Foto: Dennis Rivera|Centro de Periodismo Investigativo
Por Joel Cintrón Arbasetti | Centro de Periodismo Investigativo
“El Banco Gubernamental de Fomento es un cubo de hielo que se está derritiendo”, dijo Bradley Meyer sobre la situación de liquidez de la entidad que desde el 1942 financió la infraestructura económica de Puerto Rico. Meyer es blanco, rubio, de unos 35 años, mantiene el semblante rígido y luce seguro, pero no puede evitar mover la cabeza hacia el lado cuando le molesta alguna pregunta del abogado que lo interroga.
El abogado es Michael Williams, del bufete Kirkland and Ellis, contratado por el gobierno de Puerto Rico para defenderse de cuatro demandas que fueron consolidadas y que terminaron en vistas celebradas el jueves 22 y el viernes 23 de septiembre en el Tribunal Federal de Puerto Rico, frente al juez Francisco Besosa.
Aunque la tensión entre los bandos era obvia y el país recién despertaba con un apagón monumental, la mañana del primer día de vistas comenzó relajada, con el juez federal Besosa enumerando en tono burlón las relaciones potencialmente conflictivas que tiene con algunos de los abogados que representan a la parte demandante; como el bufete Adsuar, Muñiz, Goyco, Seda & Pérez-Ochoa, del que Besosa fue socio fundador y que representan en este caso a la aseguradora de bonos National Public Finance Corporation. En son de broma, desde lo alto del estrado, el juez Besosa preguntó a los abogados de esa firma si en verdad pensaban ganar el caso cuando Pérez-Ochoa le había quitado su puesto en ese bufete.
Además de National Public Finance Guarantee Corporation, el caso lo radicaron un grupo de fondos de cobertura encabezados por Brigade Capital; bonistas en su carácter individual liderados por el inversionista Dionisio Trigo González y el US Bank Trust National Association, banco que custodia la deuda de la Universidad de Puerto Rico. Los demandantes buscan que el juez Besosa declare inconstitucional la Ley de Moratoria firmada en abril de 2016 y que ha permitido al gobierno operar con el dinero que hubiese ido al pago de sus deudas a bonistas, y que no fue incluido en el presupuesto público de este año.
Pero antes deben lograr que Besosa suspenda la protección contra demandas al gobierno por cobro de deudas que establece la ley PROMESA. Los demandantes argumentan que la suspensión de demandas que establece la ley federal en su sección 405 no debe aplicar a sus demandas porque no están exigiendo el pago de deudas, sino que lo que piden es que el juez declare inconstitucional la Ley de Moratoria, para que el gobierno tenga que transferir dinero de su presupuesto a las cuentas que se separan para pagar a los acreedores.
Que el gobierno de Puerto Rico se está escondiendo detrás de la suspensión de litigios de PROMESA, que mientras se toma una decisión por parte de la Junta de Control Fiscal el gobierno se está llevando el dinero de los bonistas día tras día, o que se debe sacar de la mesa de negociación de la Junta de Control Fiscal la decisión sobre la Ley de Moratoria, eran algunos de los reclamos de los demandantes, que varias veces terminaban sus argumentos casi rogando al juez: “Please, decide”.
Una de las preguntas planteadas en el juicio fue: ¿qué nivel de servicios esenciales es necesario mantener?
Williams, casi siempre con el mentón erguido, pidió al juez que mantenga vigente la protección contra demandas que beneficia, por ahora, al gobierno, para que cuando la Junta de Control Fiscal entre en función pueda tomar control de las negociaciones de deuda a través de las opciones que ofrece la ley PROMESA, y que fueron creadas para circunstancias excepcionales. Esa alternativa no pareció agradar el juez Besosa, quien preguntó al abogado del Estado por qué debía esperar por la Junta de Control Fiscal, que podría tardar hasta luego de mayo de 2017 para entrar en funciones, si ya tiene el caso ante sí.
Williams y otro abogado de Kirkland and Ellis, Peter A. Farrell, junto a Salvador Antonetti Zequeira y José L. Ramírez Coll del bufete Antonetti Montalvo y Ramírez Coll, argumentaron en diferentes momentos que el grupo de demandantes no representa a todos los bonistas del gobierno y que no deberían ser tratados de forma especial, porque se les estaría beneficiando.
“¿Usted concuerda conmigo en que el grupo Ad Hoc (de bonistas) del BGF no está en una posición distinta a otros acreedores para propósitos de una reestructuración, verdad?”, preguntó Williams a Meyer.
“Eso no es verdad”, contestó Meyer.
“¿En qué sentido no es verdad?”, respondió Williams, quien en ocasiones se agarraba las manos detrás de la cintura y levantaba aún más el mentón para escuchar las argumentaciones.
“Como he dicho en varias ocasiones, el BGF es un cubo de hielo que se está derritiendo, su liquidez ha bajado aproximadamente de $900 a $160 millones en un año, a diferencia de otras entidades o de otros emisores que no tienen las mismas características que las del BGF”, contestó Meyer.
