Por Luisa García Pelatti
La recomendación de la Junta de Control Fiscal de reducir la jornada laboral de los empleados públicos y recortar las pensiones ha hecho evidente y notorio que existen desavenencias con el Gobierno. Durante la reunión del viernes se produjo un debate entre Christian Sobrino, representante del Gobierno en la Junta, y Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta.
Sobrino quería dejar claro que la reducción de la jornada laboral no era necesaria porque la liquidez había mejorado. Jaresko y él se enfrascaron en un debate sobre la proyección de liquidez incluida en el Plan Fiscal. Cada uno trató de responsabilizar al otro por la cifra incluida en el Plan Fiscal. Jaresko culpó al Gobierno de la falta de controles que llevó a utilizar un dato incorrecto.
El representante del Gobierno en la Junta quiso que Jaresko reconociera públicamente que han estado cooperando con la Junta, “que están comprometidos”. Jaresko dijo que están comprometidos, pero que al día de hoy no cumplen con el Plan Fiscal porque no aceptan al reducción de la reforma laboral y el recorte a las pensiones.
Sobrino le echó en cara a la Junta que haya realizado declaraciones anónimas a la prensa, dando a entender que la Junta había tomado ya la decisión de reducir la jornada laboral varios días antes del 4 de agosto, a pesar de que seguía negociando hasta el último momento con el Gobierno. También se quejó de que no le dieran tiempo a ninguna agencia para responder a la recomendación de la Junta de recortar la jornada laboral.
“Hay que trazar una línea. No habrá recortes en la jornada laboral”, aseguró Sobrino. “La gente debe estar segura de que sólo hay un gobierno en la isla y que ese gobierno está dirigido por el gobernador Ricardo Rosselló”. La Junta, dice, no tiene el poder de imponer sus recomendaciones. Y aunque está comprometido a reducir el tamaño del gobierno, lo hará utilizando sus propias políticas.