Por Luisa García Pelatti
La reestructuración de la deuda sería más justa para los inversionistas tradicionales si el intercambio de deuda que propone el Gobierno no incluyera una quita y se hiciera utilizando el precio a que se compraron los bonos originalmente (“Entry Point”). Eso es lo que proponen las cooperativas, según un documento dirigido al Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos al que ha tenido acceso SIN COMILLAS. Las cooperativas explican que la propuesta favorece a los inversionistas especulativos y causa un mayor daño entre los inversionistas tradicionales o a los que compraron al precio original, por lo que proponen una estructura de precios más justo.
En el documento de 10 páginas, con fecha del 25 de febrero, las cooperativas de ahorro y crédito no se oponen a que le se permita al Gobierno de Puerto Rico acceder al Capítulo 9, pero consideran que primero deben agotarse todos los esfuerzos. Respecto a la creación de una junta federal de control fiscal opinan que este organismo debe respetar la Constitución de Puerto Rico.
Las cooperativas entienden que la propuesta del Gobierno, que propone un intercambio voluntario de los bonos actuales por dos tipos de bonos (un “bono base” con una tasa de interés fija y un “bono de crecimiento” que se pagarán sólo si los recaudos del Gobierno exceden ciertos niveles) provocará fuertes pérdidas entre los inversionistas puertorriqueños, que serían proporcionalmente mayores que las pérdidas de los inversionistas de Estados Unidos. Los inversionistas especulativos que compraron los bonos a precios más bajos no debería ser tratados en los mismo términos que los inversionistas que compraron los bonos a su precio original.
Estiman que la propuesta del Gobierno provocaría una pérdida del 57% del valor par de los bonos en manos de los inversionistas de Puerto Rico, lo que generaría una pérdida de capital de $7,700 millones en la economía. Esta pérdida de capital se sumaría a la ha ocurrido durante los últimos 10 años de recesión económica, que se calcula estaría entre los $60,000 millones y los $70,000 millones.
El documento ha sido elaborado por la firma de abogados Sosa Lloréns Cruz Neris Asociaciones, que representa a 25 de las mayores cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico. Estas cooperativas cuentan con 539,287 miembros, tienen más de $4,800 millones en activos, que representan el 56% de los activos del sistema financiero en la Isla.
