Por redacción de Sin Comillas
Dos aseguradoras de bonos de Puerto Rico presentaron el jueves una demanda en el Tribunal Federal de San Juan señalando que la retención de $163 millones, el llamado “claw back”, viola la constitución de Estados Unidos.
Las compañías demandantes son Assured Guaranty y Ambac Financial, que buscan que el tribunal impida usar los fondos presupuestados para pagar el servicio a la deuda de ciertas corporaciones públicas para pagar otras deudas del Gobierno. Estas retenciones se conocen en inglés como “claw back”. Las aseguradoras deben hacer frente al pago de principal e intereses de la deuda cuando el Gobierno de Puerto Rico deja de pagar.
Estas aseguradoras habían enviado a finales de diciembre una carta al Gobernador de Puerto Rico y otros funcionarios del Gobierno señalando que consideran ilegal el “claw back” de los ingresos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Las compañías asegura $863 millones en bonos de AFI. El Gobierno incumplió el pago de $36 millones de AFI que se venció el 1 de enero.
Una Orden emitida por el Gobierno a principios de diciembre retiene parte de los ingresos asignados a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) que se usarán para el pago de la deuda pública. La Orden también decreta que la Compañía de Turismo tendrá que transferir parte de los ingresos recaudados (el impuesto de las habitaciones de hotel) para el pago de ciertas deudas de la Autoridad del Distrito de Convenciones al Departamento de Hacienda para el pago de la deuda pública. En total los ingresos retenidos o transferidos ascenderán a $329 millones entre los meses de diciembre y julio.
Las aseguradoras ya habían advertido que consideran que el “claw back” es ilegal y que es aún más preocupante el uso de $94 millones de AFI antes de que se aprobara la orden ejecutiva. Por ello solicitaron al Gobierno la transferencia de $117 millones al fondo de AFI o de lo contrario tomarían “las acciones necesarias”. Los bonos de AFI están respaldados por el impuesto al ron.
Ambac Financial asegura alrededor de $1,100 millones en bonos de Puerto Rico de las corporaciones sujetas al “claw back”, mientras que Assured Guaranty tendría asegurados unos $1,500 millones en deuda de esas corporaciones. En total, las dos compañías aseguran unos $8,000 millones en deuda de Puerto Rico.
“Tal y como habíamos advertido repetidamente, el Estado Libre Asociado fue demandado anoche por dos aseguradoras de Wall Street”, confirmó el gobernador Alejandro García Padilla en declaraciones remitidas por escrito. “Esta acción provocará una carrera de acreedores a los tribunales para reclamar que ELA cumpla con sus pagos, a pesar de que no contamos con un andamiaje legal para resolver esta inminente crisis de litigación. Los acreedores de Puerto Rico pronto van a enfrentarse a un procedimiento en el que no cuentan con un estado de Derecho donde sus reclamaciones se atiendan de manera organizada. Esa realidad nos coloca ante un escenario incierto para todas las partes. Es lamentable que el Congreso de los Estados Unidos no haya tomado acción aún para establecer un proceso ordenado de reestructuración de nuestra deuda que sea positivo tanto para ELA como para los acreedores. Dicha acción congresional no representa costo alguno para los contribuyentes de los Estados Unidos”, añadió.
García Padilla lamenta que “el Congreso, que responde a los cabilderos de Wall Street”, haya ignorado la crisis y haya preferido que “los 3.5 millones de ciudadanos americanos de la isla y sus acreedores entren en un caos”.
Advirtió que “el Congreso todavía puede evitar que esta crisis humanitaria que está a punto de suceder se salga de control, si aprueba inmediatamente el Puerto Rico Emergency Financial Stability Act of 2015 que presentó en diciembre la representante Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso, y los senadores Reid, Warren, Blumenthal y Schumer, y concediéndole a Puerto Rico una facultad amplia de reestructuración de sus deudas. El pueblo de Puerto Rico merece acción rápida y decisiva del Congreso”.
Por su parte, Dominic Frederico, principal oficial ejecutivo de Assured, comentó en declaraciones a The Wall Street Journal que Puerto Rico está ignorando las prioridades sobre el pago de la deuda que establece la Constitución de la Isla y señalan que el desvío de los fondos de una deuda para pagar otra es ilegal.
Nader Tavakoli, presidente ejecutivo de Ambac, responsabilizó al Gobierno de Puerto Rico por tratar de culpar a los acreedores de sus problemas fiscales y estructurales con el objetivo de lograr la aprobación retroactiva del vigencia del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra.
