Cada familia tendría que $5,400 anuales durante 10 años para reducir el déficit
Esta semana se empezarán a coordinar las conversaciones con acreedores
Por redacción de Sin Comillas
“El déficit que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico en los próximos 10 años es tan grande que aunque se eliminara toda la deuda (lo cual, desde un punto de vista legal y de equidad, no es una opción) los libros aún estarían en rojo”, señala la Junta de Control Fiscal en una carta conjunta dirigida al gobernador Alejandro García Padilla y al gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares.
La Junta ha realizado una revisión del déficit y las nuevas proyecciones apuntan a que bajo la ley actual—es decir, sin depender de fondos federales adicionales y a menos que el gobierno adopte medidas para disminuir gastos y aumentar ingresos, implante reformas estructurales, y reestructure sus obligaciones a largo plazo (incluyendo la deuda y las pensiones)—el Gobierno de Puerto Rico enfrentará un déficit de $67,500 millones en los próximos 10 años.
Cerrar esa brecha presupuestaria requeriría que cada familia puertorriqueña pagara $5,400 cada año, por los próximos 10 años, para un total de $54,000 por familia.
El nuevo déficit estimado es casi $10,000 millones más que el déficit de $58,000 millones originalmente proyectado en el Plan Fiscal del Gobierno que presentó García Padilla el 14 de octubre de 2016. El nuevo estimado revisado fue calculado por el mismo equipo de empleados y asesores del actual gobierno y aún está en el proceso de ser validado por la Junta. La Junta de Supervisión buscará que un tercero independiente que lo valide.
En la conferencia de prensa por teléfono con tres de los miembros de la Junta, Ana Matosantos se refirió a un déficit presupuestario de $7,000 millones y explicó los cambios que explican la diferencia en el déficit.
“El cuadro económico de la proyección de octubre asumía que los déficits se financiaban, no estaba basado en cumplir con las proyecciones”, explica. Las nuevas proyecciones contempla lo que pasaría en la economía si se pagan todas las deudas y eso representa una reducción de $3,400 millones en 10 años. “El otro cambio es que el análisis en términos del déficit en libros auditados y lo que se proyectó como el déficit es un ajuste que son sobre $3,000 millones”. A este cálculo se le añaden las pensiones y se le añade gastos, pagos a suplidores y reintegros.
“Las proyecciones anteriores asumían que se podía financiar los déficits y esta proyección cuadra con lo que la ley requiere, con lo que pasaría económicamente si se trabaja con la ley de hoy y los compromisos hoy”, aclara Matosantos.
“Lo que está diciendo Ana es que este ejercicio de ‘base line’ utiliza supuestos de lo que serían las obligaciones contractuales y legales si se pagara todo de acuerdo a sus términos y se continuara con el gasto público. Si Puerto Rico tuviera que cumplir con esas obligaciones y tuviera a que ajustar su gasto para cuadrar su presupuesto”, apunta José R. González. “No es un tema de austeridad es un tema de realidad. Si tuviéramos que cumplir con esas obligaciones y hacer los gastos el impacto económico sería muy severo. Obviamente, es un ‘baseline’, es para darnos una guía y una visión al gobernador de la severidad de la situación y de que hay que atender le tema urgentemente y ver por dónde vienen los ajustes. Lo que indica es que todas las persona interesadas tiene que reconocer la limitación real de los recursos con las obligaciones existentes y en todos los lados tendrá que haber ajustes. Este es el punto de partida si no se hace nada. Y es un punto de partida insostenible”, advierte González.
“La Junta de Supervisión cree firmemente que Puerto Rico tiene el potencial de salir de esta crisis en una mejor posición económica. [Somos] una herramienta que el Congreso ha dispuesto para potenciar que Puerto Rico pueda manejar esta crisis. Pero le corresponde al Gobierno y al Pueblo de Puerto Rico utilizar esta herramienta de manera correcta y efectiva para enfrentar los retos que tienen por delante”, dijo Carrión.
En la misiva, la Junta de Supervisión delinea una serie de medidas que entiende que el Gobierno de Puerto Rico debe considerar para lograr los siguientes tres objetivos: 1. Restablecer oportunidades y crecimiento económico mediante una serie de reformas estructurales a corto y largo plazo que den paso a una economía más competitiva; 2. Lograr presupuestos balanceados sostenibles, reestructurando el Gobierno y llevando a cabo los recortes presupuestarios necesarios, mientras se mantienen los servicios esenciales para el Pueblo de Puerto Rico; 3. Reestructurar las obligaciones a largo plazo a un nivel sostenible bajo un plan fiscal que cumpla con la Ley PROMESA—incluyendo reestructurar la deuda de Puerto Rico, reformar las pensiones y atender la insuficiencia de fondos para cumplir con sus obligaciones—y restablecer acceso a los mercados de capital.
