El gobernador Ricardo Rosselló se encuentra en Colombia para la toma de posesión de Iván Duque.

Gobernador analiza la posibilidad de apelar la decisión judicial, que favorece a la Junta de Control Fiscal, y amenaza con la desobediencia

Por redacción de Sin Comillas

“Hoy el Tribunal federal interpretó la Ley Federal PROMESA y reconoció la autoridad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de imponer un presupuesto y un Plan Fiscal sobre lo aprobado por los representantes electos del Pueblo puertorriqueño. Esta acción demuestra, una vez más, las limitaciones de nuestro estatus colonial. Puerto Rico necesita terminar con esta relación indigna que permite al Congreso discriminarnos y tomar acciones sobre nosotros sin nuestro consentimiento ni participación”.

Estas fueron las declaraciones del gobernador Ricardo Rosselló al conocer la decisión del Tribunal federal que desestima la demanda presentada por el Gobierno el 5 de julio. El Gobierno buscaba detener la implantación del Plan Fiscal certificado y el presupuesto y determinara que le corresponde al gobierno establecer la política pública y administrativa y que la Junta se había extralimitado en sus poderes. Pero no ha sido así.

“PROMESA es un acuerdo incómodo para compartir el poder”, dijo la juez Laura Taylor Swain, que está a cargo de los asuntos de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, Swain añadió que el poder otorgado a la Junta por la sección 205 (b) (1) (K) de PROMESA le permite tomar decisiones de política pública.

Esto no significa que el gobernador no pueda oponerse a las disposiciones de los planes fiscales aprobados por el Junta tenga opciones, explica Swain, y reconoce que el gobierno podría incluso obstruir la implantación de las medidas de la Junta.

“La decisión del Tribunal federal sujeta el pago del Bono de Navidad de nuestros empleados públicos a que reduzcamos gastos de nómina con acciones como el despido de empleados públicos, medidas con las que estamos en desacuerdo rotundo y no ejecutaremos. Dado a esta posibilidad judicial, propusimos un acuerdo con la JSF para evitar afectar a los más vulnerables como lo son nuestros empleados públicos y otros ciudadanos que se afectarán con las reducciones presupuestarias de la Universidad de Puerto Rico, de los municipios y de los fondos que necesitamos para nuestro desarrollo económico”.

“Analizaremos con nuestros asesores la posibilidad de apelar esta determinación y seguiremos buscando alternativas para evitar los males que alertamos y advertimos”, señaló el gobernador.

Por su parte, la Junta de Control Fiscal dijo que la decisión confirma su autoridad bajo la ley federal PROMESA de aprobar y hacer cumplir los Planes Fiscales y los Presupuestos del Gobierno, e instó al Gobierno a implantar los Planes Fiscales y Presupuestos certificados. La Junta también da la bienvenida a la decisión del Tribunal acogiendo su moción de desestimación a la demanda incoada por la Legislatura.

“Los Planes Fiscales certificados son la ruta hacia un mejor futuro”, dijo José Carrión, presidente de la Junta. “No debe haber duda de que el presupuesto del Año Fiscal 2019 certificado por la Junta de Supervisión es el único y debe cumplirse con el mismo. Hacemos un llamado a que todas las partes trabajemos nuevamente por el bien de Puerto Rico, de manera que se le ponga fin a décadas de mala administración y se le de paso a la reconstrucción de nuestra Isla”.

“Ahora nuestro trabajo tiene que estar enfocado en implantar reformas necesarias, resolver la aplastante crisis fiscal y transformar la economía de la Isla”, dijo Carrión. “En los próximos días y semanas, la Junta espera que el Gobierno demuestre progreso sustancial en cuanto a la implantación de reformas para mejorar la eficiencia y transparencia del sector público, y en lograr que la economía de Puerto Rico sea más atractiva para negocios e inversionistas. A la vez, continuaremos adelantando Planes de Ajuste con los acreedores para lograr restructuraciones de la deuda y el regreso a los mercados de capital”.

La Junta citó cuatro áreas en las cuales espera progreso: 1) Implantación de Reformas contenidas en los Planes Fiscales; 2) Implantación del Presupuesto para el Año Fiscal 2019; 3) Transparencia Financiera del Sector Público; y 4) Planes de Ajuste para Restructuración de Deuda con Acreedores.

Implantación de Reformas en Planes Fiscales: El 29 de junio, la Junta recertificó los planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico y ciertas instrumentalidades, y un nuevo proceso de revisión ha comenzado. La implantación de reformas estructurales y medidas fiscales para el Gobierno—tales como la adecuación del tamaño del gobierno, reformas para mejorar la facilidad de hacer negocios, inversiones en capital humano, políticas de transición de asistencia social al trabajo (welfare-to-work) y un programa de Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (EITC) para aumentar la participación en la fuerza laboral—apenas ha comenzado. El nuevo equipo operacional y gerencial en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiene que estar comprometido con lograr la importante transformación del sector de energía plasmada en el Plan Fiscal de la AEE para proveerle un sistema de electricidad confiable y asequible al pueblo de Puerto Rico. La Junta de Supervisión urge al Gobierno y todas las corporaciones públicas a que aceleren su trabajo y logren progreso significativo en la implantación de los Planes Fiscales. La Junta trabajará en el monitoreo de desarrollos claves y ajustará los planes según sea necesario.

Implantación del Presupuesto para el Año Fiscal 2019: El 30 de junio, la Junta aprobó presupuestos revisados para el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades cubiertas para el año fiscal 2019. Estos presupuestos son consistentes con los objetivos y metas que comprenden los Planes Fiscales Certificados . La Junta insta al Gobierno y a la Legislatura a implantar estos presupuestos aprobados y a trabajar para lograr las metas de ingresos y gastos, incluyendo la disposición sobre proyecciones de presupuesto trimestrales que se incluye en el Plan Fiscal del Gobierno, que busca hacer del sector público uno más eficiente y efectivo.

Transparencia Financiera del Sector Público: El Nuevo Plan Fiscal requiere que el Gobierno produzca un número de informes públicos sobre las finanzas de Puerto Rico. La transparencia es clave para fortalecer la confianza de los constituyentes, proveer información a la sociedad civil, responsabilizar al sector público y lograr los objetivos de PROMESA. Aun cuando el Gobierno ha demostrado progreso en sus informes financieros, debe también cumplir con todas las fechas límites para someter informes según establecido en el Plan Fiscal.

Planes de Ajuste para la Restructuración de la Deuda: La Junta continuará trabajando para lograr restructuraciones de la deuda que provean una resolución a la crisis de endeudamiento de Puerto Rico. Su intención es lograr acuerdos consensuales, según sea posible, mediante negociaciones y el proceso de mediación que está bajo la supervisión de jueces federales. El objetivo final es lograr la aprobación de Planes de Ajuste durante los próximos 12 a 18 meses.

La Junta declaró que continuará revisando la decisión del Tribunal y emitirá comentarios adicionales si fuera necesario.