuaria han muerto sin que las autoridades sanitarias tengan una explicación. Todos estuvieron en contacto directo con el desecho gris.
Entre ellos figuran Alejandro Fermín, Rubén Johnson, Mario de los Santos, Olivorio Andújar, Confesor Hernández, Víctor Sosa y Julio Alcalá, obreros y empleados públicos que al fallecer tenían entre 40 y 70 años de edad, confirmó Javier Espino, quien además es el Secretario General del Sindicato Portuario local. “Y nosotros consideramos que fue por el rockash“, sentenció.
Sin protección alguna
Como explicó el camionero Luis Andrés Kery Medina, el desembarco de rockash comenzaba a la 1:00 de la tarde y a esa hora era necesario encender los focos de los camiones “porque no se veía. Aquí todo estaba lleno de esa cosa”.
“Cuando esa brisa [daba], cundía todo eso”, recordó frente al portón de entrada al Puerto Duarte. Además aseguró que cada uno de los conductores y ocupantes de los camiones de carga no tenía escapatoria. Tenían que aspirar la persistente nube de cenizas, porque no contaban con acondicionadores de aire y la cortina de polvo entraba libremente al interior de sus cabinas.
No obstante, para Javier Espino “lo más malo” ocurrió a partir del 23 de febrero de 2007, cuando AES acordó pagar en un tribunal de Estados Unidos $6 millones para que el gobierno dominicano dispusiera del material en otro lugar.
“Ahí fue que ocurrió lo peor”, puntualizó. “Ese fue el que más daño hizo, porque cuando lo sacaban se formaba un nubarrón que nadie se podía ver. Y esa gente estaba ahí, sin protección. Ni una máscara, ni un guante, porque nos habían dicho que era un material de construcción, como un cemento”.
“Nos engañaron a todos, incluyéndome a mí”, agregó.
Severino Marte Acosta coincidió con Javier Espino. Para el año 2007 laboraba para la Autoridad Portuaria Dominicana como encargado de la Sección de Depósito del muelle de Arroyo Barril y “cuando los camiones iban demasiado llenos, el rockash caía y se convertía en polvo”.
“Ese polvo después mandaban a obreros a recogerlo con palas, pero según venía la brisa hacía una nublazón y la única protección que nosotros teníamos eran las manos”, continuó tras cubrir el rostro con las suyas. “Esa era la protección que teníamos, las manos”, reiteró.
Para el operativo de remoción de cenizas los “supervisores extranjeros” vestían ropa, máscara, guantes y botas de seguridad, según narró Justo Alcalá Gerónimo, quien en el año 2003 fue reclutado como chofer y ayudante de inspectores del desembarco.
“Cuando eso ocurrió, lo hacían de una manera muy, se podría decir, discreta, puesto que ellos no querían que la población se diera cuenta que el material es totalmente tóxico”, declaró Alcalá Gerónimo.
“Cuando ellos vienen a retirar el material, vienen con indumentaria de seguridad, de protección, como si fueran para la Luna, bien vestidos con vestimenta impermeable. Y dijimos nosotros ‘pero si eso no hace daño, entonces, ¿por qué ellos vienen protegidos y nuestros hombres, nuestra gente, trabaja sin ninguna protección?’ Fue entonces (cuando) nos dimos cuenta que estamos expuestos a un material totalmente tóxico, dañino a la salud”.
No obstante, este desecho no fue retirado por completo del lugar. Como constataron el pasado año La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), capas del residuo gris aún permanecen, tanto enterradas como expuestas, en un solar agrícola colindante al lugar donde originalmente se tiró la carga.
“Acabaron con una generación”
“De ahí en adelante [2007] nuestra población comenzó a tener muchísimos, pero muchísimos problemas de salud y la gente a morirse de una manera muy, muy rápida… y los médicos desconociendo qué les está ocasionando la muerte”, agregó Alcalá Gerónimo; una preocupación que fue confirmada por los doctores Emiliano Calcaño García y Eduardo Ortiz Mejías, médicos adscritos al Hospital Leopoldo Pou, la clínica regional de la Provincia de Samaná.