Entre las medidas que la Junta pide que el Gobierno considere están:
1. Reformas laborales y de asistencia social para acelerar la creación de empleos y asegurar que menos personas dependan de asistencia social y pasen a formar parte de la fuerza laboral;
2. Reforma energética para bajar el costo y aumentar la confiabilidad del sistema de energía eléctrica;
3. Reforma tributaria para disminuir el peso contributivo sobre los individuos y los negocios, aumentar los recaudos, revisar los gastos e incentivos contributivos, y crear un Departamento de Hacienda de Puerto Rico efectivo y eficiente;
4. Reforma regulatoria y de permisos, para maximizar la competitividad de la economía;
5. Alianzas Público-Privadas para desarrollar nueva infraestructura y reparar y mejorar la existente;
6. Reestructurar (al tamaño correcto) el Gobierno, para enfocarse en la calidad de los servicios básicos (como energía, salud y educación) mientras se eliminan servicios no-esenciales que el Gobierno simplemente no puede costear;
7. Ajustar (a los niveles correctos) los precios de los servicios del Gobierno, alineando lo que cobra por los servicios que ofrece con el verdadero costo de éstos, reduciendo o eliminando así los costosos subsidios que el Gobierno simplemente no puede costear;
8. Privatizar los activos del gobierno para que puedan ser manejados de forma más efectiva por el sector privado o el tercer sector, a la vez que se genera capital adicional para que el Gobierno invierta en infraestructura;
9. Reestructurar las obligaciones a largo plazo, incluyendo la reestructuración de la deuda y la reforma de los sistemas de pensiones;
10. Reformar los sistemas de educación y salud.
“No es el rol inicial o el deseo de la Junta de Supervisión determinar qué medidas o qué combinación de medidas Puerto Rico debe adoptar para lograr el balance fiscal estructural que requiere la Ley PROMESA. Nosotros podemos proponer iniciativas que el gobierno pudiese implantar para lograr ese objetivo. Proveeremos salvaguardas para asegurar cumplimiento, disciplina y que el gobierno se mantenga en curso, pero, en primera instancia, la encomienda de determinar qué medidas se van a implantar es responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico. Los oficiales electos tienen que asumir la responsabilidad que el pueblo ha descargado en ellos; necesitan actuar. Hacer menos de lo que hace falta o postergar la solución al problema ya no es una opción. Nosotros tenemos la encomienda en ley de analizar, evaluar y eventualmente certificar el Plan Fiscal. Y eso es lo que haremos. Si el gobierno fallara en proponer un plan fiscal certificable bajo la Ley PROMESA, entonces la Junta de Supervisión pudiese ir un paso más allá. Pero eso no es lo que la Junta quiere hacer”, manifestó Carrión.
“El Plan Fiscal es una guía para restablecer el crecimiento económico y lograr mayores oportunidades para el Pueblo de Puerto Rico dentro de los próximos 10 años y preferiblemente antes”, dijo.
Según la Junta de Supervisión, es importante que el Plan Fiscal incluya objetivos medibles o aspiraciones para Puerto Rico, como:
1. Volver a elevar el desempeño económico de Puerto Rico a un nivel consistente con el de una economía regional de Estados Unidos;
2. Aumentar la tasa de participación laboral;
3. Lograr que la mayor cantidad de padres y otros adultos hagan una transición de programas de asistencia social a la autosuficiencia y el empleo;
4. Mejorar la competencia en escritura, lectura, bilingüismo y ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) de los estudiantes de K-12 encaminándolos, desde temprano, en ruta hacia: (1) trabajos disponibles en el mercado laboral o (2) la universidad, y proveer educación pública universitaria accesible, basada en la necesidad financiera;
5. Construir infraestructura moderna, eficiente y costo-efectiva que asegure que se le brinden servicios públicos de manera justa a cada región de la Isla;
6. Crear un sector empresarial vibrante;
7. Aumentar el ingreso promedio de las familias y reducir la pobreza;
8. Mejorar las estadísticas vitales de salud y el promedio de expectativa de vida;
9. Mejorar la seguridad y reducir los crímenes y muertes violentas;
10. Restablecer el crecimiento de la población en Puerto Rico.
Carrión reiteró que la Junta está lista para trabajar conjuntamente con el Gobierno electo para desarrollar un plan fiscal certificable. Para estos efectos, dijo que se estaría comunicando con el gobernador electo Rosselló Nevares en los próximos días para discutir los pasos necesarios para lograr este objetivo antes del 31 de enero del 2017.
“Confiamos en que la Administración entrante comparta con la Junta de Supervisión el sentido de urgencia de colaborar rápida y contundentemente en este esfuerzo. La Junta de Supervisión Fiscal está lista para asistir al Gobierno de Puerto Rico a definir las reformas estructurales necesarias, manejar sus obligaciones a largo plazo y restablecer el crecimiento económico y las oportunidades para el pueblo de Puerto Rico”.
