Por redacción de Sin Comillas

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos anunció un acuerdo de $65 millones con la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico para hacer frente a los problemas de accesibilidad que hace tiempo afectan a la vivienda para los residentes con discapacidades. Lea el Acuerdo de Cumplimiento Voluntario de HUD (en inglés).

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en los programas y actividades que reciben asistencia financiera federal. La Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act) prohíbe la discriminación en el alquiler o la venta de la vivienda o el imponer diferentes términos y condiciones en base a una discapacidad.

Con la firma del acuerdo, la Administración de Vivienda Puerto Rico está tomando las medidas fundamentales y necesarias para cumplir plenamente con sus obligaciones legales bajo la Sección 504, el Acta de Americanos con Discapacidad, la Ley de Vivienda Justa y la Ley de Barreras Arquitectónicas de 1968.

“Estamos satisfechos que pudimos llegar a este acuerdo histórico con la Administración de Vivienda Puerto Rico para aumentar significativamente el número de unidades accesibles para personas con discapacidades.”, dijo Gustavo Velásquez, secretario adjunto de HUD de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades. “La Administración de Vivienda Puerto Rico ha estado tratando durante algún tiempo de asegurar que los residentes de vivienda pública de la isla gocen de la accesibilidad que necesitan para hacer pleno uso y poder disfrutar de sus hogares.”

La Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico es dueña, opera o controla 53,779 unidades de vivienda en 52 municipios de Puerto Rico. El acuerdo anunciado hoy dedica $65 millones de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico para modernizar 2,560 unidades de vivienda y hacerlas accesibles antes del 31 de diciembre de 2021. El acuerdo de cinco años también incluye flexibilidad para que la administración de vivienda cumpla con el total de 2,560 a través de una combinación de acciones incluyendo:

  • Modernizar hasta 1,489 unidades en proyectos de vivienda (residenciales) que hayan sido construidos, modernizados y/o rehabilitados después del 11 de julio de 1988;
  • Producir hasta 1,209 unidades en 184 proyectos de vivienda que hayan sido construidos, modernizados y/o rehabilitados antes del 11 de julio de 1988, y/o;
  • Producir hasta 1,108 unidades nuevas de reemplazo o modernizadas en 25 proyectos que están actualmente siendo modernizados o que serán modernizados en el futuro.
  • Reservar $3.6 millones cada año durante cinco años para cubrir el costo de las actividades detalladas en este acuerdo.

Adicionalmente, el acuerdo requiere que la autoridad de vivienda produzca 1,024 unidades accesibles con asistencia auditiva antes del 31 de diciembre de 2017. La administración de vivienda también se encargará de asegurar que las oficinas administrativas y los programas existentes que no son relacionados con vivienda, sean accesibles a residentes con discapacidades; actualizará su evaluación de las necesidades especiales de las familias con discapacidades; documentará todas las solicitudes de acomodación razonable; y mantendrá un programa de educación sobre temas de vivienda equitativa para todos los empleados requeridos, incluidos contratistas y administradores de propiedades privadas.

El acuerdo otorga un periodo adicional de cinco años para que la administración de vivienda provea prueba del cumplimiento exitoso de cada una de las condiciones, y marca la primera vez en que un acuerdo para ayudar a que la Administración de Vivienda de Puerto Rico alcance sus metas de servir las necesidades de los residentes con discapacidades, venga acompañado con fondos monetarios.

El acuerdo es la culminación de varios años de trabajo entre HUD y la administración de vivienda para abordar los numerosos temas de accesibilidad pendientes por un largo tiempo. En enero del 2003 HUD realizó un análisis inicial del cumplimiento de la administración de vivienda con la Sección 504, y el Acta de Americanos con Discapacidad, y encontró deficiencias relacionadas con accesibilidad en los programas, servicios y políticas que afectan a las personas con discapacidades, al igual que inaccesibilidad estructural en unidades de vivienda y áreas comunes.

En septiembre de 2003, HUD y la Administración de Vivienda de Puerto Rico firmaron un Acuerdo Voluntario de Cumplimiento por siete años para abordar las deficiencias identificadas. El acuerdo expiró el 31 de agosto de 2010 sin que la administración de vivienda alcanzara el cumplimiento total. En diciembre 27 de 2011 HUD ejecutó una extensión por cuatro años del Acuerdo Voluntario de Cumplimiento Extendido, pero los esfuerzos de la administración de vivienda en la isla continuaron enfrentando serios retos.