Al doctor Calcaño García incluso le sorprendió la cantidad de abortos y embarazos que concluían bruscamente debido a malformaciones fetales. “Lo que estaba sucediendo no sucedía antes”, resumió.
“Me sorprendió porque yo no conocía de esos niños que nacían con intestino expuesto. Hasta en [el municipio] Sánchez han aparecido de esos casos y Sánchez está a 34 kilómetros de aquí”, añadió el más veterano de los ginecólogos del Leopoldo Pou.
“¿Y qué explicaciones daban a las madres? ¿Qué les decían?”, se le preguntó.
“Que había un fenómeno muy extraño, pero había que investigarlo. Aún tiene que investigarse, porque no se han hecho estudios al respecto”, respondió.
Su observación fue ratificada por la doctora Rosa Domingo Maleno, directora del Ministerio de Salud en la Provincia de Samaná, quien reconoció que a más de una década del atípico repunte de abortos en Arroyo Barril, ninguna autoridad competente ha realizado un estudio epidemiológico o de contaminación de suelo para determinar si la recurrencia de abortos espontáneos y malformaciones en este municipio está o no vinculada a las casi 30 mil toneladas de rockash que fueron abandonadas allí durante cuatro años, a la intemperie, junto al mar, muy cerca de quebradas, huertos caseros y cientos de viviendas.
“Directamente no hemos hecho estudio en sí, pero hay sospecha de que fue por ese material”, declaró la funcionaria.
Aun así, estadísticas vitales recopiladas por su oficina y obtenidas por La Perla del Sur y el CPI revelan que de los 1,290 embarazos registrados durante el año 2005 en la Provincia de Samaná, 415 terminaron en abortos espontáneos (32.1%). “Las tasas tienden a fluctuar entre el 15 a 20 por ciento, por lo que si para ese año en esa región fue 32.1% es muy alta”, afirmó el demógrafo Raúl Figueroa Rodríguez.
Estas cifras, junto a los informes del 2006 y 2007, comprueban que en solo tres años el Ministerio de Salud registró 996 abortos en esa región. “Y siempre los que se presentaban conjuntamente con las malformaciones eran prácticamente de Arroyo Barril y La Pascuala”, una comunidad contigua de Samaná, explicó Domingo Maleno. En ambas localidades, vivían para entonces poco más de 10 mil personas.
“Con esos números, lo que queda demostrado es que aquí acabaron con una generación”, sentenció Eugenio Andújar Maldonado, activista ambiental y presidente de la Junta de Vecinos de Arroyo Barril.
“Si hubiéramos sabido antes, ni por todos los millones del mundo hubiéramos permitido que esa barcaza ancle en ese puerto. ¿Por qué? Porque eso fue jugar con la salud, con la vida de todo el distrito municipal de Arroyo Barril”, añadió.
A pesar de reiteradas solicitudes, la funcionaria Domingo Maleno no proveyó estadísticas previas al año 2005, ni posteriores al 2011, para comparación de datos. Una solicitud hecha al Ministerio de Salud de República Dominicana tampoco fue respondida.
Más niños deformes
A 15 años de que en el corazón de esta comunidad costera se volcara la primera avalancha de cenizas de AES Puerto Rico, pocas cosas han cambiado. Entre ellas, lo que más le angustia al doctor Ortiz Mejías: las secuelas en la salud.
“Todavía siguen saliendo criaturas con malformaciones”, resumió.
A juicio del galeno, la incidencia de abortos espontáneos y defectos congénitos en recién nacidos de Arroyo Barril es menor a la tasa prevalente una década atrás, “pero yo sigo ahí, en el hospital provincial, y sigo recibiendo los mismos casos. Cosas que creía que solamente se veían en libros de texto, pero en Arroyo Barril han ocurrido”.
Entre otros ejemplos, mencionó la recurrencia de criaturas sin parte del encéfalo y cráneo, con órganos reproductivos de ambos sexos, sin extremidades, con intestino expuesto o hasta doble cráneo.
“Desde que se tiró ese material hemos visto una transformación, una alteración de la naturaleza que no sabemos qué es lo que está pasando”, recalcó Ortiz Mejías, al intentar dar con una explicación razonable a las anomalías. Tras un extenso diálogo a la puerta de su hogar en Arroyo Barril, apuntó a lo que llamó “un enemigo silente”.
