Por redacción de Sin Comillas
La postura del gobierno en el caso federal de quiebra, reconociendo la posible ilegalidad en la emisión de algunos bonos y la inconstitucionalidad de COFINA, otorga la razón al reclamo ciudadano sobre la inminencia de llevar a cabo una auditoría integral de la deuda pública, sostuvieron ayer miembros de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público y del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
“Es importante que el país sepa que todo lo que advirtió la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, eliminada por la actual administración, está siendo admitido por el propio gobierno, lo que hace imperativo que se lleven a cabo investigaciones transparentes y urgentes, y se adjudique responsabilidad sobre las prácticas ilegales que llevaron a este endeudamiento”, manifestó el CPA José González Taboada, pasado integrante de la Comisión creada por ley para llevar a cabo una auditoría integral.
En conferencia de prensa, González, como representante de la Comisión Ciudadana que busca completar el proceso de auditoría, y Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, apuntaron principalmente a argumentos del gobierno ante la jueza Laura Taylor Swain, sobre la posible invalidez de bonos del Sistema de Retiro y de la estructura de COFINA. “El gobierno, que descartó realizar una auditoría integral, aduciendo que había que pagar esos bonos, ahora reconoce la invalidez de ciertas emisiones”, sostuvo Prados.
Exigieron que no basta con impugnar la deuda, sino que también se asigne responsabilidad civil y criminal a quienes fallaron. Por ejemplo, citaron las mociones presentadas por bonistas en el pleito de quiebra que evidencian cómo pasados directivos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) fueron advertidos sobre los problemas de ilegalidad de esa deuda.
Sin embargo, como advirtieron en el pasado, lo que ocurra en el Tribunal no implica la auditoría integral de la deuda que se necesita. “No es parte del proceso de quiebra evaluar el desempeño o responsabilidad de aquellos funcionarios que fallaron a su deber. Además, el Pueblo tiene derecho a saber. Actualmente, quienes menos tienen acceso a lo que está ocurriendo en el Tribunal Federal somos nosotros. El acceso a información en el caso de quiebra es sumamente limitado y solo estará relacionado a los intereses de las partes en el pleito. Exigimos transparencia a todos los niveles y que el pueblo pueda evaluar y analizar toda la información relacionada con nuestra deuda pública,” declaró, por su parte, Justo Méndez, también portavoz del Frente Ciudadano.
Con este mismo propósito, representantes de la Comisión Ciudadana anunciaron que esta semana presentaron cartas solicitando al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) acceso a toda la información relacionada con las emisiones de COFINA y Sistemas de Retiro, opiniones legales antes y después de las emisiones, entre las comunicaciones relacionadas.
La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público se propone completar los trabajos iniciados por entidad creada bajo la Ley 97 de 2015 para conocer, de manera detallada, el proceso y las decisiones que llevaron al endeudamiento público de $72,000 millones, cuyos efectos económicos y sociales comienzan a afectar a la ciudadanía en general. La nueva comisión cuenta con el respaldo y apoyo del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
