Por Luisa García Pelatti
La Junta de Control Fiscal presentó el viernes una moción ante el Tribunal Federal. Y aunque el obtenido principal parecer ser intervenir en las cuatro demandas que han solicitado dejar sin efecto la protección temporera contra litigios que establece la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), esconde otras intenciones, como garantizar que el Gobierno cumplirá con la entrega de cierta información, incluida en la moción, bajo pena de desacato.
La Junta señala que la decisión sobre las demandas debe posponerse hasta que empiecen su trabajo. “Si el Tribunal levanta la paralización de litigios ahora, antes de que la Junta de Control Fiscal entre en pleno funcionamiento, puede interferir con la capacidad de la Junta para llevar a cabo el mandato del Congreso”, señala la moción.
“Creemos que los recursos limitados del Gobierno se emplea mejor trabajando con la Junta de Control Fiscal y ayudándola a empezar su tarea monumental de negociar los planes fiscales y asegurar que Puerto Rico recupere el acceso a los mercados de capital en lugar de litigar estos cuatro casos, los otros ocho casos relacionados y los casos adicionales que probablemente se producirán en caso de que se levantara la suspensión de los litigios”, indica la moción.
El 7 de octubre, la Junta había solicitado al Tribunal Federal una prórroga de 14 días antes de que tome una decisión sobre las demandas. El Tribunal le dio una extensión hasta el 21 de octubre.
La Junta también pide al Gobernador que se abstenga de aprobar ninguna orden ejecutiva relacionada con la ley de moratoria o con la ley Promesa mientras esté vigente la protección contra litigios. También pide una serie de información, como la cantidad de dinero que se ha visto sujeto a la ley de moratoria y las órdenes ejecutivas; solicita “acceso inmediato y sin restricciones” a los funcionarios y asesores financieros del Gobierno; entregar antes del 30 de octubre las guías en el uso de efectivo, incluyendo la prioridad que se da a los pagos, así como la información solicitada el 5 y el 20 de octubre.
Según explica el abogado John Mudd en su proyecto “Control Board Watch”, con esta moción, la Junta quiere garantizar el cumplimiento por parte del Gobierno bajo pena de desacato. “Los jueces federales en Puerto Rico no son tímidos a la hora de hacer cumplir sus órdenes con la amenaza y, a veces, el encarcelamiento de funcionarios recalcitrantes, como han mostrado los jueces Gelpí y Fuste y han demostrado”, indica Mudd.
La Junta solicita una vista para dentro de 30 días para que el Gobierno y los acreedores informen sus progresos en las negociaciones que mantienen o han mantenido. “Con esto la Junta podría estar diciendo que el Gobierno, contrario a lo que reclama, no ha estado negociando con sus acreedores”, opina Mudd.
Los demandantes tienen hasta el 28 de octubre para oponerse a la petición de la Junta. “Esto demuestra que, contrariamente a lo que algunos han afirmado, la Junta no vino simplemente para ser una agencia de cobre”, añade el abogado, que opina que el juez Besosa, sin duda, le concederá la solicitud de intervención a la Junta y es probable que conceda la orden sobre la solicitud de informes del Gobierno. Que vaya a levantar la protección temporera contra litigios es otra cosa.
Los demandantes son: la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee Corporation; el fondo de cobertura Brigade Capital; bonistas individuales como Dionisio Trigo González; y el US Bank Trust National Association, banco que custodia la deuda de la Universidad de Puerto Rico. Los demandantes buscan que el juez Besosa declare inconstitucional la Ley de Moratoria firmada en abril de 2016. Los demandantes señalan que la suspensión de demandas de PROMESA no debe aplicar a sus demandas porque no están exigiendo el pago de deudas, sino declarar inconstitucional la Ley de Moratoria.
