Por Luisa García Pelatti
La Junta de Control Fiscal está perdida, asegura Rolando Emmanuelli Jiménez, abogado experto en quiebras y co-autor de un libro sobre la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
“Si (el tribunal) no confirma el plan, el caso se puede desestimar”, advierte. Pero incluso si la jueza Laura Taylor Swain, asignada por el Tribunal Federal para atender los asuntos de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III, confirma el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, éste podría ser desestimado por incumplimiento. La ley PROMESA es un mecanismo para que Puerto Rico llegue a un acuerdo con los acreedores, logre transparencia financiera y estabilidad fiscal y recupere el acceso a los mercados de capital. Nada de eso parece que se vaya a cumplir.
En un conversatorio organizado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Emmanuelli Jiménez calificó como “leonino” el principio de acuerdo sobre el uso de los fondos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA). “Los acreedores de GOs y COFINA se han puesto de acuerdo para protegerse, pero cualquier acreedor puede impugnar el acuerdo”, opina. “Todo el proceso está en peligro”.
Advierte que el Plan no contiene de crecimiento económico y que “si no nos organizamos y no resistimos vamos a la miseria y nos vamos a comer las raíces”. “Hay que replantearse acabar con la ley y la Junta y crear un nuevo país”.
¿Y si PROMESA va a colapsar, cuál es la alternativa? Emmanuelli Jiménez propone una reestructuración de la deuda sin la Junta. “El miedo principal que meten es que los acreedores van a embargar al otro día”, pero explica que un proceso de litigio para cobro de los bonos puede tardar de 3 a 5 años. El abogado propone utilizar ese periodo de tiempo para desarrollar un proyecto político y “constituirnos como otro país, porque cualquier país puede reestructurar su deuda”. Para ello considera que es necesario “cambiar la nomenclatura” y empezar a hablar de “imperio” y “colonia”.
En el conversatorio, en el que también participaron el economista Heriberto Martínez Otero y el periodista Luis J. Valentín, se habló de la falta de transparencia en todo este proceso. Todos se niegan a dar información y los periodistas se han visto obligados a litigar para obtenerla.