“El factor ambiental es el que está impactando día a día y nos seguirá impactando”, dictaminó. Esta opinión tiene fundamentos, a juicio del catedrático puertorriqueño Arturo Massol Deyá, doctor en Biología con especialidad en Ecología Microbiana.
“Con remover las cenizas que estén expuestas en Arroyo Barril o en Puerto Rico no se resuelve el problema en su totalidad, porque todos sus elementos químicos, todos esos metales pesados, se quedan en el lugar. Nunca van a desaparecer”, planteó.
“Por ejemplo, los metales presentes en las cenizas muy bien pudieron movilizarse del suelo a la vegetación. Y si en el lugar hay palmeras y de allí utilizan cocos, esa vegetación tiende a biomagnificar, un proceso biológico que amplifica la concentración de estos metales que se encuentran en el suelo…”.
“Y ahí es que está el riesgo”, continuó. “Lo hemos visto en Vieques y otros escenarios como las islas Bikini en el Océano Pacífico, donde ensayaron con bombas atómicas. Ni en el agua, ni en el suelo se detecta radiación, pero en las palmeras todavía hay niveles de radiación por encima de lo que se considera seguro, por ese efecto de biomagnificación y, por lo tanto, representan un riesgo que no permite que algunas de esas islas puedan ser habitadas, a más de 50 años de esos ejercicios militares”.
Por antecedentes como estos, Massol Deyá no descartó que los residentes de Samaná convivan aún en un entorno potencialmente contaminado, “con elementos que no se ven, no generan olores y no le cambian el color a las comidas, pero cuya exposición a ellos puede comprometer su salud severamente”.
“Con el perfil de abortos y las condiciones de salud que sufren [en Arroyo Barril] ya existe causa probable. Existen suficientes antecedentes como para que esa evaluación ambiental y esos asuntos se atiendan”, agregó el profesor universitario. Asimismo, aclaró que ese estudio ambiental puede identificar con certeza científica si persisten en la zona fuentes de exposición a los contaminantes del rockash y prevenir a la comunidad.
A la corporación AES ya le constan estos efectos. En una de las demandas radicadas contra la empresa por los efectos del rockash en mujeres embarazadas de Arroyo Barril, la jueza federal Jan Jurden aceptó como prueba el testimonio de la doctora Cynthia Bearer, quien planteó que con “grado razonable de probabilidad médica” las cenizas de carbón causan defectos estructurales de nacimiento y daño neurotóxico en el desarrollo fetal.
Bearer es jefa de la División de Neonatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Baltimore y por más de 25 años ha estudiado los efectos de la neurotoxicidad de metales pesados en los embarazos.
Una desgracia sobre otra
AES Puerto Rico y su empresa matriz, AES Corporation, no están obligadas a pagar un centavo adicional a los $6 millones desembolsados al Gobierno de la República Dominicana por los daños que su residuo tóxico provocó al ecosistema y a la población de Samaná.
Luego de que en el año 2006 el gobierno de ese país reclamó en la Corte de Distrito de Virginia $80 millones por los delitos ambientales que la empresa estadounidense propició en los municipios de Arroyo Barril y Manzanillo, AES aceptó pagar $6 millones a cambio de que le retiraran todos los cargos imputados – incluyendo el pago de $2 millones en sobornos a funcionarios – y que el gobierno dominicano se hiciera responsable de “demandas o reclamos iniciados por cualquier persona o entidad contra AES, relacionado al material (cenizas de carbón)”.
De igual modo, el Acuerdo Transaccional contraído el 23 de febrero de 2007 obliga a los ciudadanos dominicanos a reembolsar todos los gastos que AES incurra para su defensa legal en esos litigios.
“Con esta cláusula, todas las demandas futuras que se hagan por esta situación las va a pagar la República Dominicana, y los abogados los pondrá AES y la República Dominicana les pagará a 200 y 500 dólares por hora”, denunció Euren Cuevas Medina, presidente del Instituto de Abogados para la Protección del Medioambiente en República Dominicana.
