Por redacción de Sin Comillas
A los que aseguran que el país no está listo para el cambio de sistema contributivo, Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) les dijo que al comenzar con el cobro del IVU en los muelles en agosto de 2014, “ya implementamos un IVA en cuanto a los bienes, y aunque no se le cambió el nombre la realidad es que es un IVA en la práctica”.
En su ponencia ante la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, Acosta refutó los planteamientos de los que se oponen a la reforma contributiva, que dijo, no se trata meramente de elevar los impuestos al consumo de un 7% a un 16%, sino que es “una propuesta amplia que reduce tasas, busca combatir la evasión, se autorregula y distribuirá la carga contributiva de manera equitativa para evitar el peso desigual que existe sobre la clase asalariada”. Acosta aseguró que el resto de la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se realizará en fases que incluyen la reestructuración del Departamento de Hacienda.
“Decir que se está en contra del IVA, solo considerando, de manera aislada, la diferencia que hay entre 7% del IVU actual al 16% del IVA propuesto, deja afuera la parte más fundamental de la Transformación Contributiva propuesta, la reducción sin precedente de las tasas de contribución sobre ingresos. Por lo tanto, limitar la oposición a un aumento entre el IVU y el IVA, es decir que se está en contra de un sistema contributivo más robusto que el IVU, utilizado por 19 de las 20 economías más fuertes del mundo, que reduce la evasión, y que casualmente es el sistema que ya tenemos, aunque no en toda su capacidad, desde agosto del 2014”, dijo Acosta, quien aseguró que los usos y el orden de los usos de lo que se recaude con el IVA “lo dispone la Constitución y la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”. Lo primero que se paga es la deuda pública, seguido por la salud, seguridad, educación, bienestar público y aportaciones a retiro y pensiones.
Según la Presidenta del BGF, “las características principales del IVA son: es un impuesto sobre el consumo final, no sobre los negocios o comercios; es un impuesto de múltiples etapas, a base de transacciones, que se impone en cada etapa de la cadena de suministro; y según fue presentado, es un impuesto de base amplia que aplica a la mayoría de los bienes y servicios. El recaudo escalonado en la cadena de suministro significa que el Gobierno recibirá ingresos contributivos antes en comparación con el IVU, por lo que el riesgo de pérdida total del ingreso del Gobierno por evasión en la cadena de suministro es menor. Es decir, el sistema del IVA, a diferencia del IVU, es un sistema que se auto fiscaliza, por lo que tiene una mayor captación del impuesto”.
En torno a la deuda “que ha socavado la solvencia del País, provocando la degradación crediticia”, Acosta explicó que “durante los pasados ocho años, la situación fiscal del Gobierno ha presentado un cuadro alarmante”, pero no se ha logrado alcanzar las expectativas a pesar de las medidas tomadas, que incluyen la implantación del Impuesto sobre Ventas Y Uso (IVU) en el 2006; los masivos recortes de empleados públicos del 2009 y la Reforma Contributiva del 2011.
Según Acosta la solución de pasadas administraciones fue aumentar la deuda, “la mayoría para el pago de gastos operacionales recurrentes y refinanciamiento de deuda anterior”. Acosta reveló que, “durante el periodo de 2009 a 2012 se emitió aproximadamente $16,500 millones en deuda, lo cual es equivalente en sólo cuatro (4) años a la deuda emitida entre 1941 y 1991, un período de cincuenta (50) años. “Esto socavó nuestra capacidad de destinar mayores recursos al desarrollo de nuestra economía”.
“Además de no haber sido responsable con nuestras futuras generaciones, el patrón de endeudamiento crónico junto con la fragilidad de nuestra economía, causó que se haya degradado el crédito del ELA a nivel especulativo, lo que encareció el costo de financiamiento para el ELA y limitó su acceso a los mercados de capital”, destacó Acosta. En torno a las críticas del gasto gubernamental y la necesidad de contraer la nómina del Gobierno, antes de implementar un IVA, Acosta destacó que los gastos del Fondo General se han reducido de un promedio de $10,962 millones durante los años fiscales 2009 a 2012 a $9,885 millones en el año fiscal 2013 y $9,376 millones en el año fiscal 2014. Ello implica una reducción de gastos por $1,586 millones o aproximadamente 14.47%.
Igualmente, explicó que los puestos de trabajo en el Gobierno Central, pagados del Fondo General, se han reducido dramáticamente, de 139,640 puestos en el 2007 a aproximadamente 89,600 a diciembre de 2014, una reducción de aproximadamente 34% si se comparan los puestos ocupados entre 2007 y 2014, y de aproximadamente 12% si se compara entre el mes de diciembre del año 2012 al mes de diciembre del año 2014.
En torno a las dudas planteadas en torno al Rec-IVA o crédito de regresividad, Acosta explicó que, “esta es una parte fundamental del cambio de sistema contributivo”. “Es importante que se entienda que para poder tomar determinaciones finales en cuanto al funcionamiento del regressivity relief, tienen que determinarse cuáles serán los productos o servicios que estarán exentos: mientras menos exenciones, mayor será la devolución del IVA; mientras más exenciones, menor será la devolución del IVA. Así que para tomar determinaciones finales, es importante saber cómo quedará el proyecto finalmente configurado”.
Explicó que el Departamento de Hacienda contrató a la economista María Enchautegui, del Urban Institute, especialista en estudios de condiciones de trabajo de trabajadores de bajos salarios, quien se encuentra trabajando perfiles a base de criterios tales como edad, dependientes, ingresos, composición familiar y otros. El modelo que se construye es a base de grupo familia (household) y a base de datos relevantes, entre ellos, bienes y servicios exentos. También desarrolla criterios para determinar recomendaciones sobre la cuantía del alivio. Parte de los resultados de este análisis serian insertados en la ley como enmiendas, y parte serian incluidos en reglamento”. Pero reiteró que para tomar determinaciones finales, es vital “entender cuáles serán las exenciones finales que tendrá el proyecto”.
Comentó que no es acertado indicar que Hacienda no tiene la capacidad gerencial o los recursos para la implementación del nuevo sistema contributivo. Para completar la implementación del IVA, Hacienda está evaluando su estructura departamental para separar la Secretaría Auxiliar de Rentas lnternas y establecerla como una unidad semiautónoma dedicada exclusivamente al área de administración del Código de Rentas lnternas en todos sus aspectos.
Actualmente, esta secretaría cuenta con sobre 1,000 empleados, de los cuales 176 son auditores y 215 están asignados al área de procesamiento de planillas. Al eliminarse la contabilidad de sobre 850,000 planillas, se contempla que parte de este personal, los cuales muchos de ellos se dedican a procesar reintegros, sea reubicado para asignarse a otras tareas como asistir en la recaudación del IVA en los muelles, fiscalizar los créditos del IVA y procesar los reintegros del IVA, explicó.
