Por redacción de Sin Comillas

La movilización popular y la resistencia serán fundamentales para proteger a las personas de las violaciones a sus derechos humanos advirtió la organización Amnistía Internacional Puerto Rico (AIPR) durante la presentación del informe La situación de los derechos en el mundo 2016/17 en el Campamento en Contra de las Cenizas de Carbón en Peñuelas.

“Cuando violentan los derechos humanos de grupos vulnerables la movilización y organización de la comunidad son claves para hacer pública y enfrentar la injusticia. El cambio realmente empieza cuando se unen voluntades a luchar por el bienestar de su comunidad y exigen se les respeten sus derechos. Ejemplo de estos son las comunidades que se unieron para detener el depósito de carbón en el vertedero de Peñuelas que representa una amenaza a su salud y ambiente”, aseguró Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de AIPR.

En el informe Amnistía Internacional (AI), que abarca 159 países incluyendo a Puerto Rico, presenta un análisis del estado de los derechos humanos en el mundo. En esta edición en el plano local resalta la discriminación en materia de salud y bienestar que siguen sufriendo las personas de la comunidad LGBTI, el impacto limitado de la Reforma de la Policía y la preocupación ante la implementación de la ley PROMESA y sus repercusiones negativas entre los grupos más vulnerables.

“Una vez más es evidente como a comunidades vulnerables se les sigue violentando sus derechos y son víctimas de un sistema que les da la espalda. El empoderar estas comunidades mediante la educación de sus derechos y cómo pueden ejercer su libertad de expresión y organización para adelantar causas justas es un trabajo prioritario de nuestra organización”, dijo Gallardo.

Por su parte, el portavoz del Campamento, José Manuel Díaz señaló: “Cuando el gobierno no ejerce su poder ministerial para salvaguardar el ambiente, la salud y la vida de nuestras comunidades, es cuando nosotros los ciudadanos, ejercemos la autodefensa para hacer y denunciar el trabajo que el gobierno no hace. Es hacer que cada residente de cualquier comunidad pobre en la isla se sienta identificado con nuestra lucha. Que el mensaje y la denuncia sobre los atropellos a que somos sometidos por las industrias que nos contaminan y los gobiernos que lo permiten se convierta en apoyo a la lucha y resistencia en cada persona que lo escuche”.

“Son más de 60 años que nuestras comunidades de Peñuelas han estado sufriendo de tanto abuso. Es hora de que se nos haga verdadera justicia y hasta que eso no suceda seguimos en pie de lucha” añadió Díaz.

Ante las violaciones a los derechos humanos Gallardo exhortó a las personas a mostrar solidaridad y resistencia a intentos de acallar la voz de la gente y violentar los derechos humanos con la excusa de prosperidad o seguridad. “Los derechos humanos que con tanto esfuerzo y lucha hemos conseguido no pueden ir en detrimento, al contrario, tenemos que exigirlos con más fuerza ante las situaciones difíciles que vive el país”.

El informe destaca tres temas:

Comunidad LGBTI: A pesar de que se produjeron avances hacia la igualdad y la justicia aún siguen reportándose violaciones de derechos relacionados con el acceso a los servicios de salud, especialmente para las personas transgénero. Las políticas del Departamento de Salud relacionadas a garantizar el acceso igualitario a los servicios de salud siguen sin modificarse. También hubo casos de personas que sufrieron discriminación al momento de expedir sus documentos de identidad del Estado que les permitía cambiar el género. Al igual que menciona casos de discriminación y hostigamiento a raíz de la carta Circular 19, que permitía la educación con perspectiva de género en las escuelas del país y fue derogada recientemente por la actual administración.

Reforma de la Policía: Las organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación por su legitimidad debido a la falta de transparencia y de una auténtica participación de la sociedad civil en el proceso. Los mecanismos internos de rendición de cuentas de la policía seguían siendo deficientes y todavía no se había implantado un mecanismo externo de supervisión, pese a las reiteradas peticiones de la sociedad civil para que se hiciera. También se han reportado incidentes de uso excesivo de la fuerza, así como el uso excesivo de dispositivos eléctricos (los llamados “tasers”), incluso contra personas con problemas de salud mental o contra quienes pacíficamente desobedecen las órdenes de la policía.

Derecho a un nivel de vida adecuado: El informe señala la preocupación entre organizaciones civiles por el impacto que las medidas de austeridad fiscal del gobierno podían tener en el nivel de vida de la ciudadanía puertorriqueña.  Entre estas se encuentra un aumento de la pobreza entre los grupos más vulnerables e intensificación de la exclusión, desigualdad y discriminación.