Por redacción de Sin Comillas
Un grupo de legisladores, líderes distritales y aspirantes del Partido Popular Democrático (PPD) radicaron una resolución ante la Asamblea General de Delegados de la colectividad para combatir, no solo en los tribunales, sino también cabildear ante el Congreso de los Estados Unidos la eliminación de la Junta de Control Fiscal.
“Al día de hoy existen populares que defienden a la Junta de Control Fiscal, y aunque respetamos sus argumentos, ciertamente queremos comunicar formalmente ante la Asamblea del PPD que vamos a combatirla con todas nuestras fuerzas”, subrayó el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montanez, al tiempo que anunció que el lunes estará en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.
“La intención de la medida es denunciar ante el Congreso de los Estados Unidos de América y ante el Mundo, el menoscabo que ha supuesto las actuaciones de la Junta de Supervisión Fiscal a los derechos democráticos de los puertorriqueños y la violación de las disposiciones de la Ley 600 y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, manifestó Hernández Montañez.
“Tenemos que repudiar enérgicamente las políticas públicas impulsadas y promovidas por la Junta de Supervisión Fiscal las cuales van dirigidas a que las clases más desventajadas y la clase trabajadora asuman la carga de la crisis fiscal”, sentenció.
“Las acciones y facultades de la Junta de Supervisión Fiscal atentan y vulneran el principio de “gobierno por consentimiento” al permitir que un ente, no electo por los puertorriqueños, imponga directrices a los funcionarios electos sobre cómo regir su política pública y los servicios que éste le ofrece a sus ciudadanos”, sostuvo.
“Nuestra intención es cabildear en la Cámara de Representantes Federal enmiendas a la Ley Federal 114-187 (PROMESA), a fin de promover la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal y otorgarle los poderes para representarse en los tribunales, así como para negociar directamente con los acreedores que dispone dicha ley, a quien legítimamente fue electo por la voluntad soberana del pueblo: el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, indicó.
