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(Foto Sin Comillas)

Por Luisa García Pelatti

Con estas palabras, Víctor Suárez, Secretario de la Gobernación, dejó claro que “por ahora”, el Gobierno no hará el pago de $94 millones, que vence el 1 de agosto, correspondiente la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP) porque, ante la falta de liquidez, le está dando prioridad a mantener los servicios esenciales para los ciudadanos. La transferencia para cubrir ese pago debía haberse hecho el 15 de julio, pero no se hizo porque el pago no se incluyó en el presupuesto del actual año fiscal.

Las declaraciones del Suárez se produjeron ayer, al finalizar la cuarta reunión del Grupo de Trabajo tiene la responsabilidad de diseñar y crear la Junta de Control Financiero. A la reunión asistieron César Miranda, Secretario de Justicia; Víctor Suárez; Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF); y representantes de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.

“Se tomó la determinación de no hacer la transferencia, por este momento, porque no hay el dinero, no hay el flujo de efectivo necesario y porque nuestra prioridad es dar servicios esenciales a la gente”, comentó Suárez, que añadió que el Gobierno “tiene un serio problema de liquidez”.

Por su parte, Acosta Febo explicó que la deuda de la CFP sólo se paga si hay una asignación por parte de la Legislatura, “no hay ninguna otra garantía. Ciertamente es una de las deudas que estaremos sentándonos para reestructurar”. La creación de la Junta de Ajuste Fiscal y el Plan de Ajuste Fiscal son “pasos previos para reestructurar la deuda y ciertamente CFP es una de esas deudas”.

El 1 de agosto se vence también un pago de deuda del BGF de alrededor de $170 millones. “Nuestra intención es pagar todas nuestras deudas, pero tenemos una limitación en términos de la liquidez y el flujo de efectivo del Gobierno”, dijo Suárez.

Por su parte, el Secretario de Justicia dijo estar preparado para enfrentar las posibles demandas que podría surgir ante el incumplimiento de pagos. Además de éste, aceptaron que podría haber otros incumplimientos de pago de la deuda.

Durante la reunión del Grupo de Trabajo los esfuerzos se centraron exclusivamente en diseñar la legislación para establecer la junta de control fiscal. El grupo volverá a reunirse la semana que viene. El Grupo de Trabajo tendrá hasta el 30 de agosto para desarrollar un plan que incluirá un ajuste fiscal a cinco años; recortes de gastos adicionales; y aumentos la captación de recaudos.

Por otro lado, la presidenta del BGF explicó que la emisión de $400 millones de pagarés en anticipación de contribuciones e ingresos (TRANs, por sus siglas en inglés) del Gobierno, que comprarán varias agencias del Gobierno, está en proceso de cierre. Las corporaciones que comprarán los TRANs son la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT, un programa, adscrito al Departamento del Trabajo, que paga beneficios a los trabajadores asegurados que han perdido sus salarios como consecuencia de una incapacidad ocasionada por una enfermedad o lesión que no está relacionada con el empleo ni con un accidente de automóvil). El dinero de las tres corporaciones públicas debe recibirse a finales de julio o principios de agosto. Pero esta emisión no mejorará el nivel de liquidez del BGF, advirtió Acosta, ya está contemplada en el flujo de efectivo. El Gobierno sigue negociando con los bancos para un TRANs externo, pero advierte que esta vez no será por $900 millones.

Acosta Febo reveló que en junio la liquidez del BGF subió hasta superar los $1,000 millones por una serie de pagos que hizo el gobierno central a unas líneas de crédito. La cifra representa una mejora respecto al mes de mayo, cuando el BGF tenía $777.9 millones.

Para mejorar su liquide, el BGF está negociando con la banca privada la venta de entre $200 millones y $300 millones en préstamos; recordándole a las corporaciones y agencias se llevaron sus depósitos que por ley deben tenerlos en el BGF; y trabajando en el intercambio de notas del banco que pueden traer dinero nuevo.