La orden requisitoria de Luis Negrón Ramírez, desaparecido desde el 3 de octubre de 2017. (Foto: Leandro Fabrizi Ríos | Centro de Periodismo Investigativo)
Por Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch | Centro de Periodismo Investigativo
Quien transita las vías principales del área metro en Puerto Rico los ha visto: carteles caseros que cargan tristeza, con fotos de personas desaparecidas tras el paso del huracán María y los contactos de los familiares que aún las andan buscando.
Las primeras semanas de la emergencia la lista de los desaparecidos a raíz del huracán llegó a sumar 253 nombres, pero después desaparecieron del radar del gobierno y de las noticias.
Sin embargo, a tres meses del ciclón, 45 personas aún no han sido encontradas y los esfuerzos de la Policía de Puerto Rico por buscarlas han sido mínimos o inexistentes según encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a través de revisión de documentos, entrevistas a agentes y entrevistas a familiares. Aunque la Policía emitió un “plan especial” para atender la avalancha de casos tras el huracán, esto ocurrió tres semanas después del evento atmosférico, perdiendo la uniformada un tiempo que es crítico cuando se trata de encontrar a una persona perdida.
La comisionada de la Policía Michelle Hernández de Fraley dijo en entrevista con el CPI que la demora respondió a las condiciones precarias en las que quedó la uniformada tras el azote de María, con serios problemas de comunicación y estrechez de recursos, buena parte de los cuáles tuvieron que destacarse de inmediato a labores de rescate.
Según explicó, la información sobre los desaparecidos comenzó a fluir manualmente y a cuentagotas, y se asignó su análisis a tenientes coroneles. Cuando se dieron cuenta de que había un aumento inusual en los informes de desaparecidos y una gran desesperación de los familiares, citaron una reunión el sábado, 7 de octubre para atender los casos reportados del 20 al 27 de septiembre, de forma prioritaria. Aunque después de esa fecha Puerto Rico seguía en estado de emergencia, decidieron concentrarse internamente en esos casos porque fue el periodo en que no había vías de acceso para transportarse, y solo un medio de comunicación al aire, por lo que la desesperación de los familiares era mayor, dijo.
“Nosotros mismos dentro de la Policía de Puerto Rico teníamos situaciones de falta de comunicación. Nosotros estábamos, en la mayoría de ese tiempo, que (los policías) tenían que venir de las áreas al Cuartel General a reportar”, agregó la comisionada al ser cuestionada sobre la tardanza de la Policía en comenzar a trabajar con los desaparecidos luego del huracán.
El “plan de trabajo” para atender estos casos lo que implicó fue una instrucción verbal emitida a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), y a los jefes de la División de Personas Desaparecidos y de las comandancias, por el coronel Francisco Rodríguez, comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales. Ese “plan” indicaba que los agentes investigadores visitaran los hogares de las personas desaparecidas cada dos días a ver si habían aparecido y que buscaran con intensidad, según explicó el sargento José Carlo Rosario, jefe de la División de Personas Desaparecidas. Según varias entrevistas realizadas en la realidad los agentes solo llamaron o visitaron refugios y hospitales de su zona, y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
“No cambió el proceso para nada; todo continúa igual. Lo que sí es que la gente, los ciudadanos han estado más desesperados”, apuntó Rosario al CPI, y dijo que se asignaron más recursos en las regiones para priorizar estos casos.
Sin embargo, el CPI encontró que los recursos asignados por la Policía a la monumental tarea son escasos: un agente para hacer la búsqueda de 19 personas en cinco pueblos de la montaña, como es el caso de la Región de Aibonito; y dos agentes asignados para los nueve pueblos de la Región de Mayagüez con 19 casos. Muchos de los desaparecidos iniciales aparecieron por cuenta propia una vez comenzaron a mejorar los problemas de comunicación, y cinco de ellos aparecieron muertos. La búsqueda prácticamente ha estado en manos de los familiares, quienes frecuentemente con escasos recursos hacen lo que pueden a diario.
