Por Luisa García Pelatti
El Departamento de Hacienda ha manejado con muy poca habilidad el tema de la reforma contributiva. Cierto es que los gobiernos siempre quieren controlar el debate público, pero intentarlo negando la información a la prensa y forzando una demanda en los tribunales es la peor forma de hacerlo. El problema es que ahora, tras una bochornosa vista el viernes en el tribunal, la posición del Gobierno es aún más difícil.
En la vista del viernes salieron a relucir las verdaderas intenciones para ocultar el informe. La excusa no es que el informe sea todavía un borrador, como alegó Hacienda en un primer momento. Lo cierto es que el Gobierno no quiere que se conozca lo que recomienda el informe. No todavía. Primero quieren preparar a la ciudadanía para lo que se avecina. Quieren evitar la incertidumbre que podría ocasionar que los periodistas hablen de un informe –largo, técnico y complejo– que contiene recomendaciones que no necesariamente serán las mismas que se incluyan en el proyecto de reforma contributiva que esperan presentar el 15 de febrero.
Durante la vista, la jueza Aileen Navas Auger, insistió en saber cuál va a ser el efecto perjudicial de publicar el informe, a lo que la abogada del Departamento de Justicia, Noemí Cortés, dijo que no se debe hacer público el informe porque “es un documento de trabajo”, porque “el documento no es final y no establece política pública”, porque “el documento es voluminoso y tiene recomendaciones como posibles escenarios”, porque “el pueblo prejuzgaría”, porque “el pueblo puede llegar a conclusiones incorrectas”, porque “el pueblo estaría desinformado si se publicara”, porque “sería perjudicial que el pueblo participe en el proceso deliberativo”, y porque “obligaría al gobierno a tener que contestar preguntas de la prensa”.
La abogada ignora que parte del trabajo de los funcionarios del gobierno es atender a la prensa y muestra un absoluto menosprecio del trabajo de los periodistas: “imagínese que se le permita a la prensa intervenir en cada proceso deliberativo del gobierno”.
Para Frank Torres Viada, abogado de la Asociación de Periodistas, se trata simplemente de censura. “Esa es una teoría que menosprecia a los ciudadanos y una actitud paternalista que no se debe tolerar”.
Pero de la vista sorprenden también otras cosas. Hacienda entregó el informe de KPMG a la jueza, quien, después de evaluarlo, dijo que, de los 22 capítulos, sólo cinco tienen que ver con reforma contributiva. La jueza le preguntó a la abogada de la parte demanda si estarían dispuestos a publicar alguna información del informe. Dijo que “en esta etapa no se publicaría nada”.
Esta misma semana, la jueza podría tomar una decisión o el Gobierno podría decidir publicar el informe, presionado por el desarrollo de los acontecimientos. Pase lo que pase, este caso debería servir para que el gobierno entienda de una vez por todas que no debe impedir que los periodistas hagan su trabajo. Y si eso les resulta incómodo es porque estamos haciendo bien nuestro trabajo.
