Por Luisa García Pelatti
En marzo de 2013, el estado de Michigan nombró una junta de control fiscal (“Emergency Manager”) en Detroit, una ciudad que tenía una deuda de alrededor de $18,000 millones. La junta decidió privatizar algunos servicios como la recogida de basura, el alumbrado público, parques y hasta la colección de arte de la ciudad. Pero uno de los mayores problemas de la ciudad fue el suministro del agua, o más específicamente la ausencia de agua.
La junta de control que dirigía Kevyn Orr, el síndico nombrado por el estado, amenazó con privatizar la agencia que suministra agua y alcantarillado a la ciudad (“Detroit Water and Sewerage Department”, DWSD), altamente endeudada ($6,400 millones), sin recibir durante años las inversiones necesarias en infraestructura y con $364.7 millones en pérdidas entre 2007 y 2014. La sindicatura no redujo la deuda del DWSD, creó en septiembre de 2014 el Great Lakes Water Authority y puso el sistema de suministro de agua de la ciudad bajo control regional, por el pago de $50 millones al año.
Las comunidades suburbanas de Detroit inicialmente se resistieron a la regionalización de suministro del agua y responsabilizaron al alto nivel de delincuencia en las facturas del agua. En el 2014, casi la mitad de los clientes (residenciales y comerciales) del DWSD, 150,806 tenían atrasos en sus pagos de un total de 323,900 cuentas. Las cuentas por cobrar ascendía a cerca de $118 millones.
El “Emergency Manager” privatizó el servicio de corte de agua. Por $5.6 millones, contrató los servicios de una compañía de demoliciones (Homrich, Inc.) para que se hiciera cargo de cortar el agua a todos los clientes con más de 45 días de atraso en los pagos o más de $150 en deuda. La mayoría de estos clientes eran principalmente afroamericanos de clase trabajadora.
Hay que entender que en Detroit no había un programa que permitiera a los residentes de escasos recursos pagar de acuerdo con sus ingresos. Un plan para hacer el agua accesible se presentó en Detroit en el 2005, pero nunca fue implementado por el DWSD. Para muchos residentes de bajos ingresos de Detroit la factura del agua representaba entre 3% y 21% de sus ingresos familiares, por lo que el atraso en los pagos no era una negligencia, sino que el costo del agua no era asequible para ellos.
La ciudad de Detroit le cortó el agua a 30,000 residentes en el verano del 2014, a razón de 2,ooo cortes a la semana en lo peor de la crisis. En julio de 2014, 10 familias presentaron una demanda solicitando que se paralizaran los cortes de agua. El juez Stephen Rhodes, de la corte de quiebras, concluyó que el acceso al agua no es un derecho. Las comunidades resistieron los cortes de agua, bloquearon la llegada de los camiones de Homrich y organizaron marchas de protestas. Varios personas fueron arrestadas. Las comunidades lograron atraer la atención de los medios de comunicación nacionales y se aprobó una moratoria temporal de los cortes. En octubre de 2014, funcionarios de Naciones Unidas visitaron Detroit y acusaron a la ciudad de violar los derechos humanos de sus residentes con los cortes de agua. Todavía, a principios de este año, había 20,000 casas que no tienen agua, que sobreviven con donaciones de agua y ayuda de vecinos.
En diciembre de 2015, el estado de Michigan aprobó una medida para hacer accesible el agua a personas de bajos ingresos y proteger a ancianos, niños y personas con discapacidad contra los cortes de agua.
La crisis del agua agudizó el problemas de las viviendas vacías. Las deudas en el pago de la factura del agua se ataban al pago de las contribuciones de la propiedad, y si no se pagan durante tres años la vivienda era susceptible de ser ejecutada. Además, una vivienda que no tiene desconectado el servicio de agua se considera un obstorbo y debe ser demolida.
El componente racial en la crisis del agua
La mayoría de los clientes que tenían atrasos en sus facturas de agua eran principalmente afroamericanos de clase trabajadora, aunque también había muchos clientes blancos de bajos ingresos, como explica el colectivo “We the People of Detroit” en el documento “Mapping the Water Crisis”. En los suburbios de Detroit, las autoridades de otros municipios eran menos estrictos en su política de cortes de agua y algunos no contemplaban en absoluto realizar recortes. Estas diferencias hacen que la población afroamericana y de clase trabajadora de Detroit no solo acabe pagando tarifas de agua más altas que los ciudadanos blancos de clase media de los suburbios, sino que tenga que hacer frente a mayor penalidades por atrasarse en los pagos de sus facturas de agua.
El caso de Flint
Flint, una ciudad a 106 kilómetros al noroeste de la ciudad de Detroit, se ha hecho tristemente conocida por los graves problemas de la calidad del agua. La ciudad es un ejemplo del peligro del poder que concentran las juntas de control fiscal en las ciudades con problema financieros. Para ahorrarse dinero, la junta de control fiscal en funciones en la ciudad desde el 2011, decidió cancelar el contrato que tenía con el DWSD y en el 2014 empezó a usar agua tratada del río Flint sin darle el tratamiento adecuado para el consumo humano. El “Emergency Manager” no escuchó las quejas de los ciudadanos sobre la calidad del agua.
Según los resultados de un grupo de trabajo nombrado por el estado de Michigan, la crisis fue el resultado del “fracaso, la intransigencia, la falta de preparación, el retraso, la inacción y la injusticia ambiental del gobierno”. El informe responsabiliza también a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), al Departamento de Salud del condado y, especialmente, a la ley que crea el “Emergency Manager”, que otorga a los funcionarios nombrados por el estado (no elegidos por los ciudadanos) el control de las ciudades con problemas financieros, por permitir que la crisis se saliera fuera de control.
El grupo de trabajo recomienda que se revalúe la ley que crea las juntas de control fiscal, ante las críticas que exigen que se establezcan controles que limiten el poder de estos gestores. El “Emergency Financial Manager Reform Act” del 2016 propone retener ciertos fondos federales a los estados donde las juntas de control fiscal no proteja a las ciudades en contra el deterioro de la seguridad pública o los efectos discriminatorios del derecho al voto.
