Por redacción de Sin Comillas
El representante del Partido Nuevo Progresista, Ángel Muñoz Suárez, solicitó al presidente ejecutivo de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC), Daniel Rodríguez Collazo, que presente un listado detallado cada una de las cooperativas que podrían experimentar pérdidas millonarias con la renegociación de la deuda pública.
Se estima que el gobierno tiene una deuda con las cooperativas que asciende a los $90 millones. El sector cooperativo tiene alrededor de $1,500 millones en bonos del gobierno. De esa cifra, el sector de ahorro y crédito tiene unos $1,100 millones en cartera.
El pedido del legislador surge a raíz de la radicación del Proyecto del Senado (PS) 1454, el cual busca flexibilizar los parámetros de medición contable para mejorar las circunstancias y condiciones del cooperativista en un intento por mitigar el impacto del impago.
“Todos sabemos que las cooperativas de ahorro y crédito se han visto bien afectadas con las acciones irresponsables de esta administración, particularmente, con la decisión de no pagar la deuda pública a la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés). Ante este panorama, el presidente del Senado radicó el PS 1454, el cual está diseñado para cambiar la forma en que las cooperativas entran en sus libros las deudas que le tiene que pagar un deudor en especial: el gobierno. Por eso queremos saber cuáles son las cooperativas en aprietos”, señaló Muñoz Suárez.
“Estamos hablando que ese proyecto es un intento de la administración para evitar la avalancha de demandas que se aproximan por el impago. Ahora mismo las cooperativas tienen dos opciones, o reconocen la deuda del gobierno y mancillar sus libros, o demandan para cobrar. Esto es una salida política de este irresponsable gobierno”, sostuvo.
El legislador radicó la Resolución de la Cámara 1344, la cual ordena a Rodríguez Collazo, que remita a la Cámara de Representantes un listado de las cooperativas que actualmente incumplan con los indicadores esperados de desempeño financiero, según los parámetros o requerimientos de capital y liquidez dispuestos por ley o reglamento, y copia de los planes correctivos puestos en vigor para estas entidades financieras.
