Por Luisa García Pelatti
La liquidez del Gobierno mejorará a lo largo del mes de enero, cuando empiecen a entrar en el Fondo General los ingresos provenientes del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) después de que se hayan apartado los fondos para el pago de la deuda de Cofina (Corporación para el Fondo de Interés Apremiante). Sin embargo, la mejora de la liquidez será sólo momentánea y volverá a deteriorarse. En mayo se vence el pago de unos $400 millones y alrededor de $2,000 millones en julio.
Standard & Poor’s (S&P) degradó el 5 de junio la deuda de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) de “CC” a “D” (“default”) después de que el Gobierno decidiera no pagar los $35.9 millones de la deuda de AFI que se vencieron el 4 de enero. La agencia clasificadora de deuda considera que el incumplimiento de ese pago fue una decisión deliberada del Gobierno, podía pagar pero decidió no hacerlo, aunque reconoce que en el largo plazo la situación financiera del Gobierno es grave.
En un informe publicado el 4 de enero, S&P opina que la decisión de no pagar la deuda de AFI y sí la de GO no se tomó a la ligera ante el riesgo de posibles litigios y refleja la delicada situación de la liquidez y no se tomó a la ligera. Según S&P, la decisión de no hacer el pago de AFI de enero muestra la resistencia del Gobierno a incumplir el pago de los GO, que tienen garantía constitucional.
El incumplimiento es también una advertencia a los acreedores que deben sentarse a la mesa a negociar y es, además, una forma de demostrarle al Congreso de Estados Unidos que necesita ayuda. Porque aunque por ahora sólo ha dejado de pagar una porción pequeña de la deuda, se están redirigidos los fondos (“claw back”) que respaldan otras obligaciones financieras (Autoridad de Carreteras y Transportación, AFI y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones) para pagar la deuda constitucional. Ya se han redirigido aproximadamente $163 millones.
Las primeras demandas podrían estar a punto de llegar. S&P cree que los tenedores de bonos de AFI cuestionarán en los tribunales la decisión del Gobierno de redirigir los ingresos de los arbitrios del ron para pagar los GOs y $120 millones en el bono de Navidad de los empleados públicos.