El CPI encontró casos en que ni siquiera las gestiones mínimas se hicieron. Entre ellos el de Luis “Chiquín” Negrón Ramírez, quien desapareció el pasado 3 de octubre tras salir de su casa temprano en la mañana en el área de Villa Taína en Cabo Rojo. Chiquín, carpintero de 74 años, gozaba de buena salud y de buen humor, pero antes del huracán había comenzado a mostrar algunas señales de comienzos de posible demencia con olvidos cotidianos. Tenía órdenes médicas de hacerse pruebas la misma semana que el huracán categoría 4 azotó Puerto Rico, relató al CPI su esposa, Ivette Andújar Torres.
“Lamentablemente (no han hecho) nada”, sentenció sobre la labor de la Policía.
El fenómeno afectó severamente el entorno de la casa de Negrón Ramírez y a varios miembros de su familia. Su hijo perdió el techo, una de sus hijas tenía un recién nacido que requería de un medicamento inyectable que no se podía conseguir, y sin energía eléctrica ni agua, su familia tuvo que mudarse a casa de esa hija para sobrevivir, dificultándole a su vez el cuidado de su hermana y vecina de 80 años, con retardación mental. Viéndose imposibilitado de resolver los múltiples problemas de su familia y de su propio hogar, Negrón cayó en una depresión que a diario le hacía revivir el temor que tenía de que el techo de su casa de madera con techo de zinc saliera volando con los vientos.
Un residente de Aibonito decidió escribir entre los escombros de lo que fue una casa, su nuevo paradero. (Foto: Leandro Fabrizi Ríos | Centro de Periodismo Investigativo)
“Del huracán para acá él cambió su forma de ser”, dijo Andújar Torres con la mirada baja.
A pesar de que la casa no sufrió los daños que él temía, Negrón Ramírez estaba triste y se la pasaba llorando. El viernes, 29 de septiembre, ocho días luego del paso de María, Negrón Ramírez caminaba fuera de la casa con “una mirada que no era la misma” de antes, recuerda su esposa.
“Era como si no estuviera dentro de él. La mirada era perdida”, explicó compungida su hija Denisse Negrón Andújar, de 31 años.
La noche antes de desaparecer, el lunes, 2 de octubre, Chiquín pernoctaba en la casa de su hermana Sonia, quién sufre retardación y al día de hoy desconoce que su hermano y cuidador está desaparecido. Le han dicho que anda visitando unos familiares para evitar hacerle daño con la noticia, ya que también tiene un padecimiento del corazón.
Sonia relató al resto de la familia que al otro día su hermano salió de su casa a eso de las 7 a.m. hacia su casa, que queda justo al lado. Allí presumen que se puso el polo rojo y pantalón corto crema que su esposa e hija le habían dejado encima de la cama, vestimenta que usaba para hacer trabajos, ya que el día anterior había quedado que iban a limpiar el hogar del desastre dejado por el huracán. Pero cuando éstas llegaron a la casa, no lo encontraron a él, ni la ropa. Desde entonces no han sabido más de su Chiquín.
A dos meses de la desaparición, Ivette y sus hijas están completamente insatisfechas con el trabajo que ha realizado la Policía. Según dijeron, contrario a lo ordenado por el coronel Rodríguez, ningún oficial de la Policía ha visitado su hogar. Son ellas quienes llaman a la Policía cuando reciben alguna llamada de personas que dicen lo han visto en algún lugar y que ellas mismas acuden a verificar si se trata de él o no. No reciben ninguna llamada de la Policía para hablarles de los adelantos en el caso.
“Solamente han dicho que ellos están buscando”, aseguró Denisse.
El agente investigador del caso, el tercero que les han asignado ya, es al momento el sargento Joel Ayala del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Región de Mayagüez. Abordado para obtener su versión de la historia, reacio y nervioso, rechazó que la Policía no esté realizando un esfuerzo por encontrar a Negrón Ramírez, pero reconoció ante el cuestionamiento del CPI que solo llama a los familiares cuando estos le llaman, o sea, les devuelve la llamada.
