Por redacción de Sin Comillas
Las compañías acogidas a la Ley 20 han reportado ingresos de casi $1,2oo millones, con un ingreso neto de $563 millones, lo que representa unos $34 millones en recaudos fiscales por concepto de impuestos corporativos. Por otro lado, Ley 22 ha tenido un impacto de $266 millones en la inversión en bienes raíces, mayormente en Dorado, Humacao, Río Grande y Condado. Un 89% de los inversionistas acogidos a la Ley 22 provienen de Estados Unidos y un 11% vienen de Venezuela, Reino Unido y España, entre otros países. Las leyes de incentivos podrían generar más de 56,000 empleos en un periodo de 10 años.
Los datos provienen de un estudio, elaborado por la compañía Estudios Técnicos Inc., que concluyó que mantener el programa de incentivos de las leyes 20 y 22 podría beneficiar más a la economía local si se logran capturar los efectos derivados de estos decretos. “Estas políticas, combinadas con otros esfuerzos que garanticen efectos derivados más amplios, tienen enorme potencial de promover desarrollo económico dentro de una economía orientada a la exportación.”, sostuvo José J. Villamil, principal oficial ejecutivo de Estudios Técnicos Inc.
Hasta noviembre de 2015 el gobierno había aprobado 328 decretos bajo la Ley 20 de Exportación de Servicios y 574 decretos bajo la Ley 22 para Incentivar el Traslado de Inversionistas. Ambas leyes entraron en vigor en el 2012.
La mayoría de los decretos otorgados bajo la Ley 22 son para consultores, comerciantes, emprendedores e inversionistas, particularmente del mundo financiero. Las compañías acogidas a la Ley 20 son la consultoría relacionada con servicios financieros, publicidad y relaciones públicas, servicios financieros, gerencia centralizada, servicios profesionales (legales, impuestos y contabilidad), desarrollo de software e ingeniería y producción de diseños de construcción. Un 20% aproximado de las compañías con decretos son locales y un 80% extranjeras. Más de la mitad de las exportaciones son al mercado estadounidense, seguido por el mercado dominicano y mexicano.
“La exportación de servicios genera oportunidades de empleo de alta calidad e inversiones de alto valor añadido. El promedio anual de pago de nómina ronda los $45,000 por empleo. Las compañías tenían una nómina total de $137.1 millones. Este estimado de nómina incluye 7,033 empleos directos, indirectos e inducidos. El empleo en la industria de servicios técnicos aumentó a 6.4% entre el 2012 y el 2014, lo que podría atribuirse a las leyes 20 y 22, ya que muchos de los inversionistas acogidos a estas leyes se dedican a ofrecer ese servicio. Otra gran parte de la inversión de las nuevas compañías que se establecen en la Isla ha sido en bienes raíces”, dijo Villamil.
Se estima que para el 2024 se sumarán 3,500 decretos de Ley 20 que generarían 44,656 oportunidades de empleo. El pago de nómina se estima en $3,100 millones y el impuesto corporativo en $800 millones. “Las actividades de exportación que promueve la Ley 20 ofrecen gran potencial para la economía local debido al alto grado de movilidad de la economía de servicios. El impacto económico de los recaudos de la Ley 20 podría representar alrededor del 1% del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico.” añadió el economista.
“La actividad de las compañías acogidas a la Ley 22 ha generado unos 2,483 nuevos empleos en la Isla. El gasto potencial total para todos los que tienen decreto asciende a más de $73 millones. Se estima que para el año 2024 habrá aproximadamente 4,000 decretos aprobados que podrían generar 11,945 nuevos empleos. El valor en bienes raíces adquiridas se estima en $1.7 billones y el gasto potencial de los inversionistas en más de $830 millones”, agregó Villamil.
Entre las recomendaciones para generar mayor crecimiento económico con el apoyo de estas leyes, el estudio destaca las siguientes: revisar los requisitos de creación de empleos e inversión para las leyes 20 y 22; incentivar que más compañías locales obtengan decretos; redirigir la Ley 20 a un marco más amplio de desarrollo de start ups locales; usar la Ley 22 para incentivar la llegada de emprendedores extranjeros que se dediquen a las actividades elegibles para tener decreto de la Ley 20.