Esto ya ocurrió. A nueve años de estipulado ese arreglo – el 4 de abril de 2016 – AES Corporation acordó en otra demanda que se indemnizara a 46 residentes de Arroyo Barril y la Provincia de Samaná con $37.8 millones, cantidad que “pagó el pueblo dominicano de los impuestos”, afirmó Cuevas Medina. Ese mismo año, AES registró $13.6 mil millones en ingresos, indica su informe anual de 2016.
Según fuentes y documentos de la Corte Superior de Delaware, la compensación emitida por esta demanda se distribuyó entre abogados de defensa, madres que sufrieron abortos, o que parieron hijos con malformaciones, y el padre de uno de los infantes.
“Yo creo que es el peor arreglo que ha hecho la República Dominicana y creo que hay que buscar a las personas que lo hicieron”, añadió Cuevas Medina. “Hasta ahora es un asunto que hay que tipificar como un abuso de poder y un abuso de los recursos del Estado Dominicano. Y, si se quiere, como corrupción”.
El Acuerdo Transaccional del 2007 fue suscrito por Maximiliano Rabelais Puig Miller, entonces Secretario de Estado de Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. Al presente, el sociólogo y político es presidente del partido Alianza por la Democracia, colectividad por la que fue candidato a la presidencia del país en los comicios generales del 2012.
Por parte de AES, firmaron los ejecutivos Allan Dyer, expresidente de AES Puerto Rico; Daniel Rothaupt de AES Corporation y Jodi Frost de AES Aggregate Services.
La controversia por estos hechos, sin embargo, no terminó aquí. El 24 de febrero del año pasado, 232 vecinos de Arroyo Barril radicaron otra querella ante el Distrito Judicial de Samaná, donde reclaman una indemnización por $80 millones. Esta vez, no a AES, sino al abogado que presuntamente los representaría en el pleito que se transó en Delaware y solo compensó a 46 personas: Robert Vance.
“Nosotros hemos iniciado un proceso judicial por abuso de confianza y estafa contra el señor Robert Vance”, dijo el abogado de este pleito de clase, Pedro Catrain Bonilla.
Según alegó, Vance suscribió un contrato de representación legal con los 232 demandantes, pero no ofreció la debida defensa a sus clientes. Tampoco les ofreció actualizaciones del proceso judicial, ni notificó que fueron excluídos de la indemnización por $37.8 millones. “Nosotros tenemos la lista hecha por él mismo, los contratos los hemos depositado y prueba testimonial de su asistente de que sí él contrató a 232 personas”, aseguró. Vance no estuvo disponible para responder preguntas.
“Es un fraude sobre fraude, porque el primer fraude lo hizo la empresa AES al traer un desecho tóxico diciendo que no había, ni iban a producir, ningún tipo de daño, y hemos sabido la cantidad de daños que produjo a la comunidad de Arroyo Barril”.
Al cierre de este reportaje, el ministerio público de Samaná aún no había determinado si a raíz de la querella presentaría una acusación formal para inicio de juicio. No obstante, Catrain Bonilla dijo confiar en que esto ocurrirá en diciembre y que el proceso inicie en enero de 2019.
Cóctel tóxico
Las cenizas de carbón producidas por AES Puerto Rico contienen metales pesados como arsénico y cadmio, en proporción “muy por encima de los niveles establecidos por los estándares internacionales”, sentenció en el 2004 un informe de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Asimismo, concentran elementos potencialmente cancerígenos como plomo, mercurio y cromo hexavalente, certificó en el año 2012 un estudio comisionado por la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA).
En el año 2015, el Centro Nacional de Información Biotecnológica identificó al cromo hexavalente como carcinógeno estomacal en humanos y el Programa Nacional de Toxicología del Departamento de Salud federal reportó en el 2009 que este elemento favorece el crecimiento de tumores y úlceras en los intestinos.
Por otro lado, los laboratorios estadounidenses Test America Savannah certificaron en el 2010 que las cenizas que AES genera anualmente en su central eléctrica de Guayama – y que han sido desparramadas en al menos 13 municipios de Puerto Rico – emiten radiación alfa y beta.
Tanto la EPA como el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos reconocen que cuando partículas radioactivas son inhaladas, aumenta significativamente el riesgo de contraer cáncer.
