Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal presentó en la tarde del lunes un memorial explicativo de más de 2,000 páginas para respaldar la reforma laboral que forma parte del Plan Fiscal certificado, y cuyo aspecto más controversial es la derogación de la Ley 80.
La existencia de leyes laborales que se han convertido en obstáculos para que las empresas creen empleos y los beneficios que otorgan los programas federales son culpables de los bajos niveles de empleo. La derogación de la Ley 80, que otorga indemnización a los empleados despedidos sin justa causa, es una de las piezas que forman parte de la reforma laboral que está incluida en el Plan Fiscal y que debe aprobar la legislatura. Los otros componentes son los créditos contributivos por ingresos devengados (EITC, por sus siglas en inglés) y el programa de beneficencia social por trabajo (“Welfare-to-Work”).
La Junta aclara que no garantiza que la reforma laboral solucione los problemas económicos de Puerto Rico, y mucho menos que un solo aspecto de la reforma laboral (Ley 80) sea la panacea. Pero sin una mayor participación laboral la economía no será viable.
Según el documento presentado, la baja participación laboral y la existencia de un mercado laboral informal relativamente grande se debe a la existencia de leyes laborales que desincentivan la contratación de trabajadores a los que hay que dar beneficios completos y protecciones laborales. Consideran esencial reducir esos beneficios porque dicen que eso permitirá crear empleos, los que redundará en más ingresos. “Aumentar la participación laboral puede ser el objetivo más importante para el bienestar económico de Puerto Rico a largo plazo”.
Pero aunque se ha dado todo el protagonismo a la controversia con la Ley 80, eliminando obstáculo para que las empresas creen empleo, hay otras medidas para aumentar la participación laboral: eliminar los incentivos perversos que hacen que la gente se mantenga fuera del mercado de trabajo mientras reciben ayudas de programas federales. Es decir, hay que crear incentivos para trabajar. Esta era una de las propuestas incluidas en el libro “Restoring Growth in Puerto Rico”, del Centro para una Nueva Economía y The Brookings Institution.
La Junta señala que “ninguna de las disposiciones de la reforma laboral pone a los trabajadores de Puerto Rico en desventaja respecto a los trabajadores en el continente. Ninguna de las disposiciones de la reforma laboral le quita a los trabajadores de Puerto Rico derechos de los que disfrutan los trabajadores en Estados Unidos. Ninguna de los las disposiciones crean incentivos para que los trabajadores abandonen la Isla en busca de mayores protecciones bajo las leyes estatales, ya que ningún estado otorga protecciones más allá de lo contemplado en la reforma laboral”.
