Por redacción de Sin Comillas

La Cámara aprobó el proyecto de administración que enmienda la “Ley del Fondo de Interés Apremiante”, y que permitirá la reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante (COFINA), bajo el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

El Proyecto de la Cámara 1837, presentado por el presidente del Cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y la delegación de la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista, autoriza a COFINA a emitir bonos como parte de la reestructuración y establece los términos de los mismos, los poderes y facultades de COFINA, y la composición y los poderes de su Junta de Directores. También, establece la titularidad de COFINA sobre una porción de los recaudos sobre el impuesto sobre ventas y uso (IVU) y dispone para la transferencia y uso de dichos recaudos.

Además, el proyecto crea un gravamen estatutario en beneficio de los tenedores de bonos de COFINA y establece ciertos acuerdos a nombre del Gobierno de Puerto Rico para beneficio de los tenedores y permite la venta de ciertos bonos de COFINA que tiene la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura con la aprobación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. Finalmente, establece que esta ley será efectiva en la fecha de la consumación del plan de ajuste de deuda de COFINA bajo el referido Título III de PROMESA.

Organizaciones ciudadanas denunciaron que se haya aprobado el proyecto sin vistas públicas. “El proyecto de la Cámara 1837 para enmendar la Ley del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) coronaría un acuerdo que le otorga a los bonistas seniors de COFINA un 194% de ganancias”, dijeron representantes del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y las organizaciones Vamos y Dignidad. Las organizaciones entregaron en el Capitolio una petición ciudadana a la Asamblea endosada por más de 5,000 firmas logradas en menos de 72 horas.

“La Legislatura no puede depositar la confianza en un acuerdo que se ha dado a espaldas de sus constituyentes. Hacerlo sería incumplir su deber con sus constituyentes, endeudándolos a niveles inconstitucionales y condenándolos al hundimiento social porque, para cumplir con los bonistas, este acuerdo destrozará el presente y el futuro de la gente con menos servicios, más recortes y una carga de IVU de 40 años”, declaró Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, antes de conocerse la aprobación de la medida.

Las organizaciones han advertido que el acuerdo privilegia a los acreedores más poderosos, en su mayoría fondos buitres, por encima de los bonistas del patio, comprometiendo al pueblo a pagarles hasta 93 centavos del dólar del valor original de los bonos categoría “senior”, a pesar de que la mayoría los compró cuando su valor en el mercado era de 10 ó 15 centavos del dólar. Consideran que la aprobación de la medida convertirá a los acreedores de COFINA en dueños de los recaudos del Impuesto de Venta y Uso (IVU) por más de 40 años.

“Es inconcebible que una medida que comprometerá la suerte de futuras generaciones y nos expondrá a otro impago, pase sin ninguna consideración, como un asunto de menor importancia”, comentó, por su parte, Justo Méndez, representante de la organización Dignidad. El grupo ciudadano enfrentó dificultades para entrar al Capitolio.