Por redacción de Sin Comillas
Veinte de las principales organizaciones del sector privado exigen tener dos representantes en la Junta de Control Fiscal; que se haga una reforma laboral; la revisión de los procesos de permisos y reglamentación para hacer negocios; y la creación de una Junta de Desarrollo Económico con vigencia de 10 años. Estos son los cuatro puntos presentados en una reunión con el Secretario de la Gobernación, en anticipación a las propuestas que el sector privado presentará en los próximos días.
Consideran que si estos cuatro puntos se consideran “de forma integral con las demás acciones del Estado respecto a la negociación de la deuda y reestructuración del Gobierno, podrían tener consecuencias inmediatas en nuestra economía”.
“Hemos decidido apoyar el proceso que el Gobierno ha encaminado. Ahora bien, este proceso debe ser transparente, atendiendo nuestras recomendaciones de forma integrada y como grupo representativo de sector productivo más amplio del País”, expresó Ramón Pérez Blanco, presidente de la Asociación Productos de Puerto Rico.
Por su parte, el doctor Vázquez Barquet, indicó que “la participación activa del sector empresarial en todas las iniciativas que se tomen para atender las recomendaciones del informe Krueger, es de fundamental importancia para imprimir credibilidad a todos los procesos”.
En una carta dirigida al Gobernador Alejandro García Padilla, los representantes del sector privado enfatizaron en que la creación de la Junta de Control Fiscal y el desarrollo de un Plan de Ajuste Fiscal es medular para la recuperación de Puerto Rico.
No obstante, recalcaron que para que tenga peso ante los acreedores del País, debe contar con dos elementos fundamentales: credibilidad y continuidad. Exigen que la Junta debe incluir dos representantes del sector privado y, para reforzar la continuidad y el plan que se adopte, debe tener una vigencia de 10 años.
El presidente del Colegio de CPA indicó que “la Junta de Control Fiscal debe atender de forma expedita las cargas contributivas al sector empresarial, así como al individuo. “En los últimos 2 a 3 años se han impuesto sobre $3,000 millones en diversos tipos de impuestos que han minado nuestra rentabilidad y nuestra capacidad de inversión”, añadió Kermit Lucena.
Piden la reducción gradual de la carga contributiva. “Una proyección de aumento en ingresos contributivos al fisco debe provenir de crecimiento económico y de captación, no así de aumento en tasas e imposición de nuevos impuestos. La reducción de la carga libera capital a las empresas para invertir en el crecimiento de la economía”, continuó Lucena.
“Además de lo que se está haciendo a corto plazo, se debe crear la Junta de Desarrollo Económico, la cual tendría la responsabilidad de elaborar e implantar un nuevo modelo económico”, indicó el ingeniero Pepe Izquierdo. Enfatizó, además, que para que dicha Junta tenga credibilidad y continuidad, la composición de la misma debe ser multisectorial y con una vigencia de 10 años.
La comunidad empresarial entiende que es sumamente importante que se revise toda la legislación laboral estatal y la federal aplicable a Puerto Rico a los fines que las empresas puedan conseguir crear más empleos y capacitar a los empleados. Además, está convencida que uno de los grandes obstáculos para crear nuevos negocios y empresas o expandir, es la legislación sobre permisos y reglamentación, así como los procesos.
“La legislación estatal sobre relaciones laborares ha perpetuado un sistema que premia la otorgación de beneficios en lugar de la productividad. Estamos listos para trabajar en una reforma que sea prospectiva y balanceada. Con una reforma laboral, las empresas pueden conseguir crear más empleos y adiestrar de mejor forma a los empleados actuales. Además, el País debe moverse a eliminar la sobre reglamentación y a ser más flexible el proceso de permisos. “Este es uno de los mayores obstáculos que enfrenta el empresario y autogestor hoy día en nuestro País. La reglamentación y permisología no puede ser una que desincentive, desmotive, ni ate las manos de los comerciantes y emprendedores en Puerto Rico”, sostuvo Pérez Blanco, presidente de Hecho en Puerto Rico.
Los portavoces del sector privado de Puerto Rico salieron de la reunión bastante satisfechos con la receptividad demostrada por el Secretario de la Gobernación y el diálogo que sostuvieron. No obstante, esta semana el sector privado convocará a una mesa redonda con los medios para abundar sobre lo logrado en dicha reunión, y los próximos pasos a seguir.
Las siguientes organizaciones endosaron la carta entregada al Gobernador y participarán en el proceso de análisis y redacción de los proyectos a someter al Gobierno:
- Asociación de Agricultores de Puerto Rico;
- Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, Inc. (AABI);
- Asociación de Bancos de Puerto Rico;
- Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico;
- Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE);
- Asociación de Constructores de Hogares;
- Asociación de Contratistas Generales de América-Capítulo de PR;
- Asociación de Hospitales de Puerto Rico;
- Asociación de Industriales de Puerto Rico;
- Asociación de Navieros de Puerto Rico;
- Asociación de Productos de Puerto Rico;
- Asociación de Restaurantes de Puerto Rico;
- Cámara de Comercio de Puerto Rico;
- Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos de Puerto Rico (MIDA);
- Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico;
- Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico;
- Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico;
- Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA);
- Puerto Rico Internet Society;
- PR 3000
