Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares notificó el martes a la Junta de Control Fiscal que el Gobierno desea acogerse a la protección Título III de la Ley PROMESA. La protección contra las demandas se venció el 1 de mayo, y varios acreedores ya han presentado demandas contra el Gobierno en varios tribunales.
Rosselló explicó que esperó hasta el martes para solicitar a la Junta el Título III dando espacio a que se pudieran adelantar las negociaciones, pero los acreedores acudieron al tribunal y los obligó a actuar.
Según el Gobierno, luego de amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores no ha habido progreso suficiente en las negociaciones. El Título III permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.
“Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del Pueblo puertorriqueño”, sentenció el primer ejecutivo en rueda de prensa.
Las primeras reacciones de los acreedores no se hicieron esperar. “En los últimos días, el grupo de bonistas de Obligaciones Generales (GO, por sus siglas en inglés) y el Gobierno han estado negociando un acuerdo consensual. Ayer, justo cuando un acuerdo estaba a nuestro alcance, entendemos que la Junta de Control Fiscal intervino para bloquearlo, y el Gobernador estuvo de acuerdo con la Junta. Durante meses, la Junta ha hecho todo lo posible para sabotear las negociaciones consensuadas, burlar los requisitos de PROMESA y la Constitución de Puerto Rico y forzar a Puerto Rico a la bancarrota. Con esa quiebra, que ahora comienza, el gobernador ha perdido todo el poder sobre la reestructuración y la economía de Puerto Rico será puesta en suspenso por años. No se equivoquen: la Junta ha decidido convertir a Puerto Rico en la próxima Argentina”.
Del “vamos a pagar la deuda” a la quiebra
“Tras una campaña diciendo lo contrario y de haber obstaculizado por meses las negociaciones en contra de los mejores intereses del pueblo, el Gobernador hoy admite que no quedaba otra opción que acogerse al proceso de quiebra bajo el Capítulo 3 de PROMESA”, comentó el senador Eduardo Bhatia.
Rosselló justificó el cambio de discurso explicando que antes de las vistas de transición no contaban con toda la información. Durante las vistas trascendió que el déficit del Gobierno alcanza los $7,600 millones y no los $3,200 que había informado la pasada Administración.
“Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado, y estoy convencido que nuestra Isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del Gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes”, agregó el mandatario.
“Acogerse al Título III de PROMESA es lo correcto para proteger a Puerto Rico. El Gobernador hizo lo correcto en el día de hoy”, comentó el ex gobernador Alejandro García Padilla.
El gobernador destacó que de manera responsable su Administración busca cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de $800 millones anuales y así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la Junta el pasado 13 de marzo de 2017. Esto representa un recorte de 80% en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por pasadas administraciones.
El primer ejecutivo adelantó que hay otras entidades bajo la supervisión de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) que pudieran estar buscando un acuerdo de reestructuración consensual bajo el Título VI de la Ley PROMESA.
“Mientras el Gobierno de Puerto Rico se mantiene con la intención de dialogar y negociar de buena fe con los acreedores, la reciente expiración de la moratoria impuesta por PROMESA contra la aplicación de la responsabilidades de los reclamos de los acreedores dicta que el mejor curso de acción para el Gobierno es entrar en el Título III con el propósito de ajustar sus deudas a un nivel sostenible consistente con el Plan Fiscal”, sostuvo el mandatario.
“Es mi deseo que los procesos del Título III del Gobierno aceleren el proceso de negociación llevando el mayor consenso posible con los acreedores y alcanzando, donde sea necesario, una resolución judicial rápida y eficiente de cualquier asunto o disputa”, concluyó Rosselló Nevares.
El gobernador reiteró que con esta medida se garantiza la continuidad del pago a los empleados y suplidores del Gobierno.
