Por redacción de Sin Comillas

Con el fin de instituir el andamiaje para procesar civilmente el fraude a los Programas del Gobierno y a los contratos de servicio, la Cámara de Representantes aprobó una medida  para crear la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico” y de esta manera establecer la Unidad de Control de Fraude al Medicaid adscrita al Departamento de Justicia.

Se establecería un procedimiento en los Tribunales donde el Gobierno puede someter reclamaciones para buscar que estas personas que han defraudado al Gobierno reciban una penalidad monetaria por sus actuaciones. De esta manera, se podrán entablar demandas y reclamaciones civiles para el recobro de pérdidas por fraude a programas federales.

Según el Departamento de Justicia Federal, desde el 2009 hasta el 2016, el Gobierno Federal había recuperado $31,900 millones bajo el False Claims Act. Solo en el año fiscal 2016, se recuperó $4,700 millones a raíz de reclamaciones civiles bajo el False Claims Act.

Se concurrió con el P de la C. 1584 del representante Néstor Alonso Vega, para enmendar la “Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria de Barcos Cruceros de Puerto Rico”, para extender la vigencia de los incentivos hasta el Año Fiscal 2022-2023.

Ocurrió igual con la Resolución Conjunta de la Cámara 13 del representante José Aponte Hernández, para ordenar a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas evaluar el establecimiento de una alianza público privada para la creación de una Red de Helipuertos a través de Puerto Rico para atender casos de emergencias médicas y de seguridad pública, y para otros fines relacionados.