Por Luisa García Pelatti
Tras haber dicho que no publicaría la carta que incluye el pacto que alcanzó con la Junta de Control Fiscal sobre la aprobación de varios aspectos de la reforma laboral, incluyendo la Ley 80, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares decidió hacer público un documento, que no va dirigido a nadie ni tiene firma, que detalla una serie de acuerdos.
En el documento publicado, se llega a un acuerdo para que la Legislatura apruebe y el Gobernador firme la derogación de la Ley 80, que otorga indemnización a los trabajadores despedidos sin justa causa.
“El Proyecto se presentará a la Junta antes de ser presentado en la Legislatura para que la Junta pueda confirmar que es consistente con el lan [sic] Fiscal. El Proyecto no puede aumentar los beneficios mandatorios para los empleados del sector privado (ej. no aumento en días de vacaciones, enfermedad, licencias con paga obligatorias, bono de navidad, o salario mínimo) ni de otro modo socavar los propósitos e intenciones de la reforma laboral según dispuesta en el Capítulo 7 del Nuevo Plan Fiscal. El proyecto dispondrá, para evitar dudas, que un empleado que sea contratado por un término indefinido no tiene una causa de acción en contra de su patrono meramente porque el patrono termine la relación de empleo”.
El documento también señala que los recortes presupuestarios incluidos en el Nuevo Plan Fiscal no afectarán a los presupuestos de la Legislatura, la Oficina de Asuntos Federales y la Oficina de la Comisionada Residente en los años fiscales 2019-2023 y los recortes a la Judicatura se reducirán a la mitad cada año durante ese periodo.
También se llegó a un acuerdo para dejar sin efecto la eliminación del bono de navidad para empleados públicos durante los años fiscales 2019-2023. El Gobierno evaluará cambiarle el nombre al Bono de navidad para eliminar la palabra “bono” y sustituirla por estipendio.
Además, se establece el Fondo de Desarrollo Económico Municipal de $50 millones durante los años fiscales 2019-2023.
El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, asegura que el documento “constituye todo lo acordado con la Junta de Supervisión Fiscal y no hay otro acuerdo”.
Rosario Cortés enfatizó que el acuerdo es totalmente válido y exigible si el Gobierno cumple con su parte como hacer los ajustes fiscales en la consolidación de agencias y la derogación de la Ley 80. Explicó que el documento se discutió mediante teleconferencia con todos los miembros de la Junta y fue aceptado por el organismo federal.
La UPR además tendrá hasta $65 millones anuales adicionales. “El Gobierno puede asignar hasta $40 millones anuales adicionales durante los años fiscales 2019-2023 disponiéndose que los fondos adicionales tienen que destinarse a becas para estudiantes utilizando pruebas de necesidad” y hasta $40 millones adicionales, reza el documento.
