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Por redacción de Sin Comillas
Representantes de diversas asociaciones del sector privado se mostraron en contra de aumentos de impuestos en varios municipios, un incremento que califican de “excesivo y discriminatorio”. La Coalición del Sector Privado (CSP) busca desarrollar estrategias para lograr impugnar los aumentos.
En marzo de 2017, el municipio de San Juan aumentó el tipo contributivo aplicable a las patentes municipales de negocios que generan más de $300,000, de 0.20% a 0.50%. En el caso de Caguas, se aprobó una imposición llamada “Aportación Empresarial Municipal” a todas las empresas que reporten ingresos brutos de $3 millones o más, que será de entre 0.35% y 0.50%. Mientras que Ponce estableció un aumento de en las tasas de propiedad mueble de un 8.33% a 10.33% y de 10.33% a 12.33% en la propiedad inmueble. A raíz de los recortes de $350 millones en fondos a los municipios contemplados en el Plan Fiscal, se espera que otros municipios también busquen formas de aumentar sus ingresos.
“Como sector privado, estamos unidos y organizados, porque no aguantamos un impuesto más. En los pasados años hemos sido objeto de aumento tras aumento en los impuestos y patentes, lo que ha llevado a la quiebra a cientos de negocios y empobrecido más a los ciudadanos puertorriqueños”, expresó Lymaris Otero, directora ejecutiva de la Asociación de Comercio Al Detal. “No es justo que se transfiera al sector privado el déficit fiscal y la falta de fondos en los municipios por parte del Gobierno Central, y que tengamos que pagar más para sufragar gastos de infraestructura de la ciudad, que son responsabilidad del gobierno y para los cuales ya los ciudadanos y empresas realizamos el pago de impuestos”, comentó Otero.
“Somos conscientes de la necesidad del municipio de mejorar sus ingresos para el mantenimiento de su infraestructura, facilidades recreativas y otras, pero, este impuesto pesa sobre el ingreso bruto de un grupo de negocios identificados por el Municipio. Mejorar los ingresos del municipio no puede ser un acto selectivo que atente contra la estabilidad de un reducido grupo de empresas que tienen el peso de retener los empleos creados, pagarle los beneficios que el Estado les impone, además de cumplir –a tiempo—con el pago de patentes, seguro patronal, FSE, bonos de Navidad y recaudar el IVU que envían electrónicamente al Gobierno, garantizando esta entrada al Municipio y al Gobierno, por mencionar algunos. Es necesario considerar medidas que abonen al desarrollo económico de Puerto Rico”, señaló Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la CCPR.
“Nuestra solicitud de diálogo e intervención, a la Junta de Control Fiscal, a los Cuerpos Legislativos y al Ejecutivo, no ha sido atendida con la celeridad e importancia que amerita, con toda probabilidad tendremos que acudir el foro judicial”, señaló Manuel Reyes, vicepresidente de MIDA.
Ramón Leal, presidente de Asore, hizo un llamado a los alcaldes a que “no trasladen el efecto neto de sus pérdidas de ingresos a los comercios de forma discriminatoria y selectiva. Como comerciantes, no podemos estar a la expectativa de que en cualquier momento y a cualquier hora se nos anuncie un nuevo impuesto o aumento. Esto es fatal para nuestros negocios, empleos y por ende nuestra recuperación económica. El llamado es a la transparencia y que así como el Sector Privado ha tenido que implantar medidas de austeridad y eficiencias, los municipios nos presenten las suyas antes de tomar la vía más fácil y a la vez mortal para el país”.
