Por redacción de Sin Comillas
La portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, demandó a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y al Gobierno de Puerto Rico para que entreguen los documentos sufragados con fondos públicos relacionados al asesoramiento legal, fiscal y financiero que ha recibido dicha institución financiera por parte de consultores externos.
La demanda surge luego de requerimientos de información infructuosos. El 29 de junio de 2015, González Colón le cursó una misiva al BGF mediante la cual solicitó una serie de documentos públicos relacionados al asesoramiento fiscal y financiero que ha recibido dicha institución financiera por parte de consultores externos, entre ellos la firma Millstein & Co.
El 21 de julio de 2015, la presidenta del BGF le contestó la misiva e informó que dicha institución financiera no estaría produciendo los documentos relacionados a la firma de consultores externos Millstein, toda vez que alegadamente “quedan cobijados bajo el privilegio ejecutivo y están relacionados a “información interna, predecisional, confidencial y preliminar”. El BGF también argumentó livianamente que la divulgación de dichos documentos sería “perjudicial para los mejores intereses de Puerto Rico, considerando los retos fiscales y legales actuales”.
La presidenta del BGF, Melba Acosta, envió las siguientes declaraciones: “quisiera recalcar que en estos momentos no hemos sido emplazados aún con demanda alguna, por lo que desconocemos las alegaciones contenidas en la misma. No obstante, a base de los artículos de prensa publicados hasta el momento, la demanda parece ser muy similar a la presentada en octubre de 2014 por el también representante, Hon. José Enrique Meléndez. En dicha demanda, el representante solicitó copia de todos y cada uno de los informes, análisis, hallazgos y recomendaciones rendidos al BGF y a cualquier firma del Estado por las firmas de abogados y firmas especializadas en reestructuración de deuda. En el mencionado caso, mediante Sentencia de 13 de abril de 2015, el Tribunal desestimó con perjuicio la referida demanda, pues concluyó que los informes emitidos por firmas de abogados están cobijados por el privilegio abogado-cliente, y los informes sobre asesoramiento financiero, incluyendo asesoramiento sobre reestructuración de deuda, no eran documentos públicos sino que estaban sujetos al privilegio de información oficial. Según la decisión del Tribunal, los informes trabajados contienen recomendaciones que son pre decisionales y puramente deliberativos para la determinación de política pública en materia fiscal y de financiamiento del Gobierno Central, por lo que no procedía su divulgación”.
“A base de lo anterior, nos reafirmamos en que el tipo de documento solicitado por la Representante es confidencial, más aún en la etapa actual en la que se encuentra el Gobierno, en la cual presentará próximamente su Plan de Ajuste Fiscal y comenzarán las negociaciones con nuestros diferentes acreedores. No obstante lo anterior, el BGF se encuentra en la mejor disposición de entregar a la Representante, como lo hemos hecho hasta el momento, todos aquellos documentos públicos que no estén cubiertos por privilegios ni revistan de confidencialidad. El norte del BGF es continuar trabajando por el bienestar de nuestro país, buscando soluciones apremiantes para la crisis fiscal”, añadió.
