Por redacción de Sin Comillas

El presupuesto oculto no tiene que ver con el borrador del presupuesto que el Gobierno entregó a la Junta de Control Fiscal  y que no ha querido hacer público. No. Hace referencia a que existe un gasto no visible: el presupuesto escondido. Son los gastos fiscales. Ahí están los incentivos contributivos, una cantidad que se eleva a miles de millones de dólares, pero que nadie sabe exactamente cuánto es ni dónde está. En Estados Unidos, los gastos fiscales representan el 31% del gasto público total.

Espacios Abiertos reclama la publicación de un registro público oficial o presupuesto de gastos fiscales, porque no se puede tomar una decisión responsable sobre el impacto real de reducir en $4,225 millones durante los próximos 10 años, como solicitó la Junta de Control Fiscal, sin un registro de gastos fiscales que nos ayude a vislumbrar cuánto y en qué se gasta.

La organización sin fines de lucro presentó un informe de política pública sobre la opacidad de los privilegios contributivos que se otorgan en Puerto Rico: “Los privilegios contributivos y el presupuesto oculto: ¿dónde está nuestro dinero?”, realizado por Daniel Santamaría Ots, analista de política pública de Espacios Abiertos.

Según el informe, los incentivos constituyen una pérdida estimada de ingresos por parte de un gobierno como consecuencia de dar exclusiones, exenciones, deducciones, créditos contributivos, tasas preferenciales o diferimientos de obligaciones contributivas a una clase determinada de contribuyentes o actividad empresarial. Esta pérdida de ingresos es equivalente a un mayor gasto público y como tal debería reconocerse en las cuentas del estado.

A los gobiernos en diversas partes del mundo, incluyendo Puerto Rico, les resulta atractivo otorgar incentivos contributivos porque no enfrentan severos escrutinios como los de otras iniciativas de gasto público llevados a discusión en el presupuesto. Porque la publicación de estos gastos fiscales es mucho más laxa, suele tener carácter permanente y no suelen documentar su efectividad ni tampoco medir su éxito o fracaso.

“En una crisis fiscal tan crítica como la que vivimos, un registro público o presupuesto de gastos fiscales es indispensable. Este informe permitirá mejorar la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental. Con este mecanismo se ahorrará dinero pues permitirá evaluar estos privilegios contributivos y ayudará a determinar cuáles deben ser modificados o evaluados”, expresó Nuria Y. Ortiz Vargas, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.

El informe da ejemplos de países que han logrado contabilizar y hacer visible a la ciudadanía a dónde va el dinero de estos privilegios contributivos, como por ejemplo Estados Unidos donde 44 de los 50 estados publican un informe periódicamente sobre gastos fiscales que les permiten llevar un control sobre su política pública de gasto gubernamental total. A principios de la década de los años setenta únicamente Estados Unidos y Alemania los publicaban. En 1983, Australia, Canadá, Francia y España ya los identifican e informan de manera regular. En la actualidad, casi la totalidad de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene un registro oficial o presupuesto de gastos fiscales también.

Santamaría Ots dijo que en Puerto Rico se han hecho dos estudios recientes sobre estos privilegios contributivos, el de KPMG y el del economista Ramón J. Cao García, y que varios medios noticiosos han estado tras la pista de lo que ocurre tras bastidores en las decisiones de cuánto y a quién beneficia y a cambio de qué pero que al presente no se cuenta con información precisa.

El informe anual del registro oficial o presupuesto de gastos fiscales por el cual aboga Espacios Abiertos permitirá tener visibilidad sobre cómo el Gobierno está gastando su dinero. Permitirá también evaluar los resultados de los gastos fiscales en vigor para, de esa manera, valorar si les dan continuidad o si, por el contrario, los eliminan. El continuo monitoreo de los costos reales permitirá observar si se cumple el costo esperado. En el caso de que los beneficios sociales no justifiquen sus costos, se abre la posibilidad de suspenderlos para el próximo año fiscal.

Espacios Abiertos ha iniciado una serie de visitas a la Legislatura para compartir el informe y lo hará llegar al ejecutivo, la legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal de modo que se pueda ampliar una discusión que conduzca a responder las siguientes interrogantes:

●      ¿Cuál es el gasto total del gobierno?

●      ¿Qué análisis internos del gobierno permiten decidir qué gastos fiscales continúan y cuáles no?

●      ¿Cómo es el proceso de escrutinio análisis costo-beneficio de los privilegios contributivos?

●      ¿Qué impacto económico tiene la reducción del gasto público debido a la eliminación de determinados privilegios contributivos?

●      ¿A qué clase de contribuyente afecta la eliminación de determinado gasto fiscal: a la clase más privilegiada o a la más desfavorecida?

¿Qué ha hecho recientemente el gobierno de Puerto Rico?

El pasado 17 de noviembre de 2015, el gobierno creó el Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico (Portal) mediante la Ley 187 de 2016. El Portal es de uso interno para agencias gubernamentales, corporaciones públicas y municipios y, a su vez, sirve como requisito mínimo para la extensión y renovación de cualquier incentivo contributivo. El propio portal crea los certificados de cumplimiento –con vigencia no superior a un año– emitidos y suscritos por las correspondientes agencias, corporaciones o municipios para validar si el beneficiario o solicitante del incentivo cualifica para tales incentivos contributivos. El Portal impone a la agencia que emite los certificados la responsabilidad de fiscalizar anualmente su elegibilidad. A partir de la aprobación de la Ley, ninguna agencia, corporación o municipio concederá ningún incentivo contributivo si no cuenta con una certificación de cumplimiento vigente.

El gobierno creará un nuevo Código de Incentivos. El Departamento de Desarrollo Económico está trabajando internamente en la evaluación e impacto real de los incentivos que se están otorgando en la actualidad con el objetivo de tener el nuevo Código de Incentivos para finales de 2017. El pasado 7 de marzo de 2017, y a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), se emitió la orden administrativa OA-2017-01 estableciendo congelar nuevas asignaciones de ciertos gastos fiscales y otros incentivos contributivos.