“Obviamente, si yo no tengo información (no los llamo). Yo le explicó a ellos lo que se está haciendo en base a la investigación: se corroboró esta información, cualquier cosa, tú me llamas. Ellos están poniendo información en Facebook, de que cualquier información que tengan comuníquense conmigo. Obviamente la información les llega a ellos y ellos me la suministran a mí”, reconoció el sargento Ayala.
A dos meses y medio de la desaparición, la Policía tampoco ha activado a su Unidad de Búsqueda y Rescate, especializada en rastrear personas en áreas boscosas o de difícil acceso como lo es el lugar frente a la casa de Negrón Ramírez donde hay amplios terrenos baldíos, zona boscosa, incluso la llamada Cueva del Pirata Cofresí, y grandes áreas de costa y mangle de difícil acceso.
“Esa parte me voy a encargar yo próximamente en hacerla, ya que debido a ciertos problemas de comunicación después del huracán María, no hemos podido hacer el protocolo de manejo de emergencias…”, sostuvo a dos meses de la desaparición del caborrojeño. Sin embargo, dijo que no pudo precisar cuándo se vaya a hacer esta gestión.
Según las hijas del desaparecido, con sus limitados recursos, Manejo de Emergencias de Cabo Rojo y dos grupos civiles de rescate fueron a buscar en la zona, pero el agente dijo no tener conocimiento de este esfuerzo y enterarse por el CPI de la información.
No obstante, aseguró que como parte de la búsqueda han visitado los hospitales de la zona y varios centros de salud mental, y han indagado en la División de Tránsito para ver si ha habido algún accidente con peatón que esté sin identificar y han realizado gestiones en la oficina de Ciencias Forenses en Mayagüez para verificar, a través de fotos, que no haya fallecido y esté sin identificar. Sin embargo, admitió que no ha hecho gestiones de visitar hospitales fuera del área oeste, ni la sede del Instituto de Ciencias Forenses en San Juan.
Al cuestionarle a Hernández de Fraley por qué la Policía no ha enviado su unidad especializada de búsqueda y rescate, reconoció que la tardanza en comenzar los trabajos después de María ya lo hacía inefectivo. “Una Unidad de Rescate usualmente se tira a poco tiempo después que algo sucede y enfocándose en un área. Si ya han pasado muchas semanas, hay ciertas cosas que no son prácticas”, sostuvo.
Al hacer una revisión de la base de datos de la Policía que contiene la información de las querellas de los 45 desaparecidos pendientes desde el huracán, el CPI encontró un patrón de casos de adultos y adultos mayores con dificultades perceptivas o condiciones mentales. Se hicieron entrevistas a familiares, vecinos, agentes de la Policía, rescatistas y funerarios en cuatro casos en Cabo Rojo, Carolina, Aibonito y Yauco para determinar la metodología que se siguió para encontrar desaparecidos. Todos coinciden en que los desaparecidos se desorientaron o descompensaron con los cambios que el desastre trajo a su entorno.
En tres de los cuatro casos también se vio poca acción de una Policía sin recursos. Hay dos agentes asignados a la tarea de investigar las desapariciones en cada una de las 13 comandancias, según Rosario, pero el CPI encontró que en la región de Aibonito había solo uno, quien además tenía que realizar tareas administrativas.
El mismo día que desapareció Negrón Ramírez en Cabo Rojo, al otro lado de la isla, en Carolina, desaparecía Nelson Jonathan Martínez Rivera, de 28 años. El joven, quien tiene autismo, salió de su hogar a caminar como usualmente lo hacía, pero la familia estima que al cambiar su entorno completamente con la devastación de María, se desorientó y perdió su camino de regreso a casa. Desde entonces, su familia capitaneada por su tío Hilton Martínez, no ha parado de buscarlo, empapelando en varias ciudades con cruzacalles, rótulos y hojas, y las redes sociales con el rostro de Nelson, y un número celular que aún suena a diario con pistas de personas que reportan haberlo visto. Los familiares, y alrededor de 500 personas que se han solidarizado con ellos, son los que acuden a su búsqueda, en lugar de la Policía que, según percibe Martínez, no tiene los recursos para la tarea.
