Por David R. Martín*
Esta semana la Comisión Europea ordenó a Apple — la empresa que fabrica el iPhone — a pagar unos $14,500 millones en impuestos dejados de cobrar por Irlanda durante una década. Al igual que Puerto Rico, Irlanda es uno refugio contributivo. La multinacionales utilizan a estas jurisdicciones de bajos impuestos para acumular vastas sumas de ganancias. Estas ganancias frecuentemente no son producto sustancial de una verdadera actividad económica realizada en dicha jurisdicción, sino de una ficción contabilista y legal.
En vista de este abuso, los países industrializados — incluyendo EEUU — cada día idean estrategias nuevas para alcanzar y tributar estas ganancias almacenadas en los llamados paraísos fiscales. El interés ha llegado a tal extremo que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) — de la cual EEUU es también miembro — ha aprobado un plan formal para combatir a los refugios fiscales. Por su parte, EEUU acaba de proponer una nueva reglamentación para contrarrestar la expatriación de empresas.
Cerca del 50% del producto interno bruto de Puerto Rico consiste en las actividades de las firmas multinacionales que gozan de exenciones contributivas.
La pregunta insoslayable para nosotros es: ¿Qué va hacer Puerto Rico cuando ya no puede servir como refugio contributivo?
Esta pregunta es clave para todo candidato o candidata a la gobernación. Es la pregunta más importante que tenemos que hacernos si queremos desarrollar una economía sobre bases sólidas y tener suficientes recaudos para operar un país moderno y competitivo.
Yo tengo mi propia contestación que expongo en mis dos libros: “Puerto Rico: El Manual de Rescate Económico” y “Puerto Rico: Su Futura Economía de Entretenimiento”. En resumidas cuentas, tenemos que acabar con las exenciones contributivas y dedicarnos a una economía de entretenimiento en gran escala y otras actividades verdaderamente competitivas sin exenciones.
Por más de 60 años, los incentivos contributivos han sido nuestra estrategia principal de desarrollo económico. Y esto es, a mi juicio, el defecto básico de nuestra economía y la raíz fundamental de la insolvencia del gobierno.
Hace ya más de 25 años cuando comencé mi carrera como abogado en uno de los bufetes principales de Hato Rey. En aquel tiempo durante los finales de la década de 1980, no pasaba una semana sin que los diarios reportaran la más reciente amenaza a la famosa “936”. Para aquellos que desconocen el tema, la 936 se refería a una sección del Código de Rentas Internas de EEUU. Esta disposición permitía la repatriación de ganancias de las corporaciones americanas libres, o casi libres, de impuestos. Agregando los incentivos directamente concedidos por Puerto Rico, estas empresas pagaban pocos — y en algunos casos ningunos – impuestos en ningún lugar.
Recuerdo un viernes por la tarde durante un coctel del bufete donde comencé me carrera. Como un joven abogado de 27 años, tuve el atrevimiento de preguntarle a unos socios principales — que en paz descansen — ¿Qué iba hacer Puerto Rico si desaparecía la 936?
Con la gracia y el tacto de abogados experimentados, esquivaron mi pregunta. En vez, me hablaron sobre lo que Puerto Rico tenía que haber hecho durante las cuatro décadas que la isla recibía estos subsidios contributivos federales. La idea detrás de la 936 (y los programas anteriores) era de crear una base autóctona de manufactura mediante la adquisición de tecnología, conocimientos y destrezas especializadas. Con sus comentarios, estos veteranos de la abogacía corporativa reconocieron implícitamente que los resultados esperados nunca se materializaron. Y sobra decir que de allá para acá, tampoco se hicieron realidad estas esperanzas.
Ahora una década después de la desaparición de la 936, vemos otra amenaza distinta y más contundente a nuestra estrategia principal de desarrollo. Esta amenaza debe ser evidente para todos: Los refugios fiscales tienen sus días contados. No podemos repetir el mismo error.
Tenemos que contestar la misma pregunta: ¿Qué hacemos?
* El autor es abogado corporativo y autor de Puerto Rico: El Manual de Rescate Económico (2013).
