Tras realizar múltiples solicitudes de información que no han sido atendidas
Por redacción de Sin Comillas
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó este jueves en el Tribunal Federal una demanda contra la Junta de Control Fiscal amparada en la Constitución y las leyes de Puerto Rico, que reconocen el acceso a la información como un derecho humano y constitucional de rango fundamental.
A su vez, radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan otra demanda contra La Fortaleza y el gobernador Ricardo Rosselló, también relacionada con peticiones de información que no han sido atendidas por el Ejecutivo.
“La Junta de Control Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico coinciden en algo: la secretividad en los procesos relacionados con la Ley ‘PROMESA’, que profundiza nuestro déficit democrático. Los integrantes de la Junta y la administración de Rosselló están negando información pública de manera sistemática e ilegal. Parece que no entienden que la ciudadanía informada puede aportar a las decisiones que se están tomando en un momento tan delicado para el país. No nos resignaremos a la falta de transparencia. Esta es una forma de limitar la participación y la fiscalización”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Las demandas coinciden en la mayoría de los documentos solicitados. Entre las peticiones hechas a la Junta y que no han sido cumplidas se encuentran nueve distintos informes que se supone sean sometidos con regularidad semanal, mensual o trimestral por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta, según la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como “PROMESA” por sus siglas en inglés.
Otra petición realizada en varias ocasiones por el CPI a la JCF y que también se reclama en la demanda se refiere a los documentos, informes, cartas, correos electrónicos y cualquier otra información o material intercambiado entre el Gobierno y sus agencias, y la Junta. Igualmente, los materiales intercambiados entre la Junta o su personal y el Departamento del Tesoro o cualquier funcionario de esa u otra agencia o funcionario del gobierno federal sobre el estado de los trabajos de la Junta.
“El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a conocer los eventos que afectarán su vida cotidiana y el futuro del país”, cita la demanda.
La Junta ha ignorado las solicitudes que se le han hecho a lo largo de los pasados meses, o proporcionado una documentación inadecuada, alega el CPI. Lo mismo ha ocurrido con la administración Rosselló, a la cual además se le solicitaron los planes fiscales individuales de las agencias de gobierno y los estados financieros auditados.
A casi un año de ser nombrados a la Junta, sus integrantes tampoco han querido dar a la luz los documentos que fueron parte de ese “proceso riguroso” que alegadamente pasaron para ser nombrados, y que incluye la evaluación ética de sus intereses financieros y conflictos interés al momento de su nombramiento. El CPI los reclama esta vez en el tribunal.
Según indicó a la prensa el presidente de la Junta, José Carrión, los siete integrantes entregaron los materiales de divulgación financiera y conflicto de interés, entre otros, al Departamento del Tesoro como parte de “un proceso riguroso” de nominación. La Junta publicó unos documentos de divulgación financiera en su página web, pero los mismos tienen fecha de febrero de 2017, por lo cual el CPI cuestiona si fueron los mismos sometidos al Departamento del Tesoro en 2016 y desconoce si fueron los únicos, y si fueron evaluados por alguna agencia del gobierno federal, pues la Junta no ha ofrecido respuesta sobre el asunto.
Así mismo, se solicitan en la demanda los protocolos, reglamentos, manuales o memorandos generados por la Junta para llevar a cabo su trabajo; actas de las reuniones celebradas por la Junta en pleno, sus comisiones o sus miembros.
“Igual que lo hicimos con la administración García Padilla, vamos a reclamar el derecho del pueblo al acceso a la información pública. Esperamos que estas demandas sean una alerta para que entreguen de inmediato los documentos que les hemos pedido por la vía tradicional ya en demasiadas ocasiones”, apunto Carla Minet.
El CPI es representado en esta demanda por los abogados Judith Berkan y Stephen Lausell, ante el Tribunal Federal, y Luis José Torres y Annette Ramírez, todos de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Establecido en 2007, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) es una entidad independiente y sin fines de lucro que fomenta y defiende el derecho de acceso a la información de la ciudadanía mediante la investigación periodística, la educación y la promoción de la transparencia de los poderes públicos y privados.
