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Por Luisa García Pelatti

Pagar la totalidad de la deuda es posible, pero en todo caso, el gobierno debería proteger sus deudas más importantes (Obligaciones Generales y Cofina) porque de esa forma podría recuperar el acceso a los mercados de capital y restringir la renegociación de la deuda a emisores específicos y por cantidades limitadas. Quien llega a estas conclusiones es Manuel Moreda, de X2 Capital (XSquare Capital), quien analizó el Plan de Ajuste Fiscal y presentó sus conclusiones durante la Asamblea Anual de la Asociación de Economistas.

Propone que el Gobierno proteja los créditos más importantes, específicamente la deuda Obligaciones Generales y la de Cofina, que representa el 50% de la deuda si se excluye a las corporaciones públicas. De esa forma se simplifica el proceso de negociación.

Además, Moreda recomienda realizar algunos ajustes en el presupuesto del Gobierno y el plan de ajuste fiscal para eliminar el deficit financiero en los próximos cinco años, aunque reconoce que eliminar el déficit no es suficiente para resolver el problema, confía en que un buen manejo de las finanzas gubernamentales y el eventual acceso a los mercados de capital permitan solucionar los problemas a largo plazo.

El analista considera que el plan presentado por el Gobierno es optimista en cuanto a las medidas de ingresos y que se exageran la cifra de la brecha financiera acumulada de $27,000 millones en los próximos cinco años, que se reduce a $14,000 millones tras la implementación de algunas medidas. “En mi opinión estos números están algo exagerados, probablemente para incitar pesimismo entre los acreedores y permitirle al Gobierno pedirle mayores concesiones a la hora de renegociar la deuda”, señala Moreda.

El plan es un mensaje para los acreedores, igual que cuando el Gobierno decidió incumplir el pago de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público. “Al eliminar el pago el Gobierno logró un punto importante. Logró señalar a  los bonistas que es capaz y está dispuesto a cortar los pagos de deuda si es necesario, y, al mismo tiempo, se ahorró millones de dólares que el gobierno necesita desesperadamente”. Y se arriesgó con un “incumplimiento premeditado” con una deuda en la que los recursos legales de los acreedores son relativamente limitados.

“Las necesidades de flujo de caja del gobierno son más severas a corto plazo y el hecho de que el Gobierno se encuentre sin acceso a los mercados de capital ha agravado la situación, lo que ha forzado a la Administración a recurrir a medidas de emergencia para cubrir sus gastos inmediatos. Esto, a parte de amplificar localmente los efectos de un impago a nivel general de la deuda de Puerto Rico, es una práctica con vida útil limitada y claramente insostenible, por lo tanto, la reestructuración de la deuda probablemente se enfocará, primordialmente, en extender el vencimiento del principal y retrasar el pago e intereses durante los próximos cinco años”, apunta el analista.

Otra opción que tiene el Gobierno es la de “recomprar su deuda en el mercado secundario a precios muy por debajo de lo que están contractualmente obligados a pagar cuando venzan los bonos. Aunque esta estrategia, en teoría, resultaría en ahorros extraordinarios, el Gobierno tendría que utilizar fondos o buscar financiamiento para efectuar la recompra lo que conllevaría mantener la deuda que tienen actualmente”.

Posible escenarios

Reestructurar la totalidad de la deuda: supone numerosos problemas legales debido a las distintas garantías y fuentes de repago de las diferentes deudas. Por ejemplo, la deuda de Obligaciones Generales tiene garantía constitucional, mientras que la deuda de Cofina cuenta con una fuente de repago segregada. “Debido a la diversidad de emisores de deuda es más probable que cualquier renegociación de deuda sea selectiva y específica a ciertos emisores a base de su capacidad de repago. No obstante, debido a la interconexión implícita que hay entre los diferentes emisores de deuda, cualquier reorganización selectiva muy probablemente se verán afectada por reclamaciones de acreedores que reclamen activos o fuentes de repago”, aclara.

Intercambio voluntario de deuda: Moreda opina que es la única opción viable desde un punto de vista legal. Sin embargo, cree que es muy poco probable que pueda llevarse a cabo a tiempo y con la cooperación de todos los bonistas debido a la diversa base de bonistas con diferentes intereses. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es un ejemplo, “llevan más de un año en negociaciones y aún no han llegado a una solución”.

Intervención de Estados Unidos:  aunque el tema ha ganado algo de atracción últimamente, el analista considers que no esta opción no cuenta con suficiente respaldo político para ser considerada  viable.

“El problema más grande que enfrenta Puerto Rico en una renegociación de su deuda es que no cuenta con los poderes soberanos para implementar cláusula de acción colectiva. Sin cláusula de acción colectiva los emisores necesitan la aprobación de la totalidad de los bonistas para implementar cualquier propuesta que viole los contratos”, advierte. “El nivel de fragmentación entre los bonistas es tal que lo más probable es que diversos grupos de bonistas acaben llevando casos paralelos contra los emisores, lo que entorpecería los esfuerzos del Gobierno de renegociar de forma rápida y eficiente”.

Y si por si fuera poco, las cosas se pueden complicar más: el panorama político es poco favorable ante la cercanía de las elecciones; los acreedores pueden argumentar que el Gobierno puede hacer más para atender la crisis, el Congreso de Estados Unidos tiene poder legislativo completo sobre Puerto Rico y los casos relacionados con la deuda podrían verse en cortes federales en vez de cortes locales.

Pero existe otro escenario, pagar la deuda. Moreda lo considera posible sin necesidad de renegociarla. “No existe un marco de referencia que sirva como guía, por lo tanto, cualquier renegociación terminará en batallas legales prolongadas, costosas para todos, y que servirán para entorpecer el proceso de ajuste fiscal y crecimiento económico”.

“The very very best case escenario”

Bajo este escenario, Puerto Rico debe, como mínimo, cumplir con su deuda constitucional y Cofina; seguir el Plan de Ajuste Fiscal con varios ajustes: como congelar los gastos del Gobierno, eliminar las pérdidas asociadas a la eliminación de la Ley 154, renovar y emitir notas de agencias públicas, se reciben $100 millones de la videolotería, se utiliza el mecanismo de “claw back” para levantar ingresos adicionales, privatizar la lotería electrónica y el Fondo del Seguro del Estado. Las medidas incluyen la privatización de las carreteras 20, 52 y 66, puertos y aeropuertos y la venta de algunos activos del Gobierno.

Se pagaría la deuda de Obligaciones Generales y de Cofina y se reestructuraría de deuda del Banco Gubernamental de Fomento, Corporación para el Financiamiento Público, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, Universidad de Puerto Rico, Compañía de Fomento Económico, Autoridad del Centro de Convenciones y la Autoridad de Carreteras.

Para resolver el problema de liquidez en el corto plazo propone renovar los $400 millones en notas que emitieron a las agencias y que vencen en mayo y junio de 2016, además, dice, “entiendo que no se les debe hacer muy difícil pasar medidas de emergencia, como han hecho en el pasado, para forzar a las agencias públicas a proveer la liquidez necesaria”.

“Al final del día la cosa no está tan mala como te la presentaban en el informe. El gobierno, si logra cumplir con sus metas, es capaz de cumplir con la gran mayoría de sus obligaciones durante los próximos cinco años. No cabe duda de que hay cierta deuda que se tendrá que reestructurar, no obstante, la cantidad envuelta en las negociaciones es muy inferior a la establecida en el informe”, subraya Moreda.