Por Luisa García Pelatti
La visita esta semana del congresista James Sensenbrenner ha dejado claro que el Congreso de Estados Unidos ya está trabajando en un proyecto para establecer una junta de control fiscal, pero persiste la incertidumbre sobre el alcance de la medida. ¿Cuáles serán las funciones de esa junta? ¿Quiénes serán sus miembros y cómo se van a seleccionar? Tampoco se sabe si se logrará aprobar antes del 1 de abril, a tiempo para evitar un incumplimiento de pago en el mes de mayo. Lo que está claro es que, como decía el propio Sensenbrenner, no nos va a gustar. La junta podría tomar la decisión de despedir empleados públicos y cancelar contratos, y, todo parece indicar, que no vendría acompañada de ninguna medida de estímulo económico. Pero con todo, el peor escenario no sería ese, sino el incumplimiento de pagos en mayo o en julio. Sería el primer gran “default” y sería catastrófico.
Miguel Soto Class, presidente del Centro para una Nueva Economía (CNE), y Sergio Marxuach, director de política pública, tras reunirse con Sensenbrenner esta semana señalaron que la Cámara de Representantes de Estados Unidos trabaja en una medida pero que no hay garantías de que llegue a aprobarse. El proyecto para reestructurar la deuda incluiría un periodo de probatoria y paralizaría los posibles litigios.
Lo que es clave es saber cuáles serán las funciones de la junta que se cree. Si Puerto Rico pierde la injerencia en política fiscal el gobierno que salga de las próximas elecciones será un gobierno administrador, con escasos poderes. Puerto Rico ya no tendría ni política fiscal ni política monetaria.
Soto Class explica que el proyecto del Congreso de Estados Unidos se va a legislar utilizando la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que le otorga amplios poderes, por encima de la Constitución de Puerto Rico. “Esto tiene efectos colaterales porque abre la caja de Pandora que es el estatus”.
Una junta federal solo va a tener en cuenta sus propios intereses y no los de Puerto Rico, advierte Soto Class. Y aunque hay puertorriqueños que apoyan la junta, lo hacen sin saber qué está apoyando y “puede ser que vivían para arrepentirse porque no saben lo que puede venir por ahí”, apunta Marxuach.
“Si sacan un borrador antes del 31 de marzo, esa sería una señal de que se está haciendo algo”, opina el presidente del CNE, un “think tank” independiente dedicado a la investigación y el análisis de política pública en temas relacionados al desarrollo económico.
El temor del CNE es que se apruebe un proyecto que no incluya medidas que estimulen el crecimiento de la economía o al menos permitan amortiguar las medidas de austeridad. O peor aún, que llegue el 1 de mayo y no se haya hecho nada. Sensenbrenner se mostró inclinado a presentar una medida que permita a la Isla reestructurar su deuda y hacer todo lo posible por evitar un “default”. Pero cualquier estímulo para el crecimiento de la economía y la estabilización fiscal se dejaría para después.
Sergio Marxuach cree que los republicanos van a tener que buscar apoyos de los demócratas para lograr aprobar el proyecto en la Cámara de Representantes. “Por las conversaciones que hemos tenido en Washington, cualquier cosa que presente la administración que incluya reestructuración va a tener entre 45 y 60 republicanos en contra”. Para conseguir el apoyo de algunos demócratas van a tener que “tirar algo dulce”. Y eso dulce podría ser algo como el programa de Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (EITC, por sus siglas en ingés), aunque su alcance sea más limitado a lo propuesto originalmente por la administración de Obama.
Pero el panorama en el Senado es aún más complicado porque un sólo senador podría paralizarlo todo, y se necesitan seis republicanos que voten con los republicanos para que vaya a votación. Va ser difícil conseguir algo que tenga que ver con crecimiento económico o que nos ayude a estabilizar la economía en el corto plazo.
Un escenario es que no se apruebe ninguna ley y se produzca un incumplimiento de pago con todas sus consecuencias. Un segundo escenario es que la Casa Blanca consiga que algunos demócratas voten a favor de la medida. El peor escenario sería no poder hacer una reestructuración de la deuda. En ese caso el Banco Gubernamental de Fomento no podría pagar, y si por alguna razón lograra hacer el pago de mayo no habría dinero para pagar en julio. Empezarían las demandas y se podrían congelar cuentas del gobierno en los bancos; entonces no se podría pagar a los suplidores y empleados, con el efecto nefasto sobre la economía.
“Es posible que Puerto Rico se quede sin nada. Si los intereses económicos (en Puerto Rico) se quedan tranquilos va a ser difícil conseguir algo más”. Hay una última oportunidad de conseguir algo más favorable si todos (políticos y sector privado) en Puerto Rico se unen y llevan un mensaje único a Washington. Pero Soto Class considera frustrante que se siga con la “política chica” mientras se avecina lo que califica como un “tsunami”.
En el CNE creen que todavía se puede evitar el peor escenario y que para lograr algún resultado a favor de Puerto Rico se necesita que todos los sectores vayan unidos a Washington, con una sola voz, sector privado, gobierno, candidatos y los puertorriqueños que residen en Estados Unidos.
En ese sentido, el CNE va ampliará su presencia en Estados Unidos, particularmente en Washington DC, donde establecerá una oficina y empezará a cabildear a favor de Puerto Rico. Defiende que se necesita una voz independiente que no represente a los bonistas ni al gobierno en el debate, y que ahora el eje de la discusión está en Washington.