Si hace dos años Meyer no hubiese cambiado de patrono, tal vez hubiese estado testificando del otro lado.
Entre 2012 a 2014, Meyer fue director ejecutivo en Millstein and Co., la firma que funge actualmente como principal asesora en reestructuración del gobierno y que busca llegar a acuerdos con los bonistas. Ahora Meyer es socio y trabaja en la división de asesoría financiera del banco de inversión Ducera Partners, con el que desde julio de 2015 asesora al grupo Ad Hoc de bonistas del BGF, compuesto por los fondos buitre Avenue Capital, Brigade Capital, Claren Road, Fir Tree, Fore Research y Solus Alternative, quienes en conjunto poseen alrededor de $950 millones en notas del BGF, según Meyer.
El asesor financiero que ahora funge como testigo lideró los esfuerzos de reestructuración de parte de los fondos de cobertura frente a sus exsocios de Millstein & Co., en un negociación que fracasó presuntamente por la firma de la Ley de Moratoria y dos enmiendas que las bonistas demandantes sostienen que favorecen a las cooperativas de Puerto Rico.
En la mesa de los abogados demandantes había nueve hombres y una mujer. Detrás de la baranda que separa el estrado de los banquillos, el grupo de abogados, asesores y testigos en gabán oscuro se extendía hasta ocupar cuatro de las seis filas del ala derecha de la sala del Tribunal. Durante los dos días de vistas, se pasaron papelitos amarillos con mensajes y documentos que sacaban de carpetas de argollas que no cabrían en una gaveta; estaban dentro de cajas de cartón que abarcaban la parte de abajo de los banquillos. De vez en cuando se distrajeron con los celulares, algunos se durmieron, pero la mayor parte del tiempo observaron atentos, se molestaron o celebraron como fanáticos que asisten a ver su deporte favorito, solo que más bajito y sin refrigerios.
Del lado de los grandes fondos de cobertura, había también bonistas de menor categoría que buscan recibir su pago. Entre ellos Rafael Rojo, expresidente de la Asociación de Constructores de Hogar, supervisor de proyectos de la desarrolladora VRM y presidente de la Junta de Directores de Bonistas del Patio. Durante su comparecencia el jueves como testigo de la demanda incoada por un grupo de bonistas encabezado por el inversionista Trigo González, Rojo declaró que posee $2.5 millones en bonos del BGF.
Rojo llegó después de mediodía y se sentó en el banquillo junto al economista Carlos Colón de Armas, quien al día siguiente, como testigo también del caso de Dionisio Trigo, argumentó que el gobierno tiene dinero para proveer servicios y pagar sus deudas. El contrapunto a su argumento lo trajo la primera testigo del Estado, Yaimé Rullán, secretaria auxiliar del Departamento de Hacienda, quien dijo que tan pronto saliera del Tribunal debía ir al Banco Popular, donde el gobierno transfirió las cuentas del BGF, para autorizar pagos a agentes de la policía debido a que la cuenta del Departamento de la Policía se había sobregirado.
“La crisis es real, la veo todos los días”, declaró Rullán, la única testigo que declaró en español durante las vistas.
El segundo día, un bajón de luz hizo que fallara el sistema computarizado de los transcriptores de las vistas. La espera para restablecer las computadoras no duró mucho; en la sala blanquecina, iluminada por cuadros de luces que ocupan casi todo el techo, apenas se reflejaba el caos de afuera tras un apagón que dejó sin servicio eléctrico a la mayor parte del país.
Los abogados de los demandantes llegaban juntos en guaguas negras y eran recibidos y despedidos por un grupo de manifestantes del Campamento contra la Junta que se estableció en los predios del Tribunal desde el 29 de junio, cuando el presidente de Estados Unidos Barack Obama firmó la ley PROMESA.
Coreaban “buitres” a los abogados que salían del tribunal, sin distinguir si eran defensores del gobierno o de los fondos de cobertura, los cuales aterrizaron de forma silenciosa en Puerto Rico en 2014 atraídos por los bonos chatarra del gobierno y que ahora están en la fase que mejor los define como fondos buitre a nivel global, desde Argentina hasta la Organización de Naciones Unidas: las afrentas judiciales.
¿Alguna vez lo había recibido una protesta al salir de un juicio?
“No”, contestó Jonathan D. Polkes, del bufete Weil, Gotshal & Manges, que representa al grupo de demandantes encabezados por Brigade Capital. Luego de escuchar la traducción al inglés de una de las consignas del grupo, “la gente antes que la deuda”, sonrió, continuó su paso acelerado y se montó junto a la enjambre de abogados que los esperaba dentro de la guagua negra, la mayoría riendo y grabando con sus celulares la protesta, como si el grupo los estuviese vitoreando en vez de insultando.
Cuando estuvieron todos a bordo, el chofer arrancó dejando caer las pancartas que los manifestantes sostenían contra los cristales de la guagua. No tendrán que volver por el momento, la decisión del juez Besosa será emitida en por lo menos 30 días.
