Por Luisa García Pelatti
El Gobernador tenía que cumplir ayer con el protocolo y dar el Mensaje de Presupuesto en la Legislatura. Pero el mensaje sonó más a advertencia, a presión, a coacción, por no hablar de chantaje. El Gobernador le dijo a los legisladores de su partido, lo que ya les había dicho en privado: que aprueben la Ley 80. A cambio la Junta de Control Fiscal, que ha reducido los gastos en la mayoría de las agencias, no va a tocar el presupuesto de la Legislatura.
Es verdad, también ha ofrecido a cambio $128 millones a los municipios, aumentar el presupuesto de la oficina de la Comisionada Residente y de la Oficina del Gobernador, y aumentar el salario de maestros y policías.
El Gobernador no logró persuadir a los legisladores para derogar la Ley de Despido Injustificado (Ley 80), que otorga una indemnización si la persona es despedida sin justa causa y ha superado el periodo probatorio. La prueba está en que nada más terminar su Menaje los senadores de su partido dijeron que nadie les ha convencido de que la eliminación de la ley 80 traerá la bonanza económica que promete la Junta.
No parece haber desacuerdo con las otras dos medidas que forma parte de la reforma laboral: un Crédito por Ingreso Devengado (EITC, en inglés) y el requisito de trabajo para los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). La Junta ha aceptado no tocar los días de vacaciones y de enfermedad y el Gobierno renuncia al aumento del salario mínimo que había prometido.
El Gobierno debería explicar por qué la Ley 80 es más importante que otras medidas de la reforma laboral y también debe aclarar por qué le va a dar más dinero a los municipios y no van a tocar los presupuestos de la Legislatura, de la Oficina del Gobernador y de la oficina de la Comisionada Residente. ¿Por qué no se recortan estos presupuestos y otros sí?