El hombre de mediana edad es militar de profesión y se dedica al manejo de emergencias en un hospital, por lo que puso sus conocimientos en práctica en el caso de su sobrino.
“Cualquier cosa que puedas pensar, lo hemos hecho. Fui personalmente y hablé con cada uno de las dependencias de salud y policiacas del gobierno de Puerto Rico. Fui a cada uno de los refugios. Visité todos los hospitales. Fui a todos los medios de comunicación, fui a programas de televisión. Hice un par de Facebook Live. Después decidimos ir a una imprenta y tirar 800 flyers, y luego escalamos a rótulos grandes y cruzacalles que pusimos en las principales carreteras de Puerto Rico”, relató.
Según dijo, el proceso es devastador para los familiares de los desaparecidos que viven a diario con la angustia de no saber si su familiar está vivo y si tiene comida, agua y techo. Asimismo señaló que debe de ser más difícil aún para muchas de las familias que no tienen el conocimiento ni los recursos para hacer una búsqueda como la que su familia ha hecho.
Martínez denunció que una falla grande en la Policía es el largo periodo que tarda la uniformada en comenzar la búsqueda, cuando el tiempo apremia. En su caso, le pidieron que esperara 72 horas para radicar la querella cuando esto no es necesario y provoca la pérdida de tiempo clave en la búsqueda. Luego se tardaron una semana en iniciar las labores de campo. Asimismo, la orden requisitoria que distribuyó la Policía obvió el importante dato de la condición mental del joven, señaló.
No obstante, su mayor molestia en el proceso fue con la Policía Municipal de San Juan, porque cuando acudió al cuartel central a pedir que distribuyeran su hoja suelta a los demás cuarteles de la Capital, le dijeron que no podían, que él mismo tenía que ir uno por uno a llevarla.
Con su experiencia en respuesta a emergencias y en el campo de la salud, ¿cree usted que a otras personas con condiciones mentales también se hayan desorientado y perdido a raíz del huracán?
“No lo pienso; sé que es el caso y es real”, sentenció.
Sostuvo que como parte de las búsquedas de su familia en la calle han hablado con más de 500 personas y encontraron familias que enfrentaron problemas similares con niños autistas y personas con Alzheimer’s que se desorientaron y se perdieron después del desastre.
Otro caso representativo de la población de pacientes mentales es el de José Alberto Mendoza Pérez. El 4 de octubre Mendoza despareció en Aibonito tras salir a caminar por su calle. El hombre, quien era paciente mental, comenzó a descompensarse después de que María destruyera su casa en el barrio rural Robles. A raíz del huracán, tuvo que mudarse con otros familiares a casa de su hermana en el mismo barrio, comenzó a cambiar su comportamiento, se rapó la cabeza, y ese día salió a caminar por el área donde ya cuatro generaciones de su familia han vivido. Los familiares de Mendoza Pérez contactados por el CPI no quisieron dar declaraciones, pero personas cercanas indicaron que algunos estaban descontentos con la labor de la Policía porque nunca lo buscaron en el enorme monte que queda justo al frente de su casa y de la casa de su hermana, pese a que la familia indicó a los agentes que José Alberto podía estar allí.
El agente Ángel Ocasio, de la Región de Aibonito, estuvo a cargo de esa investigación y conocía bien el caso pues estuvo en contacto constante con vecinos y familiares, según se pudo constatar. Sin embargo, Ocasio, quien investiga solo los desaparecidos en cinco pueblos de la montaña, reconoció en entrevista que después del huracán no daba abasto para investigar todos los casos que le llegaron tardíamente desde los cuarteles de distrito. Según indicó, antes del desastre recibía 3 a 4 casos al mes, y de repente recibió una lista con alrededor de 20 casos de los cuarteles de distrito, donde los ciudadanos los radican, a mediados de octubre.
