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Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC) piden la intervención de Ana J. Matosantos, miembro de la Junta de Control Fiscal, para detener el subsidio que le otorga el gobierno a seis compañías aseguradoras a través del plan médico Mi Salud. La petición fue realizada por la presidenta de la ALC, Alba I. Rivera Torres, en una carta enviada la semana pasada a Matosantos, como seguimiento a otra misiva cursada previamente al presidente de la Junta, José B. Carrión.
Matosantos es la única de los miembros de la Junta con experiencia en sistemas de salud y sus costos y que se ha expresado sobre los altos gastos del gobierno en los subsidios otorgados a las seis compañías aseguradoras mediante sus contratos con la Administración de Servicios de Salud (ASES).
Rivera Torres exigió a la Junta que obligue a ASES a revaluar el uso que le dará a su presupuesto con respecto a los limitados fondos disponibles para el programa de atención de salud pública.
“Le pedimos su intervención como miembro de la Junta y como experta en temas de atención de salud y planes médicos para detener este subsidio y asegurar que ASES use los limitados fondos del programa Medicaid para proveer la atención que requiere este segmento de la población”, expresó Rivera Torres en su misiva. “La corrupción, el fraude, el malgasto y abusos del programa de salud pública es una, si no la principal causa de la crisis económica que atraviesa Puerto Rico, algo que hemos advertido a las diferentes administraciones y a CMS desde el comienzo de la Reforma. Nadie escucho las advertencias. La presente administración continúa las mismas prácticas corruptas de todas las pasadas administraciones, desde principios de la década del 1990”.
La Asociación propone que ASES economice $500 millones de su presupuesto contratando una sola aseguradora en lugar de seis mientras mantiene altos estándares de calidad a sus pacientes.
Según Rivera Torres, la contratación de una sola aseguradora con un límite de 2% de ganancias netas y un límite de gastos administrativos a ser auditados de otro 2% generaría economías de aproximadamente $350 millones.
La eliminación de intermediarios que no proveen servicios médicos directos, tales como los Grupos Médicos Independientes (IPA´s), generarían economías de otros $375 millones.
Rivera Torres expresó a Matosantos que el tiempo para atender los suscriptores de Mi Salud y el programa médico gubernamental se está acabando y urge la intervención inmediata de la Junta.
