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Por redacción de Sin Comillas

Implementar una reducción de jornada laboral tendría un impacto negativo en los hogares de miles de puertorriqueños y en la economía de la Isla, advirtió el gobernador Ricardo Rosselló durante una conferencia de prensa horas antes de la reunión de la Junta de Control Fiscal que se celebrará el viernes.

El Gobierno estima que la decisión tendría un impacto negativo de $600 millones en los próximos dos años.

Se espera que la Junta anuncie una reducción de la jornada laboral a partir del 1 de septiembre y la eliminación del bono de Navidad. La Junta ya había advertido al Gobierno en el mes de marzo que debería tomar esas medidas si no recortaba unos $200 millones adicionales en gastos.

“El llamado es a la sensatez de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. No hay razones para implementar una reducción de jornada laboral que afectaría el bolsillo de los servidores públicos y la economía si nuestra Administración ha presentado evidencia de que cuenta con el dinero en caja para seguir cumpliendo con las medidas estipuladas en el Plan Fiscal certificado”, sentenció Rosselló Nevares.

El Gobernador informó que al 30 de junio de 2017, el balance en caja de efectivo ascendía a $1,799 millones, cifra muy por encima de lo estimado en el Plan Fiscal certificado por la Junta en marzo cuando se proyectaba una liquidez de $291 millones.

“Reconocemos que estos son tiempos de retos y hemos tomado decisiones en diferentes áreas. Pero queremos demostrar con los datos que hemos cumplido y excedido las expectativas de liquidez, por lo que no hay necesidad de implementar una reducción de la jornada laboral”, agregó.

Insiste en que la Sección 205 de la Ley federal PROMESA le otorga la discreción al Gobierno de adoptar o no las recomendaciones de la Junta.

“Cuando uno evalúa cualquier recomendación tiene que ver si es razonable y necesaria. Esta recomendación de reducción de jornada laboral, de producirse, no cumple con ninguna de las dos, y hoy demostramos que estamos excediendo las exp.

“Aquí no se puede implementar una acción de manera unilateral. La Junta puede hacer una recomendación al gobernador y es el gobernador quien evalúa la medida y tiene el poder de aceptar o de rechazar, y máxime si entiende que son medidas innecesarias”, agregó.