Por redacción de Sin Comillas
El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, informó que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no se opondrá al reclamo de la parte demandante en el caso Conde Vidal contra ELA, en el que plantean que el Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico no les garantiza a los demandantes los mismos derechos que tienen otros ciudadanos.
La postura del ELA, expuesta mediante un alegato presentado ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, consta de abstenerse de defender lo dispuesto en el Artículo 68 que impide a parejas del mismo sexo contraer matrimonio en Puerto Rico y veda el reconocimiento de estos matrimonios contraídos en estados de los Estados Unidos y en otras jurisdicciones.
“La decisión de allanarnos reconoce que todos los seres humanos somos iguales ante la ley”, afirmó el titular de Justicia.
Esta acción se da en el contexto jurídico ante la clara tendencia de decisiones federales que invalidan legislación similar al Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico. Esta posición tuvo el apoyo de numerosos alegatos presentados por amigos de la corte en el pleito ante el Primer Circuito, entre los que se incluyen prominentes constitucionalistas, entidades religiosas, grupos de derechos civiles y hasta un grupo de estados de Estados Unidos.
El pleito incoado por los demandantes hace más de un año impugna la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, luego de que en el 2013 la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que el Congreso violó la cláusula de igual protección de las leyes al definir el matrimonio exclusivamente como la unión entre una mujer y un hombre en el Defense of Marriage Act (DOMA).
El Departamento de Justicia dijo que presentará una comparecencia escrita ante el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito. En esta comparecencia se esboza que conforme al estado de derecho vigente a nivel federal, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede demostrar que la definición de matrimonio dispuesta en el Artículo 68 del Código Civil, adelanta un interés apremiante que justifique excluir a un grupo definido de puertorriqueños y puertorriqueñas de los derechos, facultades y protecciones legales del matrimonio civil.
“Creemos en una sociedad con valores arraigados en la igualdad, la justicia y el bienestar de los demás, pues uno de los principios básicos de nuestra democracia es que todos los ciudadanos tengamos un trato igual frente a la ley. Creemos en una sociedad equitativa en la que todos y todas gocemos de los mismos derechos y en donde se nos valore por nuestra calidad y dignidad como seres humanos, independientemente de nuestra raza, color, sexo, credo religioso, orientación sexual, nacimiento, origen o condición social”, añadió Miranda.
En lo prospectivo, le corresponde al Primer Circuito expresarse finalmente sobre la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico.
“El Pueblo de Puerto Rico me eligió para defender las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos de América. El desarrollo de la jurisprudencia en múltiples jurisdicciones estadounidenses apunta a un consenso innegable. Esto es, que nuestro ordenamiento constitucional no permite distinciones discriminatorias como la que está contenida en el Código Civil respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo. En ausencia de otro mecanismo legal validado por los tribunales para reconocerles a estas parejas los mismos derechos que a las uniones heterosexuales, la posición de Justicia es la única alternativa que tiene el ELA para asegurar la igualdad de todos sus ciudadanos ante la ley. Todos conocen mis creencias religiosas pero a los líderes políticos no nos toca imponer nuestros credos. Nos toca adelantar el progreso de los derechos civiles y humanos en igualdad de condiciones para todo ciudadano y ciudadana. Como Gobernador de Puerto Rico, ese es mi deber”, declaró el gobernador Alejandro García Padilla.
Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo A. Bhatia, comentó: “Puerto Rico finalmente se une a la corriente mundial. Esta administración sigue haciendo historia en la defensa, expansión y reconocimiento de los derechos humanos. Como he dicho anteriormente, es momento de seguir librando la batalla en contra del discrimen y la exclusión y de luchar porque se reconozca la igualdad de todas las personas a expresar su amor y compromiso de vida. Espero que esta declaración y la nueva posición del Ejecutivo ayude al Tribunal Federal de Apelaciones en Boston, MA a revocar la determinación del Juez Pérez Giménez en la Corte Federal de Distrito en San Juan. Hay que hacer honor a nuestra Constitución que dicta que ‘todos somos iguales ante la Ley’. Todos es todos. La igualdad en el matrimonio y la libertad de amar y constituir un hogar con quien uno quiera es un derecho fundamental que debe ser respetado por todos”.
El 9 de marzo de 2015, Bhatia, junto a los senadores del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, Ángel Rosa Rodríguez, Cirilo Tirado, Miguel Pereira, Ramón Luis Nieves, José Nadal Power y Mari Tere González, solicitaron al Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en Boston, autorización para unirse como Amigos de la Corte (Amicus Curiae) en el caso Conde-Álvarez (Appeal No. 2014-2184) que busca el reconocimiento del matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo. Los senadores solicitan permiso del Tribunal para unirse como “Amigos de la Corte” y al alegato (brief, en inglés) presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
