Por redacción de Sin Comillas
Un grupo de caficultores bona fide hizo un llamado al gobernador Alejandro García Padilla y a la Legislatura de Puerto Rico para que intervengan en la actual crisis que enfrenta la industria del café en la Isla como resultado de la orden #1 impuesta por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), que representa un subsidio gubernamental al café importado que califican como “el monopolio del café”.
Los caficultores reclaman que ante la negativa del secretario del DACO, Nery Adames, de revisar la orden de precios del café que emitió en julio pasado, el Gobierno Ejecutivo y la Legislatura deben impulsar una nueva orden que evite la desaparición de la industria del café puertorriqueño y haga justicia social al obrero del cafetal.
“Dado que DACO no responde, entendemos necesario que el gobernador y los legisladores se expresen al respecto y empujen para que surja una nueva orden de precios del café, basado en las recomendaciones del comité evaluador. Es el futuro de esta industria y la de miles de empleados lo que está en juego”, sostuvo Wilfredo Ruiz, presidente de la Asociación de Beneficiadores.
“Lo único que está defendiendo esta orden es el monopolio, que ha desatado una enorme campaña de publicidad en la cual sostiene que la orden es buena para el cafetal. Claro, no dice que es para el café importado, del cual es el mayor usuario en el país”, dijo el caficultor lareño José “Joselito” Torres, quien expresó que “tenemos una genuina preocupación y vemos al monopolio acaparando el mercado para dejar al resto de los torrefactores fuera de la competencia. Entendemos que es algo de lo cual el gobierno y los legisladores deben tomar nota”.
El grupo anunció además el inicio de una iniciativa para dar a conocer cuáles son las marcas que utilizan café 100% puertorriqueño para beneficio de los consumidores.
“Vamos a enviar una carta a los torrefactores que certificarán, bajo juramento, cuáles de sus marcas utilizan 100% café de Puerto Rico y cuáles no. El consumidor tiene el derecho de saber con claridad qué están consumiendo y quién dice la verdad”, destacó, por su parte, el caficultor Ramón Levy, de Jagüey Agro Corporation. “El consumidor tiene derecho a consumir el café que puede pagar, pero también tiene derecho a saber qué hay dentro de esa bolsa y tener claro si tiene café de aquí y en cuanta proporción para que haga una decisión informada”.
Por su parte, Luis Curbelo, torrefactor y beneficiador de café, explicó que el consumidor tiene derecho a saber si el café que consume está adulterado o no con robusta.
“No se confundan. Hay marcas de cafés tradicionales que se mercadean como café puertorriqueño cuando en realidad su contenido es café importado, inclusive adulterado con robusta”, dijo Curbelo.
“Para restablecer la industria del café en Puerto Rico, necesitamos del apoyo del consumidor y del gobierno. Se trata de salvar 20,000 empleos en la montaña y de eliminar el subsidio de 22 millones al café importado, para que sean mejor utilizados haciendo justicia salarial a nuestros trabajadores agrícolas, además de fortalecer la infraestructura de nuestra ya maltrecha industria agrícola”, comentó Curbelo.
