Luis José torres, profesor de derecho, y el abogado Amexis Bonilla. (Foto suministrada)
Por redacción de Sin Comillas
La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, una entidad no gubernamental y sin fines de lucro que tiene como misión realizar una auditoría ciudadana e integral de la deuda para beneficio del pueblo de Puerto Rico, presentó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una petición de mandamus para que se ordene al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA) la entrega de información pública sobre la gestión financiera del país.
Según el presidente de la Comisión Ciudadana, Roberto Pagán Rodríguez, el pasado mes de marzo le solicitaron por escrito a los tres organismos, información que se considera pública y que estiman arrojarían luz sobre el endeudamiento crónico del país que le ha llevado a la quiebra. La información solicitada, y no entregada, es la siguiente:
- Las opiniones legales y comentarios de la División Legal del BGF y/o de asesores legales externos sobre las primeras dos emisiones de COFINA, antes y después de emitidas.
- Todos los memorandos, cartas, comunicaciones y documentos, impresos o electrónicos, elaborados por las firmas de abogados Hawkins, Delafield & Wood, LLP, Nixon Peabody LLP, GreenbergTraurig, Sidley Austin LLP, Pietrantoni Méndez & Álvarez LLP, O’Neill & Borges LLC, y Fiddler González & Rodríguez P.S.C., en los que se evalúe y discuta el cumplimiento de las emisiones de bono de COFINA con la Constitución de Puerto Rico.
- Cualquier otro memorando, carta, documento o comunicación, impresa o electrónica, elaborado por abogados/as del BGF o de asesores legales externos en el que se evalúe y discuta el cumplimiento de las emisiones de bono de COFINA con la Constitución de Puerto Rico.
- Cualquier memorando, carta, documento o comunicación, impresa o electrónica, elaborado por abogados/as del BGF o de asesores legales externos en el que se evalúe y discuta la legalidad de las emisiones de bono de los sistemas de retiro en el Gobierno de Puerto Rico.
- Copia de los correos electrónicos intercambiados entre la gerencia del BGF y Lehman Brothers y demás Managing Underwriters sobre las primeras dos emisiones de COFINA y el Sistema de Retiro.
- Copia de los materiales de promoción y mercadeo (“roadshow materials”) para las primeras dos emisiones de COFINA y los sistemas de retiro.
Tanto el BGF como COFINA no respondieron a la solicitud. La AAFAF, por su parte, proveyó información general de las emisiones de COFINA, indicando que esos eran los únicos documentos que estaban en su poder, y que los demás obraban en posesión de COFINA o el BGF. Esto, pese que, ante la Junta de Control Fiscal y el tribunal federal, ha actuado como representante del BGF y ha sometido miles de documentos de dicha entidad en el proceso de quiebra e investigadores contratados por la Junta.
“Mientras AAFAF, el BGF y COFINA se mueven con la Junta de Control Fiscal (JCF) hacia la negociación de acuerdos con los bonistas que hipotecarán nuestro futuro y nos condenarán a más décadas de políticas de austeridad y de desmantelamiento del aparato público, le pretenden cerrar las puertas a la ciudadanía para investigar si partes o la totalidad de la deuda son ilegítimas. El interés del pueblo en acceder a esta información tiene que prevalecer sobre cualquier reclamo de limitación al acceso de esta información”, expresó el licenciado Luis José Torres Asencio, profesor de Derecho Constitucional e integrante de la Comisión.
“La demanda, radicada por Améxis Bonilla Nieves, en representación de la Comisión Ciudadana, se presenta el día en que la firma Kobre & Kim, contratada por la JCF para publicar un informe sobre las causas de la deuda, se presta a someter su informe, a espaldas de la ciudadanía, en el procedimiento judicial bajo el Título III de PROMESA. Por el contrario, la Comisión Ciudadana interesa obtener toda la información necesaria para realizar una auditoría ciudadana y amplia de la deuda pública, que no solo sirva de instrumento para evaluar su legalidad, sino que también comunique al pueblo todas las razones para su acumulación por más de cuatro décadas, promueva la rendición de cuentas a aquellos/as funcionarios/as responsables por la misma y evite que esto vuelva a ocurrir”, añadió Torres.
“La petición que presentamos hoy es un paso más hacia nuestro fin de realizar una auditoría ciudadana integral y transparente de la deuda pública. Cuando el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, firmó la Ley que eliminó el proceso de auditoría creada mediante la Ley 97-2015, expresó que proveería toda la información necesaria a cualquier entidad ciudadana que interesara realizar la auditoría. Aunque la administración no ha cumplido su palabra y nos ha obligado a acudir al tribunal para obtener toda esta información, nos reafirmamos en nuestro objetivo de contar las historias de la deuda pública, examinar su legalidad y exigir rendición de cuentas a sus responsables, sean estos federales, nacionales, o del sector financiero”, añadió Pagán Rodríguez frente al edificio del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