Aunque Ocasio fue encontrando que la mayoría de las personas fueron apareciendo cuando mejoraron las comunicaciones, había pasado casi un mes del huracán cuando le llegó el referido del caso de Mendoza Pérez. Según dijo, un sobrino del desaparecido se presentó a su oficina a ver qué se había hecho con el caso de su tío, y el agente aún no había podido llegar atender ese caso en la lista. Sostuvo que los familiares entendían que por su historial de salud mental y el comportamiento que comenzó a exhibir después del huracán, el hombre pudo haberse desorientado.
El caso no se ha resuelto.
Pero a casi dos meses, el dueño de unos cabros que andaba tras el rastro de sus animales en el monte frente a la casa de los Mendoza encontró un cadáver, en avanzado estado de descomposición, compatible con la descripción de José Alberto, según el agente investigador Ocasio. No obstante, la familia tendrá que esperar por el resultado de las pruebas de ADN del Instituto de Ciencias Forenses para tener paz y, de ser positiva la identificación, poder disponer de los restos. Esto, podría tomar más de un año, dijo el sargento Carlos Rosa, director de la División de Homicidios de Aibonito, aunque Karixia Ortiz, portavoz del Departamento de Seguridad Pública indicó que “pueden demorar hasta tres meses”.
Una excepción a las tardanzas de la Policía fue el caso de Paulita Cidrón Rodríguez en Yauco, quien desapareció el 2 de octubre y fue encontrada muerta el 3 de octubre. En este caso, Cidrón Rodríguez, de 69 años y con varias condiciones de salud física y mental, que salió de su casa hacia el banco a las 6:20 a.m., según contó su hijo Steven Cintrón Cidrón. Él entiende que la desaparición y la muerte de su madre fueron causadas por la devastación del huracán.
“Al no haber el puente y ella querer cruzar y no tener accesibilidad, no tener alguien que le pueda hacer el favor de darle un aventón, uno buscar por dónde salir; yo creo que esas cosas así afectan. Este huracán lo que nos dejó a nosotros fue un desastre total y para nosotros sobrevivir fue bien difícil”, sostuvo.
El río de la zona estaba crecido desde el huracán María y se había caído el puente que da acceso a su barrio Diego Hernández, por lo que Paulita no pudo usar el transporte colectivo que solía tomar hacia el pueblo. En vez, se embarcó en una caminata por unos terrenos alternos por donde le indicaron los vecinos y nunca volvió. Al ver que no regresaba, una de las vecinas acudió a la Policía con el relato. La Policía y Manejo de Emergencias Municipal acudieron a hacer el mismo trayecto y los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. En el certificado de defunción, el ICF le puso como causa de muerte diabetes mellitus, y no se hace mención de las circunstancias provocadas por el huracán.
“Tenía una pequeña sonrisa”, relató su hijo sin poder controlar el llanto, al tiempo que dentro su dolor agradeció a Dios que su cuerpo apareciera y no hubiera sido arrastrado por el río.
Según dijo, el fiscal no pudo llegar para el levantamiento del cadáver por el difícil acceso en carro hacia el l lugar durante esos días luego del huracán.
Paulita no ha sido agregada al conteo oficial de muertes relacionadas al huracán María del Gobierno. A tres meses del huracán dicho conteo va aún por 64, pese a que los datos demográficos del mismo gobierno reflejan un incremento de casi mil muertes en Puerto Rico desde el 20 de septiembre hasta el 30 de octubre en comparación con el mismo periodo en el 2016, y pese a que expertos en salud pública y demografía han estimado que este aumento es significativo, debe ser investigado y que está relacionado a la emergencia.
Héctor Pesquera, secretario de Seguridad Pública y persona designada por el gobernador Ricardo Rosselló para contabilizar las muertes relacionadas al huracán ha sostenido que no ve razón para investigar el aumento en muertes ni para hacer un estudio epidemiológico de las muertes relacionadas a la devastación del huracán María porque en la isla “no hay una epidemia”.
