Por Luisa García Pelatti
A Miguel Ferrer, miembro de varias organizaciones del sector privado, le preocupa que la reforma contributiva que se propone presentar el Gobierno a principios del próximo año sea como las anteriores. Teme que se haga una reforma para recaudar más y que esos ingresos no se utilicen para invertir en infraestructura y en desarrollo económico.
Tiene sus propias ideas de lo que debe incluirse en la reforma: reducir la tasa contributiva máxima a 25%; cambiar el IVU (impuesto sobre ventas y uso) por un IVA (impuesto sobre el valor añadido) y subirlo; establecer medidas contra la regresividad de un impuesto al consumo; atraer a los puertorriqueños que se han ido; o crear un fondo de reestructuración económica para canalizar los fondos adicionales que se generen; entre otras medidas. Pero sobre todo, defiende que la reforma contributiva sea una herramienta de desarrollo económico, porque si no habremos perdido la última oportunidad.
“Tenemos un poder enorme en la herramienta de autonomía fiscal y tenemos una timidez horrible en utilizar. En esta reforma hay que maximizar la autonomía fiscal como herramienta de desarrollo económico y tenemos que utilizarla bajando las contribuciones, impactando a través del IVU o el IVA y ampliando la base contributiva, cogiendo lo más que se pueda de la economía sumergida”, opina Ferrer.
“Lo que se necesita es que Puerto Rico crezca y si perdemos la oportunidad de usar la reforma contributiva como eje para crecimiento se nos fue el barco de nuevo”, alerta. “La tentación de futuros gobiernos será utilizar ese superávit con la misma falta de dirección de los pasado y entonces habremos gastado el último cartucho que nos quedaba. Hay que estar seguro de que el superávit se utiliza sabiamente”.
A Ferrer le preocupa las cosas que se han ido filtrando sobre la reforma contributiva. “Están diciendo que se le va dar un trato a las ganancias de capital o dividendos igual que a los salarios. Eso preocupa porque si queremos que haya inversión y no gasto consumista tenemos que incentivar que la gente invierta. Eso se hace con una tasa preferencial en las inversiones. La gente se olvida que las inversiones viene de los ahorros”.
“Políticamente es atractivo decirle a la gente que los asalariados y los inversionistas van a pagar lo mismo. Es un error y ya empezaron mal. Necesitamos tener inversión para que crezca la economía. ¿Cómo le va a poner una carga adicional a la inversión?”.
Por otro lado, cree que la reforma debe atender el problema de la emigración y buscar una manera de atraer a los jóvenes que se van. Propone otorgarles a los que regresen una tasa máxima inferior al resto de los contribuyentes por un período de 10 años.
Ocho de años de crisis económica han provocado la pérdida de más de $100,000 millones entre valor de propiedades y la pérdidas reales en acciones de bancos, bonos y fondos mutuos, estima Ferrer, pero cree que eso ha estado cambiando recientemente con la aprobación de la leyes 20 y 22, que ofrece incentivos a las empresas que se instalen en la Isla.
La llegada de inversionistas como John Paulson y Nicholas Prouty ha cambiado en algo las cosas. Ferrer asegura que como ellos, otros 386 inversionistas se han mudado a Puerto Rico, lo que está provocando escasez de viviendas de alto precio y de oficinas.
“No se habla de ellos porque ello porque ellos no quieren que se hable”, pero Ferrer afirma que en Dorado los precios de las casas ha subido “notablemente” y se está construyendo.
Por ejemplo, Paulson ha comprado los hoteles St. Regis Bahía Beach Resort, el Condado Vanderbilt, La Concha Renaissance Hotel, el American International Plaza y casi todos los solares baldíos del Condado. Al lado del American International Plaza tiene planes de construir dos torres de oficinas.
“En los últimos dos años han entrado a Puerto Rico más de $3,000 millones en dinero nuevo”, estima Ferrer. “Están pasando cosas que antes no ocurrían porque el sector privado ha dejado de ser tan tímido”.
Como ejemplo de esas cosas que estás pasando, Ferrer cuenta que pertenece a tres comité enfocados en el desarrollo económico: Puerto Rico is the Answer, que ha abogado por la aprobación de las leyes 20 y 22 y que ha reclutado a 132 personas para que sean embajadores de Puerto Rico; el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) que ofrece conectividad con empresarios latinoamericanos; y la Sociedad Económica Amigos del País, un esfuerzo de Antonio García Padilla, del que forman parte entre otros empresarios Ferrer, Richard Carrión y Guillermo Martínez.
La Sociedad Económica Amigos del País utiliza los contactos de los miembros para atraer inversionistas. El primer éxito de este último grupo fue el contrato de Lufthansa, que empieza con una conversación casual entre el presidente de Jet Blue y Carrión.
“De momento tenemos docenas de contacto trayéndonos nombres de personas con las que podemos tocar base. La respuesta ha sido excepcional. La gente no tenía idea de Puerto Rico, no estábamos en un ‘short list’. Hemos perdido 20 o 30 años de esfuerzos de mercadeo porque no nos conocen”, comentó Ferrer.
