Por redacción de Sin Comillas
Más de 80 entidades proveedoras de servicios legales, líderes comunitarias, organizaciones de base, activistas y defensoras del acceso a la justicia en Puerto Rico y Estados Unidos denunciaron las fallas del borrador de Plan de Acción que el Gobierno local publicó para el uso de $1,500 millones en fondos federales “Community Development Block Grant- Disaster Recovery” (CDBG-DR).
Los fondos CDBG-DR los asigna el gobierno federal -a través del Departamento de Vivienda federal (HUD)- para la recuperación del Huracán María. El gobierno de Puerto Rico es responsable de desarrollar y presentar a HUD un Plan de Acción sobre el manejo de estos fondos.
La organización Ayuda Legal Huracán María, una iniciativa de educación y apoyo legal comunitario, analizó el borrador del Plan de Acción que el gobierno publicó y concluyó que el Gobierno no proveyó información adecuada ni accesible a las comunidades sobre los fondos, su uso adecuado o los criterios de participación. El Gobierno tampoco ofreció oportunidad adecuada de participación comunitaria, contrario a lo que exige la reglamentación federal. Incluso, el Gobierno se basó en datos imprecisos, ofreció un plan vago, ambiguo y redactado de manera deficiente, viciando por completo el borrador del Plan. Además, el plan carece de mecanismos adecuados que aseguren confiabilidad y transparencia en el manejo de dichos fondos.
“Estos problemas de vaguedad, la falta de mecanismos para evitar la corrupción con estos fondos, la poca relación entre los proyectos propuestos y las necesidades que las propias comunidades han identificado a ocho meses del paso de los huracanes, son el resultado de un plan apresurado, sin espacio de participación y dirigido a otros intereses” señaló Ariadna Godreau Aubert, coordinadora de Ayuda Legal. “Ni estas vistas ni el término de comentarios fueron suficientes para ofrecer la información y los mecanismos adecuados para que la gente participe, defienda la integridad de sus comunidades y exija una recuperación justa y equitativa después del desastre”, indicó.
Mariel Quiñones Mundo, parte de Ayuda Legal, indicó que “[a]unque la participación ciudadana es un requisito a nivel federal, el Gobierno incumplió de distintas maneras con ese requisito. El Gobierno ni siquiera hizo accesible la información sobre el proceso en español. Se hicieron vistas públicas que realmente fueron pro forma, que no fueron debidamente notificadas a las comunidades y a las que principalmente acudieron alcaldes a presentar sus proyectos. Muchas de las propuestas de los municipios contemplan el desplazamiento de comunidades históricamente vulnerables, las cuales no han sido escuchadas, pues no se les ha dado oportunidad real para ello”.
La organización explica que este borrador del Plan solo está relacionado con los primeros $1,500 millones, del total de $18,500 millones en fondos CDBG-DR, y opina que esta primera asignación debe dar prioridad a las necesidades más urgentes, priorizando las necesidades de vivienda digna de las poblaciones más vulnerables.
