Por Luisa García Pelatti
El pasado viernes, un grupo de fondos de inversión tenedores de bonos de Obligaciones Generales (GO’s, por sus siglas en inglés) acudieron al Tribunal Federal. Quieren evitar que se sigan enviando los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) a la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina), porque viola la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Es la primera demanda que enfrenta a bonistas: Go’s contra Cofina.
Los demandantes, Lex Claims, Jacana Holdings, MPR Investors, ROLSG, RRW y SL Puerto Rico Fund, cuestionan la estructura legal de Cofina y reclaman que la Constitución de Puerto Rico le da prioridad al pago de las Obligaciones Generales sobre cualquier otro gasto. Aunque los demandantes indican que con la demanda no busca el pago de la deuda, es obvio que quieren que los fondos de Cofina sean considerados como fondos disponibles para el pago de la deuda prioritaria.
Los cerca de $70,00 millones de deuda pública, incluyen $13,000 millones en deuda de Obligaciones Generales y cerca de $15,200 millones de deuda de Cofina. Desde que se declaró la moratoria en el pago de la deuda, los únicos que han cobrado han sido los bonistas de Cofina. El 1 de julio el Gobierno incumplió el pago de $780 millones de GO’s.
Cofina se nutre de los recaudo del IVU, que impone una tasa de 11.5% sobre las ventas. Del total de recaudos del IVU, 6.0% ingresan directamente a COFINA, 4.5% al Fondo General y 1% a los municipios.
Los demandantes cuestionan que en el presupuesto del 2017 se hayan asignado $800 millones en pagos al sistema de retiro de empleados, $150 millones más que en el presupuesto del año anterior; y que se hayan asigando $250 millones al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
39-1-proposed-second-amended-complaint
