Por Luisa García Pelatti
El Gobierno entrante se enfrentará a su primera crisis tan solo unos días después de acceder al poder. En febrero, no tendrá liquidez suficiente para hacer frente a sus gastos y terminará el año fiscal, en junio de 2017, con un déficit de efectivo ascendente a $3,000 millones si no utiliza los mecanismos para reestructurar la deuda. El panorama es preocupante.
La información está contenida en una presentación publicada el miércoles en la página de página de Internet de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y ya ha sido discutida con el grupo técnico del gobernador electo, Ricardo Rosselló.
En febrero, cuando expira el periodo de moratoria y se vence el pago de $1,318 millones, el Gobierno sólo contará en ese momento con $104 millones en sus arcas, imposible pagar.
El Gobierno llegaría al 30 de junio de 2017 con un déficit de $3,600 millones y el déficit acumulado en 10 años puede elevarse hasta $59,000 millones.
“La crisis económica e insolvencia de Puerto Rico no es un secreto. Aunque es un hecho que aún trabajamos con los estados financieros auditados del último año, la información financiera que hemos hecho pública a través del cuatrienio –más que cualquier otra administración en la historia– fue suficiente para que el Congreso y el presidente de Estados Unidos actuaran y le brindaran a Puerto Rico las herramientas legales necesarias para una restructuración abarcadora de la deuda. Esa misma información demuestra la necesidad de que la Junta de Supervisión Fiscal autorice acceder al Título 3 de PROMESA para continuar cobijados por la moratoria disponible a través de la legislación y poder completar una reestructuración que permita un nivel de deuda sostenible”, destacó Víctor Suárez, director de la AAFAF, por medio de un comunicado.
Suárez añadió que “la transparencia gubernamental siempre ha estado presente en esta administración. Continuaremos nuestra política pública de brindar información continua, tan pronto es conclusiva y está lista para publicarse. Exhortamos al nuevo gobierno a que no cambie esta práctica”.
El informe estima que hay $6,376 millones de deuda del Gobierno en manos de inversionistas de Puerto Rico. Además, $1,100 millones estarían en manos de cooperativas. Cualquier reestructuración de la deuda afectaría a estos dos grupos de inversionistas.
