Por Luisa García Pelatti
El 1 de julio se vencen pagos de deuda pública que suman alrededor de $2,000 millones, una cifra que el Gobierno de Puerto Rico ya ha dicho que no puede pagar. El gobierno ya ha dejado de pagar cantidades menores de su deuda en tres ocasiones desde el verano pasado, pero éste sería el mayor incumplimiento de pago en el mercado de bonos municipales en la historia.
El Gobierno está pendiente del Senado de Estados Unidos, que se espera que hoy, miércoles, vote una medida que le permitiría reestructurar su deuda, ya que no tiene derecho a acogerse a la Ley de Quiebra de Estados Unidos ni ha crear una propia. A cambio, el Gobierno tendrá que ceder poderes como por ejemplo controlar el presupuesto. La medida necesita el apoyo de 60 senadores.
La medida podría presentarse a votación hoy, miércoles, por la noche, y si hay objeciones moverse al jueves.
Desde la Casa Blanca se ejerce presión para que el Senado apruebe la medida antes del viernes y ayer, el portavoz del presidente Barack Obama, dijo que si el Congreso no actúa Puerto Rico necesitará un rescate (“bailout”), una palabra de la que los republicanos no quieren ni oír hablar. El martes, el Secretario del Tesoro, Jack Lew, se reunión con los demócratas que se oponen a la medida.
La medida fue aprobada a principios de este mes por una Cámara de Representantes controlada por los republicanos, que se habían opuesto inicialmente a la medida porque les “olía’ a “bailout”. Ahora en el Senado, los demócratas cuestionan los poderes de una junta de control fiscal que reduce los poderes del gobierno de la Isla.
Ayer el senador demócrata Bernie Sanders, calificó la medida para solucionar la crisis fiscal en Puerto Rico como “colonialismo de la peor clase”. Cree que la legislación favorecerá a los llamados “fondo buitres” a expensas de una población puertorriqueña cada vez más empobrecida. Criticó que Puerto Rico tenga que hacerse cargos de los $370 millones que costaría la junta de control fiscal que impondría la nueva legislación y que estaría en funciones durante cinco años.
Robert Menéndez, senador demócrata por New Jersey y una de las voces más críticas con la legislación, propone cambios a la medida, aunque eso signifique aprobarla después del 1 de julio. Defiende que como la legislación contiene protección retroactiva contra las demandas por impago el Senado tendría más tiempo para analizar la medida. Sin embargo, el Secretario del Tesoro ha advertido que no se podrán evitar todas las demandas a partir del 1 de julio. Menéndez presentó ayer sus argumentos en contra de la medida durante un discurso de cuatro horas en el Senado.
En Puerto Rico, los que se oponen a la junta de control fiscal utilizan este argumento de que no se podrán evitar las demandas a partir del 1 de julio. “Nada hay que impida que los acreedores no negocien voluntariamente durante el periodo de gracia (hasta febrero 2017), vayan directamente al tribunal y un juez federal puede determinar el orden de prioridad en el pago de servicio de la deuda pública. La garantía constitucional precisamente hace eso y da prioridad a las obligaciones generales antes que el pago de servicios públicos”, explica Heidie Calero, presidenta de H. Calero Consulting Group.
Sin embargo, en Puerto Rico hay muchos que ya se ha resignado a tener la Junta de Control, como si no hubiera más opciones. Si inevitablemente vamos a terminar en las manos de un juez federal, con junta o sin ella, algunos rechazan la humillación de sustituir a funcionarios electos en Puerto Rico por siete personas que no tienen necesariamente interés en Puerto Rico. Y además, la junta nos va costar $370 millones.
La firma de inversiones Charles Schwab, en una nota a clientes, no cree que el “default” de Puerto Rico vaya a afectar de forma significativa al mercado de bonos municipales en Estados Unidos. “Los problemas de Puerto Rico se han estado discutiendo desde hace tiempo, lo que le ha dado tiempo a los mercados para prepararse para una potencial incumplimiento de pago. Además, los defaults previos y las declaraciones del gobernador señalando que la deuda no se puede pagar no han tenido un efecto importante en el mercado municipal de bonos”, opina la firma.
