Por redacción de Sin Comillas
Los abogados advierten que aumentarán los servicios legales, afectando a la población con ingresos más bajos; el alcalde Caguas opina que es injusta para el pueblo; la Red Técnica Universitaria está en contra de la imposición del IVA al sector de la educación privada; y la Asociación de Industriales muestra cautela.
“Que los precios de servicios legales aumenten por más de 16% va a resultar en un golpe muy serio a toda la población de medianos y bajos ingresos. En el caso de los servicios de abogados esa alza en el costo de los servicios va a afectar la oportunidad de que alguien que necesite el apoyo legal no pueda obtenerlo aún cuando el abogado que le sirva reduzca sus honorarios”, señaló Héctor R. Ramos, presidente de la Asociación de Abogados de Puerto Rico (AAPR), que pidió al gobierno que sea cauteloso en cuanto a la propuesta de aprobar un Impuesto al Valor Añadido (IVA).
“Igual que con las medicinas que se encarecerían de aplicarles el IVA al punto de hacerse inasequibles afectándose la salud de las personas, en el caso de los servicios legales experimentamos que cada día son más los ciudadanos que necesitan servicios de abogados por razón de cobros, embargos, reposesiones y demandas que por la situación económica aumentan, o requieren de asesoramiento para no incurrir en errores o en una situación perjudicial para ellos”, añadió.
La AAPR pidió al gobierno que antes de encarecerle la vida a los puertorriqueños use las maneras tecnológicas y los recursos que existen para que Hacienda se modernice y sea eficiente y efectiva en su gestión de cobrar los impuestos que ya nos gravan en demasía. Asimismo pidió que no se use el mismo criterio o tasa contributiva como un molde para encajar a todo el mundo “ya que sería injusto y contraproducente”‘.
Por su parte, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, se expresó en contra de la propuesta de sustituir el IVU por un IVA por entender que es injusta para la gente.
“Estoy en contra de la propuesta del IVA y de la eliminación del IVU municipal. Esta es una propuesta injusta que afecta a los cagüeños y, por lo tanto, no puedo apoyarla. Los municipios no podemos perder los fondos que recibimos directamente para dar los servicios a la gente. Los municipios mantenemos una capacidad de captación mayor al Departamento de Hacienda y eso se traduce en más y mejores servicios a la ciudadanía”, expresó el alcalde de Caguas.
Miranda Torres recordó que Caguas, bajo la incumbencia de William Miranda Marín, fue el primer municipio en Puerto Rico en establecer un impuesto municipal de un centavo. “El llamado ‘Willie Tax’ fue instrumental en Caguas para impulsar y concretar obras sociales para resolver los problemas de la gente. Nuestra administración municipal ha sido responsable en implementar medidas para controlar los gastos operacionales sin afectar los servicios a nivel municipal que se ofrecen a la gente. El crecimiento económico en Caguas es palpable y no vamos a poner en riesgo nuestra forma única de gobierno cimentada en la gobernanza democrática.
“Imponer una carga adicional a la gente no puede ser la solución. El gobierno central ha sido incapaz de fiscalizar adecuadamente el IVU y ahora se propone sacar de la ecuación a los municipios que sí han sido efectivos en la captación de este impuesto”, culminó diciendo el Alcalde de Caguas.
El presidente de la Asociación de Industriales (AIPR), Carlos Rivera Vélez, se mostró más cauteloso y quiere esperar a ve el proyecto de ley.
“Estaremos atentos a que la implantación sea una correcta y que sus mecanismos sean predecibles, transparentes y ofrezcan una ventaja competitiva al comercio”..
“Lo que está ocurriendo Puerto Rico nos afecta a todos. Hemos reclamado hace años que se presente una Reforma Contributiva transparente, simple, efectiva en recaudos, justa, que estimule la inversión, que combata la evasión y que no genere otros problemas al fisco, indicó el presidente de los Industriales.
“La deuda del gobierno es una deuda de país. No podemos seguir endeudando el futuro. Debemos amarrarnos el cinturón, reestructurar, cortar grasa, reducir gastos y trabajar con un presupuesto balanceado. Nos corresponde a todos, sector público y sector privado unirnos para salir de esta emergencia con soluciones noveles formales y estructuradas pero audaces que aumenten la producción y por ende los empleos, mientras a su vez reestructuramos la deuda”, añadió.
“Tenemos que actuar urgentemente y con aplomo para reorganizar, repensar y reestructurar el gobierno y sus corporaciones. El norte debe ser la simplificación, agilidad, liquidez, y control de gastos. Haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora no vamos a lograr el cambio radical tan necesario”, indicó Rivera Vélez.
“Eliminar la evasión contributiva tiene que ser responsabilidad del gobierno y del sector privado. A la misma vez, enfatizar en la imposición al consumo en lugar de imponerle contribuciones a la productividad es algo bien visto internacionalmente. Sobre todo en economías con un sector informal grande. El IVU o el IVA, son mecanismos para lograr los recaudos. Lo importante es que se estructure adecuadamente y su captación sea efectiva”, expresó Rivera Vélez.
“Esta medida será sumamente perjudicial para la educación privada, particularmente para nuestro sector que sirve a una población de estudiantes quienes 75% de esos pertenecen a familias con un ingreso por debajo de la mediana de Puerto Rico, los cuales en su inmensa mayoría reciben ya el 100% de beca Pell. Esto no solamente encarecerá los costos de matrícula, sino que afectará a toda la cadena de servicios que proveen nuestras instituciones limitando así las posibilidades que más personas puedan prepararse profesionalmente para aportar productivamente al desarrollo del país”, indicó Guillermo Nigaglioni, presidente de la Red Técnica Universitaria de Puerto Rico.
Nigaglioni por su parte añadió que “en la mayoría de los países que se han tomado de ejemplo para la implantación del IVA en Puerto Rico, particularmente los de la Unión Europea, tanto la educación pública como privada en todos los niveles está exenta del IVA. Por esta razón, si queremos enfatizar que la Educación es la herramienta principal el desarrollo económico de nuestro país, tenemos que ser consistentes con esa premisa y no incluir en el cobro de este impuesto al sector de la Educación de todos los niveles, ni pública ni privada”.
