Por Luisa García Pelatti
Hoy, 31 de agosto, se vence el plazo establecido para ejecutar el plan de recuperación presentado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el pasado mes de junio. Desde entonces, la AEE ha mantenido conversaciones con los tenedores de la deuda de la corporación pública para que acepten los términos del plan. La Junta de Directores de la AEE tendría que reunirse hoy para ratificar el acuerdo alcanzado. Se trataría, por tanto, de una forma de reestructuración consentida.
El plan de recuperación propuesto, que debería entrar en vigor a partir del 1 de septiembre, es un proyecto de cinco años que comprende una inversión de capital de unos $2,300 millones; la privatización de la administración y las operaciones de la AEE y un aumento en tarifas. Pero la clave está en saber qué recorte en el pago de la deuda habrán aceptado los bonistas. Moody’s Investors Service, en un informe publicado el 5 de junio, consideraba probable un recorte de entre 20% y 35%. Aunque otras fuentes hablan de un acuerdo más favorable para los tenedores de bonos, que podrían llegar a recuperar hasta el 85%.
El plan señala que las tarifas actuales no son suficientes para cubrir los gastos y el pago de la deuda. Los costos anuales superan en $1,000 millones los ingresos. Actualmente los clientes pagan 21.4 centavos/kwh, pero para operar sin déficit la tarifa debería aumentar a 29.2 centavos/kwh, 7.8 centavos más. Esos 7.8 centavos, podrían bajar a 6.2 centavos recortando gastos, y esa diferencia deberán pagarla los clientes con un aumento en tarifa y los acreedores con un recorte en el pago de la deuda. La clave de la negociación con los inversionistas es precisamente saber qué parte de esos 6.2 centavos pagarán los inversionistas y cuánto los clientes.
Hasta ahora, sólo se ha dado a conocer un resumen del plan, que no incluye los términos económicos, que son objeto de discusión confidencial. La versión completa se dijo que se publicaría tan pronto concluyeran las negociaciones. Es decir hoy o mañana.
La AEE, que tiene una deuda de $9,000 millones, ha logrado extender en varias ocasiones los acuerdos de indulgencia aprobados inicialmente en agosto de 2014. El más reciente acuerdo lograba una extensión hasta el 15 de septiembre. Los acreedores han acordado no tomar ninguna acción legal en contra de la corporación pública, mientras el acuerdo de indulgencia se mantenga en vigor.