Los desaparecidos, personas que pierden contacto con sus familiares y que son reclamados ante la Policía con una querella, registraron un aumento de un 200% en la Isla la primera semana después del azote del histórico ciclón que dejó a toda la población sin electricidad ni comunicaciones. Esto, según los datos provistos por el sargento Rosario, director de la División de Personas Desaparecidas de la Policía quien estimó que el promedio semanal de querellas por desaparición es de 20 a 25 personas y del 19 al 27 de septiembre se reportaron 71 personas desaparecidas.
Rosario explicó que en circunstancias normales, buena parte de los informes que recibía su división son de menores evadidos de hogares sustitutos y de personas con deudas o problemas con la ley, algunos que incluso no quieren ser encontrados. Sin embargo, según los datos de las querellas radicadas desde el huracán María que autorizaron la publicación de su foto e información en el documento público conocido como una orden requisitoria, es notable un perfil de personas con padecimientos mentales tales como depresión, esquizofrenia, demencia, Alzheimer’s, retardación mental y autismo.
La Comisionada Hernández de Fraley y el gobernador, Ricardo Rosselló en conferencia de prensa. (FotoS: suministrada por La Fortaleza)
Se le preguntó a la Comisionada Hernández de Fraley si el perfil de las personas desaparecidas en Puerto Rico había cambiado con el incremento en casos tras el huracán y si ese perfil observa un patrón de casos de adultos con condiciones de salud mental, pero la titular indicó que no habían hecho dicho análisis y que tendrían que ir caso por caso para elaborarlo. A su vez solicitó información específica de los casos investigados por el CPI para hacer la investigación pertinente, rectificar si procede y ayudar a los familiares.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz, investigadora y profesora de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, colaboró con el Centro de Apoyo a la Comunidad en Camino a la Recuperación establecido por el Recinto de Río Piedras para evaluar durante cuatro semanas las necesidades apremiantes de las comunidades aledañas al campus tras el paso de María. Según dijo, una de las áreas de mayor preocupación fue la salud mental y las adicciones, que se agudizaron ante la falta de disponibilidad de servicios y medicamentos.
“Personas que se encontraban en tratamiento al momento del paso del huracán, comenzaron a descompensarse ante la falta de medicamentos para estabilizar sus condiciones y cierres de centros de servicios de salud mental. Lo que llama la atención es que estas personas alegaban que nunca les habían indicado en sus respectivos centros sobre cómo proceder en caso de presentarse una crisis o emergencia. Nadie se comunicó con estos durante los preparativos ante el paso de este evento atmosférico”.
Otros confiaron en que tenían suficientes medicamentos para pasar unas semanas, pero el tiempo de la emergencia se extendió y comenzaron a presentar complicaciones psiquiátricas que trataron de minimizar a través de médicos que al no tener accesible el expediente e historial de salud de la persona, les era difícil poder recetarle, agregó Rivera Díaz.
El caos con el sistema de transporte también dificultó el acceso a los tratamientos. “El tren y las guaguas públicas, medios utilizados comúnmente por esta población para desplazarse entre servicios, estaban inoperantes. Ello provocó que personas llegarán descompensadas”, sostuvo.
En cuanto a adultos mayores, la Dra. Rivera también tuvo la experiencia de ver cómo personas que ya tenían alguna condición, llegaban al centro desorientadas y con dificultad de memoria, lo que a su juicio posiblemente se reflejó en cientos de centros de apoyo, refugios y organizaciones comunitarias de servicios alrededor de Puerto Rico tras el paso de los huracanes.
De hecho, un informe presentado hace unas semanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que durante la crisis, personas fueron hospitalizadas por crisis psiquiátricas y dadas de alta con recetas para ser obtenidas a través de farmacias que estaban inoperantes debido a la falta de luz, sistemas de facturación y daños a las estructuras. La gente no tenía forma de acceder a los medicamentos que le podían ayudar a mantenerse más estables en medio de la emergencia.
“No estábamos operando bajo los parámetros normales y era palpable la falta de protocolos flexibles en estos casos de devastación, lo que puso en una situación de mayor vulnerabilidad a la población”, puntualizó Rivera.
