Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal aprobó y certificó la radicación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico de una petición voluntaria bajo el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).
La deuda de COFINA, que se paga con lo que se recauda del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), incluye unos $17,000 millones. A principios de la semana la Junta había radicado el Título III para la deuda de Obligaciones Generales (GO’s, por sus siglas en inglés), que suman unos $18,000 millones y que está respaldada por la Constitución de Puerto Rico.
La Junta tendrá que radicar la petición de Título III para cada una de las deudas, aunque ya ha dicho que no todas las deudas irán a Título III ya que podría reestructurarse bajo el Título VI.
El presidente de la Junta, José Carrión, explicó que, a partir de la solicitud correspondiente por parte del Gobierno, la Junta determinó que era necesario y apropiado que COFINA radicara dicha petición voluntaria bajo el Título III de PROMESA para proteger a los residentes de Puerto Rico, a COFINA y los intereses de sus acreedores, en vista de la expiración a la media noche del lunes de la moratoria contra litigios dispuesta en PROMESA.
Carrión enfatizó que, al igual que con la radicación bajo Título III del Estado Libre Asociado el miércoles pasado, esta radicación bajo el Título III por parte de COFINA no significa que no se deban continuar las negociaciones para la reestructuración voluntaria de la deuda y buscar acuerdos consensuados con los acreedores. “La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello,” dijo Carrión.
Explicó que el Plan Fiscal certificado del Gobierno, además de reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico, contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda. Pero los problemas de liquidez y solvencia del Gobierno son enormes y el Título III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre.
Bajo PROMESA, el Gobierno de Puerto Rico, con el apoyo de la Junta de Supervisión, ha propiciado negociaciones voluntarias y mediación en un esfuerzo de llegar a acuerdos consensuados con sus acreedores. Pero la expiración el lunes por la noche de la moratoria contra litigios dispuesta en PROMESA hace a COFINA vulnerable a litigios por parte de sus acreedores. La radicación voluntaria bajo el Título III precluiría dichos litigios mientras permitiría que negociaciones consensuales continúen.
En su resolución aprobando y certificando la radicación bajo Título III para COFINA, la Junta especifica cómo la misma cumple con los requerimientos de PROMESA para dicha radicación, incluyendo la determinación de la Junta de que COFINA hizo esfuerzos de buena fe para llegar a una reestructuración consensuada con sus acreedores, adoptó los procedimientos necesarios para presentar puntualmente estados financieros auditados e hizo públicos borradores de estados financieros y otra información suficiente para que cualquier persona interesada pudiera hacer una decisión informada con respecto a una posible reestructuración, entre otras determinaciones.
“La Junta de Supervisión toma esta acción únicamente para cumplir con su propósito, según dispuesto en PROMESA, de proveer un método para que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”, concluyó Carrión.
