Por redacción de Sin Comillas

La Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP) encontró serias fallas en el Plan de Acción de Vivienda que el gobierno de Puerto Rico sometió al Departamento de Vivienda Federal y Desarrollo Comunitario (HUD por sus siglas en inglés) para el uso de una asignación inicial de $1,500 millones, conocidos como fondos CDBG-DR (Community Development Block Grants – Disaster Recovery).

“Estamos entrando en una etapa de espera, en lo que HUD evalúa el documento y determina sobre la potencial aprobación o denegación de dicho documento. La fecha límite para entregar comentarios al Plan de Acción fue el pasado viernes, 25 de mayo”, explicó David Josué Carrasquillo Medrano, presidente de la SPP.

En la evaluación que se hizo al Plan de Acción se encontraron numerosos asuntos que preocuparon a los planificadores, quienes, como grupo profesional, hicieron un llamado de alerta a la ciudadanía. Entre las fallas que se le encuentran al Plan se encuentran las siguientes:

(1)    No se establece un vínculo entre el dinero a ser asignado y las comunidades peor afectadas por los huracanes (las cuales tampoco son identificadas);

(2)    Se basa en un proceso de vistas públicas que no fue dirigido a la población que debería atender;

(3)    Abre la puerta para procesos de tomas de decisiones a puerta cerrada y corrupción;

(4)    Se caracteriza por una visión desarrollista sin tomar en cuenta la abrumadora cantidad de propiedades en abandono en la isla;

(5)    Añade programas para usar fondos fuera de lo indicado para la asignación;

(6)    No utiliza la información oficial levantada por FEMA para estimar las necesidades no-cubiertas;

(7)    No toma en consideración recomendaciones de grupos de la sociedad civil que fueron comisionados a generar informes y recomendaciones para el desarrollo del Plan;

(8)    No toma en consideración la política pública local en temas de planificación como: el Plan de Uso de Terrenos (PUT), los Planes Municipales de Ordenación Territorial (POTs), los Planes de Mitigación Multiriesgos, los Planes de Adaptación al Cambio Climático, entre otros;

(9)    No reconoce derechos a las personas afectadas por las propuestas del Plan, en especial las personas y comunidades con potencial a ser desplazadas; y

(10)     No cumple con la ley en cuanto al rol de planificadores profesionales licenciados en el desarrollo del documento.

“La responsabilidad de atender adecuadamente una asignación de fondos de este nivel no puede perderse en tecnicismos y burocracia. Por las razones señaladas, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación aún no recomienda la aprobación de este Plan por HUD. Exhortamos a la ciudadanía a expresarse sobre el asunto e involucrarse en el mismo hasta se logre cumplir con los objetivos básicos de vincular la asignación de dinero con las comunidades y poblaciones realmente afectadas por el huracán y en necesidad real con las garantías justas para el buen uso y distribución de los Fondos”, manifestó.

Los criterios para el uso de estos fondos son amplios, sin embargo, establecen claramente que deben ser utilizados para atender necesidades no cubiertas de vivienda a familias, hogares e individuos afectados por los pasados huracanes, Irma y María. Esta primera asignación se limitó a estos usos por dos razones: la urgencia de atender ciertas poblaciones afectadas y la falta de información clara en cuanto a las necesidades en estos otros asuntos. Según Carrasquillo Medrano, en futuras asignaciones que suman a $18,500 millones de dólares se atenderán otros asuntos, además de aquellos relacionados a Vivienda.

“Todo lo contenido en el Plan de Acción es de alta relevancia para todos los puertorriqueños y nuestro futuro. Como miembros activos de la sociedad civil, deseamos fomentar una cultura de gestión y responsabilidad colectiva que viabilice fiscalización, generación de propuestas, el desarrollo de una mejor democracia y la mitigación o erradicación de la corrupción, especialmente en procesos con tanto impacto en nuestras aspiraciones como pueblo”, sostuvo Carrasquillo Medrano.

La SPP entiende como parte de sus responsabilidades dentro del proceso de recuperación, el velar por el buen desempeño del gobierno, en cuanto al desarrollo de planes que cumplan con las mejores prácticas posibles. Entre estas prácticas se encuentran: la inclusión y análisis de la mejor data posible, la inclusión de participación ciudadana diversa, real, informada y vinculante, el cumplimiento cabal del marco legal y reglamentario (federal, estatal y municipal), entre muchas otras.

“Alertamos que el proceso de recuperación de Puerto Rico se dará dentro de unas condiciones que jamás han sido vistas por la historia de la humanidad. Será un proceso en un contexto colonial, en plena implantación de una agenda de austeridad, en medio de una recesión de más de una década. Se dará en un contexto de reduccionismo gubernamental y de centralización del aparato de gestión, mientras la política pública se basa en la atracción de capital externo para viabilizar la privatización de activos públicos y la descapitalización del pueblo puertorriqueño. En un contexto donde procesos considerados como ilegales en muchísimas otras jurisdicciones, aquí se promueven”, sostuvo.

“Uno de los ejemplos más claros de esto es la especulación y los procesos de desplazamiento de comunidades vulnerables. Estamos en un contexto donde aún no se ha tomado en consideración el futuro de Puerto Rico ante la deuda y crédito público. Un contexto donde la mera idea de una auditoría es aún mal vista por los gobernantes. El Plan de Acción no puede ignorar nuestras realidades”, añadió.